PICADA DE NOTICIAS. (XLIX).

Hernán Andrés Kruse

Oscar “El Milico” Aguad, ministro de Comunicaciones”, es una de las caras visibles del gobierno que ha salido a defender al presidente de la nación a raíz del escándalo provocado por la decisión presidencial de perdonar la deuda que su señor padre tenía con el Estado desde que Menem le obsequió el Correo Argentino durante su segunda presidencia. Lo primero que dijo fue que no había ninguna quita en el acuerdo que su ministerio firmó con el señor padre del presidente por la deuda del Correo Argentino. Más tarde hizo una afirmación que es un insulto incalificable a nuestra inteligencia: “estamos hablando de un deudor sin recursos económicos”. Dijo esa barbaridad para justificar la aceptación de que el clan Macri pague únicamente el 1,2 por ciento de la deuda. Desde que se conoció este “affaire” el gobierno de Cambiemos no hace más que sumar críticas y denuncias penales. Sin embargo, Aguad permanece inmutable: “es un problema y lo tenemos que resolver. No estoy dispuesto a cajonear el expediente”, aseguró en una entrevista radial. “El milico” se preguntó “cuál es la alternativa para defender el patrimonio del Estado, que sea diferente a lo que estamos haciendo”. También presionó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para que apruebe el acuerdo: “si no se homologa, entonces se va a perder. Es poco lo que se ha acordado, pero era lo único que se podía recuperar”. Dijo sin ruborizarse que no había tocado el asunto con Mauricio Macri ni con el jefe de Gabinete antes de dar el visto bueno al acuerdo que beneficia a los Macri. “Esta es una decisión que tomamos en el Ministerio de Comunicaciones. Nunca hablé con el Presidente de este tema”, aseguró el funcionario. Difícil creerle ya que si hay algo que caracteriza a Cambiemos es la subordinación estricta de los ministros al Poder Ejecutivo. Por último, y como no podía ser de otra forma, apuntó contra el kirchnerismo: “hay un perjuicio al Estado y está hecho pero la quita se hizo durante el gobierno kirchnerista porque la devaluación del dinero es la verdadera quita. Nosotros hemos tratado de cobrar lo que quedaba” (“Como si fueran pobres indigentes”, Página/12, 11/2/017). La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, presentó el viernes 10 un nuevo escrito ante la Sala B de dicho tribunal en el que acusa al clan Macri, “46 días después de haber obtenido la conformidad del acreedor Estado Nacional” a la propuesta de cancelación de su propia deuda, de “ampliar o ajustar” la demanda iniciada por el propio clan contra el Estado 60 días antes por una suma, al año 2009, de 1795 millones de pesos, más un “adicional” de 570 millones, reclamando “intereses al 11 por ciento anual” (cuatro puntos a su favor por sobre el interés que había pactado en la deuda a favor del Estado). En su dictamen la fiscal sostiene que “la concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal, al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”. Y agrega: “su posición en este expediente convierte más abusiva aun la propuesta formulada por el Estado Nacional, pues mientras ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago”. Fue el ex presidente Carlos Menem quien hizo entrega, en 1997, del Correo Argentino a la familia Macri. En 2001 la empresa Sideco Argentina (Macri) decidió presentar la convocatoria de acreedores con una deuda de 900 millones de pesos-dólares. En noviembre de 2003, ya con Néstor Kirchner en la presidencia, se produjo la rescisión del contrato con Socma heredando el Estado nacional (todos nosotros) el 32,65 por ciento de esa deuda (que incluía 296 millones de pesos-dólares por incumplimiento en el pago del canon). Según el acuerdo, Socma (Macri) estaba obligada a pagar cada seis meses 51 millones de pesos. Como sólo pagó hasta marzo de 2000 el gobierno decidió en ese momento iniciar la causa contra el clan Macri. Esta semana la opinión pública tuvo conocimiento del acuerdo alcanzado por los abogados del Ministerio que comanda el “Milico Aguad” con el holding de la familia del presidente de la nación por el Correo, para así saldar la deuda en 15 cuotas anuales (de 2018 a 2033) con un interés del 7 por ciento y únicamente sobre el capital (asciende, pues, a 600 millones de pesos). Según la fiscal, se estaba en presencia de una quita de deuda del 98,2 por ciento porque no se aplicaba el interés, con lo cual se generaba un daño al Estado nacional (todos nosotros) de más de 4.227 millones de pesos. