Pegarle a Narvaja, pegarle a Colihue, o cómo destruir una empresa con casi 30 años en el mercado editorial argentino

Aurelio Benito Ramón Narvaja

En la foto, la ridícula enfermera troskosaurica Vilma Ripoll, una de las pocas personas capaces de confundir a terratenientes golpistas y reaccionarios con campesinos revolucionarios.

A los colegas, clientes, proveedores, autores y a nuestros amigos del gremio y del país.

Los conflictos de los que Colihue ha sido involuntaria protagonista, y que han atestado los foros y redes sociales de calumnias magnificadas por la impunidad que crea Internet, me obligan a dar mi versión de los hechos.

Contrariamente a lo que se ha difundido, Ediciones Colihue no tiene deudas previsionales ni tributarias; todos los empleados están, y han estado siempre, en regla y se han reconocido todos los aumentos salariales dispuestos por los convenios colectivos. Uno de los dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio que encabezaron el conflicto y a quienes hemos denunciado penal y civilmente por los graves hechos en perjuicio de mi grupo familiar y de Colihue, Sergio Ismael Ortiz, reconoció que la empresa está entre las primeras 500 (de entre las 33.000 sobre las que ejerce jurisdicción el SEC) por el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales.

En agosto de 2009 no puse reparos a la designación del delegado de la empresa, Marcelo Catenacio, como expresión de la voluntad de los empleados, alentando a todos los que me preguntaron a participar, incluido mi hijo. Pensar algo distinto sería desconocerme y cuestionar mis más elementales convicciones. Sin embargo, a los diez días de esta elección se inició un proceso desmesurado, sin motivos que lo justificaran, que sólo puede explicarse ahora, a la luz de lo sucedido, como una neta provocación. El despido “sin causa” de una empleada, de reconocida ineficiencia (quien ha percibido las indemnizaciones legales hace ya varias semanas) y muy posteriormente (luego de una conciliación obligatoria que cerró con la satisfacción de las partes), de un empleado, autor de reiteradas insolencias con la gerencia administrativa, fue la excusa para iniciar la fase más aguda de la protesta bajo la dirección del delegado y a posteriori de haberse cerrado la conciliación obligatoria por acuerdo de partes. Los despidos por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (sin causa) son atribuciones reconocidas del empleador (quien tiene a su cargo la dirección y organización del trabajo) quien debe poner a disposición del empleado certificados de trabajo e indemnización, obligaciones que se cumplieron. Aunque en otras oportunidades evité asumir ese tipo de medidas, muchas veces a contramano de toda lógica, decidí hacerlo esta vez para imponer los criterios de equidad y orden jerárquico indispensables para el trabajo. Más allá de los acuerdos alcanzados y tomando como bandera el despido ya detallado, un grupo de diez empleados decidió una huelga por tiempo indeterminado “en defensa de los trabajadores despedidos”, iniciando el 14 de diciembre un “campamento” a la entrada de la editorial.

Los reclamos que habían llevado a la primera conciliación obligatoria eran tan insustanciales que la misma se cerró, con el aval de las partes, sin reconocimiento por nuestra parte de “hechos ni de derecho”, sin retroactividad alguna, concediendo ajustes que significaron entre un 0,5% y un 3% de los salarios en unos pocos casos, ya que involucraba a los empleados con más antigüedad, los cuales cobraban básicos superiores al convenio en más de un 30%.

El grupo que siguió al delegado Catenacio es heterogéneo. A empleados sin mayor identificación con la empresa, eternamente disconformes, con una amplia foja de faltazos (alrededor de 20 faltas anuales por “inconvenientes de salud” en la mayoría de los casos), se sumaron algunas personas que gozaban de mi confianza y que tenían responsabilidad en la editorial. Me he preguntado los motivos de este rejunte. Tal vez la jornada laboral de una oficina suscite frustraciones, resentimientos, competencias que subestimé. Supongo que también agrava la cosa el lugar del gerente y dueño principal de una PyME de este país, que no puede darse el lujo de ser el rentista de los estereotipos de cierta izquierda, sino que debe convivir y trabajar junto con sus empleados en condiciones que a veces son de tensión. Nada puede sin embargo explicar los niveles de odio que todos los protagonistas del conflicto demostraron no sólo hacia mi persona, sino hacia los compañeros de trabajo que permanecieron en sus puestos (que son más de dos tercios de los que lo hacían antes del inicio del conflicto). La agresividad de esta disputa, estimulada y potenciada por la participación de la patota sindical, manejada por el sindicato tal vez más colaboracionista, que negocia con las grandes patronales pero, como alguna tiene que ganar, no duda por lo que se vio en apretar PyMEs, y luego, por el PTS y el MST de Vilma Ripoll, con su prensa de cuarta, decadentes y dispuestos a cualquier canallada. Todo un extraño maridaje entre la “puta burocracia” y la “zurda loca” según se llaman mutuamente.

