Versión PRO de la letra escarlata.

(Gustavo Rosa)

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Después de mes y medio del inicio oficial del año parlamentario, la cámara de Diputados quedó habilitada para comenzar con su labor, aunque con tropiezos. Raro, porque los exponentes del oficialismo cuestionan los vaivenes republicanos de Venezuela y acá vulneran las instituciones a cada paso. La primera iniciativa fue una declaración a favor de la feroz oposición al chavismo, que fracasó por falta de adhesión. En venganza, los Amarillos ni siquiera dieron quórum a la propuesta del FPV de intimar al Ejecutivo a que cumpla con la ley de Financiamiento Educativo y convoque a la paritaria docente nacional. Tampoco la gratuidad de la energía para los electrodependientes encontró a nuestros representantes mirando para el mismo lado. De haber salido, quizá el empresidente Macri habría recurrido al veto, como es su costumbre cuando una ley impulsa al Estado a proteger a los más vulnerables. Así ocurrió con la doble jubilación mínima para los ex combatientes de Malvinas, la emergencia ocupacional y la expropiación del Hotel Bauen, entre otros casos. Si alguien todavía duda para quienes gobiernan los ceócratas, es porque integra el grupo de los selectos beneficiados o la venda ya se integró a su sistema sensorial.

Lo segundo afecta todavía a muchos conciudadanos, esos que afirman no estar ni de un lado ni del otro, pero siempre aferrados a que los K se llevaron todo y Macri recibió un país fundido; que lloran hasta la deshidratación ante la foto de un hambriento africano pero babean su veneno por los planes a los negros vagos; los que incorporan emoticones con lagrimitas a las imágenes de migrantes en Europa pero piden la expulsión de los que vienen de Bolivia o Paraguay; los que todos los días alimentan con patrañas inverosímiles sus prejuicios añejos y no pierden la esperanza de que en medio de tanta oscuridad comience a asomar la luz al final del túnel. Esos que en Semana Santa se conmueven con la Pasión de Cristo pero no ven la hora de que entre en acción el arsenal anti piquetes de Patricia Bullrich. Esos que, de tanto confundir los lados, siempre estacionan en el peor.

Aunque parezca muy claro, resulta necesario decirlo: esa mirada tan estrábica es producto del licuado mediático que consumen. Con falacias, titulares amañados y versiones malintencionadas es difícil construir un pensamiento razonable. El episodio de López surgió como la confirmación de una sospecha, pero nadie se pregunta por las torpezas del protagonista ni por el silencio de la causa. Marijuán volvió con las manos vacías de sus excavaciones patagónicas pero muchos creen que con eso basta para sentenciar a Báez. Aunque Sandra Arroyo Salgado apunta a Diego Lagomarsino por la muerte de Nisman, los que no están ni de un lado ni del otro aseguran que lo mató Cristina y ni siquiera sueñan con la posibilidad de un suicidio, a pesar de las pericias. Así, un diálogo se convierte en un peloteo de sinsentidos y cualquier intento de explicación naufraga en medio del griterío. Y uno queda desairado, tildado de fanático, de choriplanero o cosas peores.

Una locura discursiva

Así se construye sentido común en estos días, con fragmentos, imágenes, impresiones pero sin ideas. La tele simula preocupación, pero sólo explota una tendencia. En lugar de esclarecer, mezcla la paja con el trigo y aporta un nivel que empequeñece al usuario. Lo que presenta como debate es una competencia de gritos. Las entrevistas se convierten en escenas teatrales que convalidan cualquier falacia. El objetivo es retornar al statu quo que comenzábamos a abandonar: la primacía del mercado, la exaltación del individuo, la desigualdad como costumbre. Y grabar a fuego en el espectador que todo lo que nos pasa es culpa de la corrupción política y no de la avaricia empresarial.

Al espectador distraído le cuesta escapar de una lógica impuesta a fuerza de un enloquecedor zapping que busca instalar una normalidad perversa: los ricos tienen que ser más ricos para que los pobres sean menos pobres; un Estado que se piensa ajeno a la Economía pero que interviene sin dudar cuando los principales empresarios reclaman bajas impositivas y reducción de los salarios; un modelo del derrame que no suelta ni una gota porque quienes gobiernan ni se preocupan por eso. Y como moño de este paquete, un entramado de Justicia que sólo es independiente cuando cajonea las oscuridades de los propios y eterniza las sospechas sobre los ajenos.

Aunque la investigación internacional sobre los Panamá Papers recibió el premio Pulitzer, las empresas off shore en las que encontraron a Macri no obtuvo en nuestro país la repercusión esperada. Los fiscales mediáticos y políticos minimizaron el escándalo y, a diferencia de otros casos, susurraron prudentes generalidades a la espera de una resolución judicial. Después de casi un año de desorientada indagación, con organismos oficiales que bloquearon toda posibilidad de esclarecimiento y ante el temor a la reprimenda amarilla, el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente. La tele suspira aliviada y le ordena al espectador que dé el caso por cerrado. Si tener empresas fantasmas en paraísos fiscales sin declarar sugiere la posibilidad de evasión impositiva, omisión maliciosa o lavado de dinero, la esperanza del manso vecino no debe verse afectada.

En cambio, sí debe mantener vivas las sospechas sobre los K, aunque no tengan cuentas en el extranjero y todos sus bienes coincidan con los que figuran en las declaraciones juradas, hartamente verificadas. Aunque las pericias no hayan encontrado irregularidades en la asignación y ejecución de la obra pública en Santa Cruz y las operaciones de las empresas Los Sauces y Hotesur estén debidamente bancarizadas, la familia Kirchner encabezó una asociación ilícita durante doce años de gobierno. Aunque vender dólar a futuro no benefició a ninguno de los que tomaron la decisión, todos están procesados por perjudicar al Estado y eso que los que devaluaron y ganaron fortunas son los funcionarios del actual gobierno, inmaculados con fórceps por un puñado de jueces cómplices. Aunque el memorándum con Irán no entró en vigencia y tenía intenciones de interrogar a los sospechosos por el atentado a la sede de la AMIA fuera del país, como ya se había hecho en otras ocasiones, Cristina y sus secuaces están acusados por traición a la patria, una figura constitucional que sólo puede aplicarse durante un conflicto bélico. No importa la incoherencia de las conclusiones; lo esencial es que el televidente memorice una frase macabra: “algo habrán hecho”.

Una condena infundada que se extiende a todos los que extrañan lo anterior o comienzan a extrañarlo. Una mancha venenosa que salpica a los que empiezan a sobrar en la Argentina PRO. Ser K o parecerlo puede ser una etiqueta peligrosa en una gerencia dispuesta a amoldar el país a los intereses de un establishment corrupto y angurriento. Como la letra escarlata que se imponía a las mujeres adúlteras en las sociedades puritanas, la K es el sello que habilita insultos, desprecio y hasta persecución. Romper semejante engendro discursivo es una tarea diaria a la que nos tenemos que dedicar para que las pesadillas del pasado no vuelvan a convertirse en un sangriento presente.