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración General, al proyectar dicho perjuicio a 2033, estiró la cifra hasta los 70.163 millones de pesos. La fiscal Boquín recordó en dictamen que dos semanas antes del acuerdo (13 de junio de 2016), el Correo, es decir Franco Macri, decidió presentar una demanda contre el Estado (todos nosotros) por daños y perjuicios por la falta de pago de supuestas inversiones. El 12 de agosto el clan decidió ampliar (ajustar) la demanda por las sumas de 1795 millones de pesos (al valor de 2009) más la suma de 570 millones de pesos, reclamando al mismo tiempo intereses al 11 por ciento anual desde la fecha señalada en la presentación. “Todo ello”, destaca la fiscal, “sin perjuicio de que no renunciaba ni desistía de derechos o procesos judiciales”. Estamos hablando de miles de millones de pesos que nos pertenecen. En el escrito presentado ese día (12 de agosto), el Grupo Macri dice que esta demanda “no puede ni debe ser interpretada como una retracción o cambio de términos de la propuesta de acuerdo aceptada por el Estado Nacional en junio”, ya que la misma jamás implicó “desistimiento de ningún planteo judicial”. Según la fiscal, “la concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción (que importa un crédito en expectativa) mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”. Luego de ratificar la conducta abusiva del clan Macri, recuerda que el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras alude a “suspensión y no interrupción o condonación” de los intereses, que se aplican sobre el capital acordado. La fiscal sostiene que la empresa en ningún momento informó en la causa acerca de la demanda por daños y perjuicios. De ahí que considere que actuó con mala fe. Afirmó que “su posición en este expediente contencioso administrativo, convierte en más abusivo aun la propuesta formulada al Estado nacional pues mientras ofrece pagar a partir de 2018 (plazo estimado de pago si la homologación se produjese en el año en curso) un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta 2009 más los intereses correspondientes (sin determinar tasa) hasta el efectivo pago”. La fiscal alerta al final de su escrito acerca de la posibilidad de que recurra a la Corte Suprema en caso de dictarse “una sentencia contraria a lo dictaminado por esta Fiscalía y que lesione el derecho de propiedad de los acreedores” (fuente: Cristian Carrillo, “Pagar en una ventana para cobrar por otra”, Página/12, 11/2/017). El establishment mediático-judicial-político está sintiendo el impacto de este escándalo. Prueba de ello lo constituye el artículo publicado por Claudio Jackelin en La Nación el sábado 11 y que se titula “La paradoja impensable del correo y el machismo”. Dice Jackelin: “La política es capaz de paradojas impensables. Si no que lo digan los paladines de la comunicación del siglo XXI hoy en problemas por herramientas del siglo XIX. El macrismo se jacta de ser el espacio político que mejor comprendió el cambio cultural provocado por la tecnología. Nunca se cansa de repetir que el uso de las redes sociales fue clave para llevar a Mauricio Macri a la presidencia y disfrutan de relativizar la importancia que tienen los medios tradicionales. Pero, ironías de la vida, es el correo, ese antiquisímo medio con el que la gente se comunicaba hace cientos de años y hasta el siglo pasado el que ahora complica a Macri. Para peor, la publicación del polémico acuerdo entre el Gobierno y la empresa familiar del Presidente, que administraba el Correo, en los devaluados diarios y la difusión en las viejas radios y TV, fue lo que hizo que el tema se convirtiera en tendencia en las redes. Como en los Panamá Papers y los giros de dinero a cuentas del jefe de la AFI, cada vez que se trata de negocios personales, la comunicación de Pro llega tarde”. En su edición del 11 de febrero, Página/ 12 publicó un artículo de Luis Bruschtein titulado “Choreos y negocios”, en el que evidencia hasta qué punto el gobierno de Macri se maneja como una gigantesca corporación que sólo funciona para satisfacer sus propios intereses. Dice Bruschtein: “Ante una sociedad que todavía no acierta a confrontar ni a digerir, aceptar o rechazar activamente este fenómeno, la administración de Mauricio Macri terminó de desnudarse, demostrarse crudamente como una gran corporación que se gobierna en función de los negocios propios. Entiende el bien común-del que se deberían ocupar los gobiernos democráticos-a partir del negocio propio, como lo haría una empresa. Hace mucho que los empresarios dejaron de discutir como en otras épocas la “función social” que les correspondía, porque entienden que esa función es una extensión mecánica del resultado de sus negocios” (…) “Sólo en su primer año, muchas decisiones del gobierno de Cambiemos favorecieron a la megafortuna de la familia Macri. Apenas asumió, en febrero de 2016, anunció que por decreto el Estado entregará 45 mil millones de pesos a las empresas del grupo Macri, encabezadas por su primo Calcaterra. Habían ganado la licitación para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento con la obligación de conseguir el financiamiento de la obra. Como nunca lo consiguieron, la obra no empezaba. Macri cortó por lo menos sano, puso plata del Estado y mantuvo el resultado de la licitación a favor del grupo Macri. Y después el gobierno de Macri autorizó al primo de Macri, Calcaterra, a comprar un banco con dos