Reseño sólo los momentos más álgidos del conflicto. Desde el día 14 de diciembre diez empleados (9 de Colihue y 1 de Del Sol que trabajaba en Colihue) se niegan a ingresar al trabajo en solidaridad con el despedido el 12/12/09 y, acompañados por este y por el delegado Marcelo Catenacio, realizan una suerte de campamento con carteles y entrega de volantes, reclamando la reincorporación del despedido por el art. 245 del LCT, el cese de las “vejaciones” y de la “persecución gremial” (?). Son acompañados de a ratos por algunos dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio, Capital Federal, entre los que “se destacan” Sergio Ismael Ortiz y Jorge López. El día 17 de diciembre, dado que la empresa mal que mal seguía a los tumbos trabajando, deciden cambiar el “método”. Comienza aquí el apriete destinado a rendirnos y el momento donde el conflicto adquiere dimensiones deplorables: a) por la mañana, los empleados en conflicto y su delegado habían repartido volantes, firmados por el Sindicato de Empleados de Comercio, y pegado carteles en mi casa y en las cuadras adyacentes. “Basta de vejaciones”, decían entre otras perlas y me convertían en el objeto de un “escrache” ante los vecinos, procedimiento que, en 27 años de democracia, sólo estuvo destinado a genocidas, y aun así con límites; b) a media mañana, comienzan los empleados en conflicto a pintar con pincel y sintético negro parte del frente y del edificio en que están nuestros locales (una torre de propiedad horizontal) y reparten volantes a los transeúntes. Se incrementan los bombos y demás instrumentos que superan en número a las personas. Ante el comienzo de los daños me cruzo a la Comisaría 11ª, frente a nuestro local, y efectúo la denuncia penal correspondiente, la que queda radicada en la Fiscalía Penal y Contravencional Nº12 de la C.A .B.A.; c) pasado el mediodía un grupo de 60 ó 70 individuos, ajenos por completo a la empresa e incluso al gremio, por lo que se vio, llegan con bombos y carteles del SEC-Capital, “con los dirigentes a la cabeza” Sergio I. Ortiz y J. López y se mezclan en dulce comunión con los empleados en conflicto que los reciben alborozados. Me agreden a mi y a la escribana que había convocado al notar el cariz de los acontecimientos para dejar constancia de los hechos (el dirigente sindical Sergio Ismael Ortiz me puteó, pegado a mi oreja, mientras los otros me rodeaban y pateaban), pintaron la calle, la vereda, el frente del edificio y de la empresa: “Narvaja negrero, hijo de puta, matón”; “No sos progre, no sos monto, sos repatrón”, etc. Junto a estas pintadas dejaron las suyas propias, la marca de su procedencia de alquiler: “Aguante Merlo”, “Merlo Norte” y el escudito de Deportivo Merlo. Tal como quedó documentado en el noticiero de Crónica TV, convocado por los empleados en conflicto, que es prueba contundente de los sucesos de ese día, la horda de manifestantes se colgó de la cortina metálica del local y pretendió entrar a la empresa (no pudo hacerlo porque un candado de la cortina, sujeto al piso, resistió) donde el resto del personal, la mayoría, permanecía dentro, angustiado. La cortina quedó destruida y todo el frente dañado por lo que hemos debido pagar los gastos al consorcio. A partir de esos acontecimientos di impulso a las actuaciones penales correspondientes y fueron despedidos con causa (art. 242 LCT, injurias graves) el 21/12/09 los 10 empleados involucrados (se exceptúa al delegado que goza de fueros especiales y respecto del cual tramitaremos el desafuero ampliamente “merecido”). La protesta recrudeció (impidiéndonos trabajar con normalidad en las Fiestas, obstaculizando el servicio de novedades, etc.), las injurias se multiplicaron favorecidas por Facebook, por los comunicados del delegado, los “testimonios” mentirosos de los participantes, y por sitios que aprovecharon mi militancia en Carta Abierta para “demostrar” las supuestas “paradojas del poder” y la “doble moral” de los que llaman “intelectuales oficialistas”. Esta fue, desde el inicio, desde los primeros volantes, la línea argumentativa: destruirme por la supuesta contradicción entre las ideas que defiendo y mi supuesto carácter de negrero, explotador, etc. En esto no se diferenciaba el sindicato y la izquierda del PTS, MST, etc. que les hicieron la posta, todo con el acompañamiento y el alborozo de los ya ex empleados. Clarín lo sintetizó titulando: “Las dos caras de un empresario K”.

El martes 29/12/2009, los ex empleados hicieron la pantomima de encadenarse a la cortina metálica de la editorial. En realidad se cruzaron una cadena por el pecho y se apoyaron contra ésta, tal vez por temor a que “el ogro” prendiera el motor eléctrico de la misma y los dejara colgados del marco. Lo hicieron con la cariñosa colaboración de miembros del sindicato, los infaltables Ortiz y López entre ellos, y militantes de la izquierda. Cuando los empleados de la editorial intentaron sacar el reparto por la puerta del depósito, que se utiliza como puerta de emergencia, esto fue impedido lo que motivó una nueva intervención de la policía a pedido de la empresa y una nueva denuncia radicada también en la Fiscalía N º12 por violación al art. 57 del Código Contravencional.

La conciliación obligatoria, dictada a última hora del 30 de diciembre por el Ministerio de Trabajo sin nuestra participación, porque se nos citó en forma ilegal como denunciamos (fuimos notificados formalmente recién el 8 de enero de 2010), implicaba retrotraer la situación al inicio del conflicto y por lo tanto permitir el ingreso de los ex empleados que habían llegado a niveles de violencia inusitada. Tal situación era resistida por mí y por los mismos empleados de la empresa que habían sido objeto de distintas agresiones por parte de sus ex compañeros. Por lo demás, la empresa había denunciado a los dirigentes y al sindicato, había presentado las copias y evidencias que habilitaban la denuncia penal, todo esto ante el Ministerio de Trabajo, por lo que la conciliación obligatoria no procedía debido a la gravedad de los hechos delictivos que configuraban una auténtica “coacción extorsiva”. La empresa abonó a los despedidos los sueldos, aguinaldos, vacaciones, etc. y entregó los correspondientes certificados laborales. El cierre por vacaciones de la editorial, notificado noventa días antes al personal, obligó a un impasse que tornó abstracta la cuestión de la reincorporación, y entonces las injurias y provocaciones continuaron vía Internet.