sedes, una en Buenos Aires y otra en un paraíso fiscal donde irá a parar el dinero que provenga del soterramiento del Sarmiento y otras obras públicas. Otra vez sorprendió con el descaro cuando eliminó por decreto la cláusula que impedía entrar al blanqueo a familiares de los funcionarios, o sea a sus familiares, dueños de sus empresas” (…) “Y el escándalo de coronación: condonó la deuda multimillonaria de su padre por el correo. Macri no es la excepción. Las medidas del gobierno han favorecido a las empresas de muchos de sus funcionarios y dirigentes del PRO. Por lo menos, tienen denuncias Federico Pinedo por haber intentado favorecer a través de un proyecto de ley de telecomunicaciones a la empresa satelital TESAM S.A. que fundó en 1996 junto a José Antonio Sánchez Elía, el referente del PRO en temas de comunicación. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, está investigado por la compra de gas a Chile, de la empresa Shell, de la cual fue CEO principal en Argentina” (…) “En todos los casos, la reacción oficial es casi infantil. Como si no tuviera la obligación de hacer un descargo documentado. El problema es que ya no son una empresa y todos sus actos son esencialmente públicos. Si el Grupo Macri tiene casi cincuenta empresas y cuentas offshore, de las que se usan para lavar dinero, ya no es un tema privado, es de interés público” (…) “La sociedad, donde se verifican reacciones cada vez más virulentas contra las tarifas y los despidos, asiste a este fenómeno con perplejidad. El sector que votó a Macri, que parecía tan sensibilizado por las denuncias de corrupción, pone en evidencia que en realidad la corrupción no era lo que le importaba, sino que la usaba de excusa para tapar la inquietud por otros fenómenos, entre ellos la fuerte movilidad social que se había generado durante los gobiernos kirchneristas. Ese mismo público que reaccionó con tanta furia contra el gobierno anterior, permanece inmutable ante los hechos de corrupción de esta gestión de Cambiemos” (…). “El bombardeo sistemático de denuncias que descargaba la corporación mediática durante los gobiernos anteriores creó un estado de paranoia en gran parte de la sociedad que impedía diferenciar lo real de lo inventado, con lo cual, la mayoría de esas denuncias ahora tienen problemas para ser probadas en terreno judicial, aún cuando los jueces y fiscales que intervienen son abiertamente oficialistas y se esfuerzan por hacerlo. El formato es parecido en casi todas: toman una decisión del gobierno anterior y aseguran que además de lo público hubo trasiegos clandestinos, en la oscuridad, que es necesario investigar. Un sector de la sociedad identifica a la corrupción exclusivamente con esas denuncias de hechos que supuestamente se produjeron en la oscuridad, lejos de la vista, como una conspiración oculta. Los hechos de corrupción en el gobierno de Cambiemos son totalmente diferentes: no han sido denunciados por la oposición ni por los servicios de inteligencia ni por los pocos medios que no son oficialistas. En algunos casos, como el de los Panamá Papers, o el que involucra al jefe de los espías, Gustavo Arribas, surgieron de investigaciones internacionales que ni siquiera estaban interesadas por las repercusiones en Argentina” (…) “Son actos de corrupción a la vista, no en la clandestinidad. Ni siquiera hay que investigar algo oscuro. Se trata de funcionarios que toman decisiones que favorecen a sus negocios, empezando por el presidente. En las redes sociales se invirtieron los roles. Los macristas, que hasta hace un año llenaban sus páginas con denuncias indignadas, insultos y proclamas flamígeras, ahora ponen globitos de colores, perros y gatitos o hacen comentarios sobre el fútbol. Hay un cambio allí. Son muy pocos los que apoyan a Macri, y ahora intentan defenderlo de las denuncias de corrupción. Directamente hacen mutis por el foro. La corrupción fue para este sector un tema para diferenciarse desde la nube que administra el rayo. No se trata de un tema que le preocupe realmente. De hecho, sirvió también para disfrazar la inquietud temerosa que producía en ellos la movilidad social, como sucedió siempre con los gobiernos peronistas. Son las páginas de los kirchneristas las que ahora están llenas de desprecio e indignación por la corrupción del gobierno de Macri. Sin embargo esa indignación no se ha volcado a las calles” (…) “Si bien los hechos de corrupción no provocaron movilizaciones, han producido un fuerte deterioro en el gobierno. Por primera vez el impacto sobrepasó el muro de protección de los medios corporativos. Y ya hubo reuniones en el más alto nivel de Cambiemos y entre funcionarios judiciales para volver a poner a Cristina Kirchner en el centro de la escena con alguna de las causas en su contra. Pero el gobierno ha perdido mucha de la legitimidad que devino de su triunfo electoral. Y en su caída arrastra la legitimidad de la justicia, irresponsablemente abroquelada a la del oficialismo”.