El día 25 de enero de 2010, fecha de reapertura de la empresa y comienzo de los últimos cinco días de una extensión final de la conciliación obligatoria, manifiestamente ilegal porque la ley sólo la permite cuando las partes están próximas a un acuerdo, decidida contra nuestra protesta expresada en recursos administrativos, fuimos literalmente golpeados y empujados yo y mi hijo que me acompañaba. Nos agarraron de cuello y piernas dos personas que lograron colarse mientras desactivaba la alarma y una especie de “scrum” de militantes del MST y despedidos dio como resultado que siete ex empleados entraran por la fuerza en el local y se instalaran en él, luego de habernos golpeado y herido, lo que dio lugar a una nueva denuncia por lesiones (constatadas por la División de Medicina Legal de la Policía Federal ) y usurpación. Esto ocurrió mientras una desbocada Vilma Ripoll vociferaba junto a un grupo de militantes del MST de Filosofía y Letras en la puerta de la editorial, con agravios que incluyeron afirmaciones de tipo sexual a empleados y empleadas que ingresaban a trabajar. Frente a la ocupación de la empresa, luego de la denuncia en sede policial, solicité la intervención de la Fiscalía N º 4 que dispuso la custodia policial; la misma debía impedir el ingreso de personas ajenas a la editorial y, en caso de que los ocupantes decidieran salir, no dejarlos reingresar. Durante esa semana tórrida, dormí junto con mi hijo Fabián sobre cajas, compartiendo la estancia con los ocupantes que multiplicaron sus provocaciones. Es increíble la degradación periodística del diario La Nación (soy lector desde hace años) que inicia su artículo del viernes 29/01/10, que firma Marcelo Veneranda, “El jefe se pasea en calzoncillos por la editorial...”, sin aclarar que fui empujado, golpeado y herido a la mañana, que estuve obligado a quedarme en el local junto a mi hijo y los siete usurpadores con la ropa que tenía y que en una noche de calor intenso me levanté, sí, a orinar en calzoncillos al baño que está en los fondos del local, lejos de la vista del policía que se encontraba en el hall de entrada y de la única ocupante mujer, que se encontraba inmediatamente después. La escena fue tomada aproximadamente a las 4:00 de la madrugada del martes 26/01/10, repito, en la editorial que dirijo y que estaba ocupada. Tanta es la pobreza de la nota y tanto le gustó lo de mis calzoncillos a Veneranda que en el cierre volvió a mencionarlo. Debería darle vergüenza. ¿Estará para el Pulitzer? Para tranquilidad de los directores periodísticos de La Nación que con tanta probidad han cubierto El Proceso, La Guerra de Malvinas, el Menemismo, el Megacanje, el Blindaje, etc., mi mujer me hizo llegar ese mismo martes una bermuda para “el noni” y mis calzoncillos a pintas perdieron protagonismo. En horas del día el resto de los empleados procuraba cumplir su jornada de trabajo, pese a las presiones de adentro y de afuera. El día viernes 29, frente a la orden de desalojo dispuesta por la Fiscalía que la policía se disponía a ejecutar, los ocupantes decidieron, ante la intimación última del Subcomisario a cargo del operativo, abandonar la editorial. Lo hicieron en el peor contexto, con las manos vacías, pero roñosas de tanta mugre desparramada. En años de militante político (de los que jamás hice ostentación, pese a lo que dice La Nación ) nunca he oído los agravios de la más baja calaña que los despedidos y los “chicos” del MST, a caballo de su impotencia, propinaron a los empleados/as, sobre todo a las mujeres a quienes les dijeron las peores cosas, arrojándoles incluso preservativos, gel íntimo, etc. Me cuesta creer cómo se puede cruzar ese límite, cómo se puede reclamar la “unidad de los trabajadores”, cómo se puede hablar en nombre de grandes revolucionarios humanistas y actuar así. En el volante en el que convocaron a la solidaridad del barrio y de las agrupaciones políticas acusaban a la empresa de pagar con retraso los salarios y de falta de aportes previsionales, ambas acusaciones, las únicas de carácter “laboral” que se atrevieron a esgrimir, falsas de toda falsedad. Ni una sola prueba podrían presentar al respecto.

Catenacio, el delegado, ha hecho circular (y un medio como La Nación lo ha divulgado con placer y sin ningún tipo de investigación) rumores sobre el aumento de mi patrimonio y mis “contratos” con el Ministerio de Educación. No es nuevo ese recurso que también se utiliza para ensuciar al gobierno nacional. Resulta paradójico que tanto La Nación como los panfletos del MST se citen mutuamente para atacar los negociados del empresario kirchnerista, cartaabiertista, promotor de la piquetera Milagro Sala, y déspota explotador de los trabajadores. Quienes pertenecen al gremio saben que tener una “cadenita de librerías”, con locales alquilados, no es señal de prosperidad hoy día. Ojalá fuera cierto, aunque sea en parte, lo del incremento de mi patrimonio que, por otra parte, está peso a peso detallado en mis declaraciones juradas ante la AFIP ; en cuanto al Ministerio de Educación, sí me ha comprado títulos, como a la mayoría de las editoriales que publican en el país, a través de licitaciones públicas o compras directas, repito, igual que a todas las editoriales. También lo ha hecho durante los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde, con quienes es notorio que no tuve mayores afinidades, a través de concursos nacionales y provinciales, mucho más importantes que las de ahora (por entonces teníamos una participación más significativa en el mercado de los textos que hoy controlan los grandes grupos editoriales). El actual gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el que no comulgo políticamente, también nos compra, como a otras editoriales. Colihue tiene sin duda un fondo lo suficientemente amplio y consolidado que nos exime de cualquier aclaración al respecto (el periodismo serio que se dedique a investigar podría dar cuenta de ello fácilmente ya que las compras a todas las editoriales se publican en el Boletín Oficial). Jamás he usado mis contactos para obtener beneficios individuales o empresariales. Creo que las convicciones no tienen que ver con la obtención de prerrogativas, que lo político debe ser ajeno a las ambiciones de los particulares. En el actual conflicto, les pedí especialmente a mis amigos y compañeros, que quisieron interceder, que no lo hicieran; también lo hice con quienes se ofrecieron a venir a desalojar a los ocupantes y/o a los que hostigaban desde la puerta. La violencia fue toda de ellos, de los ocupantes, de mis ex empleados, del SEC, del MST, etc.