En su edición del domingo 12 de febrero Página/12 publicó una entrevista que Miguel Jorquera le hizo al ex jefe de la AFI y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli. Dijo el ex funcionario de Cristina: “Hay una triple e infame alianza, de sectores mediáticos monopólicos-Clarín, La Nación, Infobae-, del Poder Judicial-con jueces como Bonadío y Lijo y fiscales como Ercolini-y los organismos madre de inteligencia, todo esto monitoreado por el Presidente y la mirada celosa del ministro Garavano haciendo un seguimiento de las causas y acciones”. Afirma enfáticamente que los carpetazos han vuelto: “Sí, los carpetazos han vuelto. Nosotros sacamos a Stiuso y su gente de la SIDE y ese mecanismo perverso que tenía de hacer espionaje político y además cambiamos la ley, comenzamos a transparentar los mecanismos de los fondos reservados, establecimos límites a las facultades de realizar inteligencia. Todo eso fue borrado por un decreto de Mari y volvimos a ese mecanismo anterior, donde los servicios de inteligencia solo han servido para el espionaje político” (…) “Esos famosos grupos de tareas que en la década del ´70 se armaban entre los organismos de inteligencia, medios de comunicación, sectores de las fuerzas armadas y la policía. En aquellos casos te secuestraban, te mataban, te hacían desaparecer. Hoy no hacen eso pero el mecanismo es el mismo: esta alianza tiene como objetivo procesar a los dirigentes políticos, atemorizarlos para eventualmente encarcelarlos y desprestigiarlos y deslegitimarlos ante la sociedad. A la primera que se lo hicieron fue a la ex presidente Cristina Kirchner, ahora conmigo y con muchos más” (…) “Lo hicieron con Angelici que es un hombre de ellos, pero parece que hay negocios cruzados y en el fútbol Angelici no está de acuerdo con Clarín y el diario le saca esto. Es un mensaje mafioso sin duda. Pareciera que este delito se puede cometer y los jueces y fiscales miran para otro lado”. Parrilli considera que las grabaciones son legales pero ilegítimas: “Son responsabilidad de Lorenzetti, Irurzún, Rodríguez Ponte, encargados del organismo de captación que dependen de la Corte Suprema; del juez Lijo o el fiscal Marijuan que las tenía en la causa; o de Arribas o Majdalani que las hicieron desde la AFI. Si Lijo y Lorenzetti no son autores, son encubridores o cómplices”. Parrilli reconoció no confiar en la Corte Suprema: “Acá no están investigando, solo le pidieron a Lijo y a la AFI que cuenten qué hicieron. Quiero una investigación independiente y seria. Ese expediente venía hasta marzo siguiendo la pista que supuestamente Berni no había ordenado detener a Pérez Corradi. De golpe y porrazo, 86 días después aparece un pedido de la AFI para que intervengan mi teléfono y la justicia lo interviene con dos prórrogas. La ley dice 30/60 días, y lo intervinieron 90 días y sin ningún motivo, Pérez Corradi ya estaba preso” (…) “Hicieron ellos un sumario en el que dicen que había un informe que yo había ocultado. Absolutamente mentira. Con fecha 13 de noviembre, yo lo habré tenido en mis manos el 18, hay un informe sobre el Facebook de la supuesta mujer de Pérez Corradi con una foto muy parecida a él y da un número telefónico. Yo pedí que se corrobore si el IP del teléfono corresponde con el domicilio en el que supuestamente estaba Pérez Corradi, que los fiscales ya tenían desde el mes de agosto a través de un testigo de identidad reservada. En febrero de 2016, con Arribas y Majdalani, la AFI informa a la justicia que todavía se continúa con la investigación y hasta la fecha no se ha podido identificar el paradero. Pero desde enero de 2016, los abogados de Pérez Corradi entablaron con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una negociación para su entrega y un subsecretario que la avala. Para mí, acuerdan la entrega y lo detienen el 19 de junio. Sin embargo la justicia autoriza a la AFI que pinche el teléfono el 14 de junio y no la oficina de captación judicial. Con escucha directa, que solo se hace en casos de secuestros extorsivos. ¿Qué esperaban, que yo hablara con Pérez Corradi en la cárcel? Era para que la AFI supiera lo que hablaba con la ex presidente y Arribas transmitírselo a Macri”. Parrilli cree que todo esto tiene como objetivo “distraer a la sociedad y que no hablemos del escándalo que significa esta deuda que le quiere condonar Macri