Desde los comienzos del conflicto sobrevoló las asambleas y los comentarios en boca de los ahora ex empleados y sus aliados sindicales y políticos, la idea de una cooperativa de trabajadores que nos desplazase en el control y propiedad de la empresa. El día que finalizó la ocupación, eso se siguió voceando como una amenaza. La editorial no tiene deudas laborales, comerciales, fiscales ni previsionales, fuera de las corrientes, por lo que la concreción de tal fantasía implicaría la derogación del Código Civil y de todo derecho existente. Pese a eso, algunos perdieron su trabajo detrás de esta “audacia”, que sólo es discutible en caso de quiebra y/o vaciamiento empresario, alentados por algunos “vivos” que, a izquierda y derecha, se tiraron el lance de quedarse con una empresa en funcionamiento.

Descubrí por último, gracias a este conflicto, la lógica que lleva a que en muchas ocasiones se incite a los trabajadores a formas de lucha que inevitablemente los dejan sin trabajo. Es muy simple: hay organizaciones y dirigentes que se financian con la participación en los honorarios de los juicios por despidos. Si éstos no se producen, no hay honorarios a repartir. Por eso es que la auténtica pelea ahora es por ver quién se queda con los eventuales honorarios de los posibles juicios. Barrionuevo lo había anticipado... Lo dicho no quiere decir que los ex empleados despedidos sean inocentes, “...todos somos responsables de lo que los demás han hecho de nosotros...” (J. P. Sartre)

No dispongo ni del tiempo ni de los recursos para silenciar las múltiples calumnias que proliferan. Necesito, en cambio, orientar la escasa energía que me ha dejado este complicado proceso en levantar la editorial (esta vez no por causas económicas, como en el 2001), cuyo prestigio ha sido fuertemente afectado por estas provocaciones (un “periodista” de un sitio de Internet incita, en una entrevista con Catenacio, al público a no comprar libros de Colihue para castigarme, para castigar este supuesto triunfo del poder y de mis “influencias”, ¿me castigan a mí o a una empresa que por años ha dado empleo digno a sus trabajadores, oportunidades a autores argentinos y buenos libros a sus lectores?, ¿de qué influencias me he valido si no me han ahorrado humillaciones, destrozos, perjuicios materiales y morales, apoyados en el accionar del sindicato, de algunas agrupaciones de izquierda, en las cuestionables decisiones del Ministerio de Trabajo y en la mirada complaciente -en el momento de los destrozos-, de la Policía Federal ?). Necesito también preservar la confianza de mis clientes, autores, proveedores, lectores y amigos, muchos de los cuales me han dado emocionantes muestras de respaldo.

Lamento profundamente la absoluta ausencia, en este apoyo, de las instituciones del sector (y de los dirigentes de las mismas): asociaciones de libreros, de editores (CAL, CAP) e incluso de la que nos reúne a todos, la Fundación El Libro. No recibí de ellos ni un mínimo llamado personal. Me es particularmente doloroso el silencio de la Cámara Argentina del Libro (CAL), de la que soy, podría decirse, socio vitalicio, de la que fui consejero en varios períodos, compartiendo responsabilidades con muchos de los actuales dirigentes. Parece que mi condición de participante en Carta Abierta, de simpatizante convencido de las mejores políticas del gobierno nacional, legitiman a sus ojos las agresiones de todo tipo que recibí. En contraste, como queda dicho, la solidaridad que nos expresaron ex empleados, libreros, editores amigos, corredores y empleados de diversas editoriales, etc.

Ediciones Colihue, una editorial argentina que se ha ganado un lugar en la cultura del país a través de casi 30 años de trabajo constante, sus empleados que la han defendido y que confían en ella para mantener a sus familias, requieren de todo nuestro esfuerzo para superar esta deplorable experiencia.

Lamentablemente, una parte de ese esfuerzo estoy obligado a dedicarlo a reclamar penal y civilmente a los autores de las calumnias, injurias y daños, sean estos, grandes medios, cobardes sitios de Internet, supuestos periodistas e incluso ex empleados. Lo siento como una obligación insoslayable.

Quedo a disposición de quien desee solicitarme alguna explicación o aclaración adicional

Aurelio Benito Ramón Narvaja

Director Gerente de

Ediciones Colihue s.r.l.