a su padre, de la falta de empleo, el problema de los docentes, los puestos de trabajo que se pierden, las tarifas, todo el daño que le están haciendo al país”. Sobre la posibilidad de que termine preso, reconoció que no la descartaba: “esto es lo que estamos pagando aquellos que tenemos ideas distintas a este modelo. Lo grave es que es con nosotros pero después van por todos. Hay dirigentes de todo tipo que tienen miedo. Nosotros no nos vamos a callar”. Los servicios de inteligencia, señaló, están hoy asociados con algunos sectores políticos: “Macri ya hizo un servicio de espionaje político en la Ciudad de Buenos Aires, donde a él lo separan como responsable por una cuestión formal, pero este año está pronto el juicio oral donde el hecho está probado y varios de sus funcionarios están procesados en la causa. Este gobierno de Cambiemos está utilizando el espionaje político”. La filtración de las escuchas telefónicas riñe con las más elementales normas que rigen en una democracia. Así lo sostiene quien es uno de los periodistas más críticos del kirchnerismo: Joaquín Morales Solá. En su edición del domingo 12 La Nación publicó un artículo de su autoría titulado “¿Quién filtró las escuchas telefónicas?”, en el que toca esta delicada cuestión. Dice Morales Solá: “(…) Se conocieron algunos audios (el primer de Cristina Kirchner en su diálogo de compinches con Oscar Parrilli) y también algunas transcripciones de otras conversaciones, aunque sin audios. Otro audio complicó también al presidente de Boca, Daniel Angelici, viejo amigo de Macri, quien en el momento de la conversación, hace dos años, estaba también bajo intervención telefónica judicial” (…) “La difusión de esas conversaciones vulnera garantías constitucionales, que protegen la inviolabilidad de la correspondencia de las personas y que, según la interpretación posterior de los jueces, incluye las charlas telefónicas. Se trata de una extensión del derecho constitucional a administrar la vida privada, que la Constitución deja en manos de la conciencia y de Dios” (…) “Está claro que las escuchas telefónicas sólo deben servir para investigar un presunto delito. Ningún párrafo de la Constitución las autoriza para manipulaciones políticas, ni para destruir a un adversario ni para provocar la hilaridad colectiva”. “El caso que comprometió a Cristina Kirchner comenzó en los primeros días de septiembre de 2015, poco antes de que la entonces presidente entregara el poder” (…) “dos fiscales, Franco Picardi, de la Capital, y Juan Bidone, de Mercedes, le pidieron ayuda al entonces jefe del servicio de inteligencia oficial, Oscar Parrilli, para localizar al prófugo Ibar Pérez Corradi. Parrilli accedió. Fuentes oficiales señalaron que cuando asumió el gobierno de Macri hubo una primera sorpresa con este caso. Había una alteración en el envío de informes de la AFI a la Justicia. No estaba el informe sobre Pérez Corradi. Había un salto entre los informes anteriores y posteriores: faltaba el de Pérez Corradi. El gobierno le ordenó a la AFI que investigara el tema. Dos expedientes con los informes sobre Pérez Corradi fueron encontrados, solitarios y abandonados, en la caja fuerte del ex director de asuntos judiciales de la AFI, el abogado Emiliano Rodríguez, que respondía directamente a La Cámpora. Justo en esos días, el juez Ariel Lijo recibió una denuncia de Graciela Ocaña contra el ex secretario de Seguridad Sergio Berni por abuso de autoridad” (…) “A fines de enero de 2016, Lijo ordenó a la AFI que le enviara todas las actuaciones sobre Pérez Corradi, a quien se buscaba por el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina (casos que involucraban a varios funcionarios kirchneristas), y porque Washington pedía su captura y extradición” (…) “Cuando Lijo fue notificado de que existía ese informe sobre Pérez Corradi, pidió en el acto que le enviaran toda la información del expediente. Tres meses después, ordenó las intervenciones telefónicas de Parrilli, de Emiliano Rodríguez y de dos agentes de la AFI, cuyos nombres nunca trascendieron, aunque el juez sabe quiénes son. Lijo requirió que fuera la AFI la que se hiciera cargo de la transcripción de las conversaciones telefónicas, cuya captura es responsabilidad de una oficina de la Corte Suprema de Justicia” (…). “La Corte Suprema tiene la responsabilidad política de esa oficina de intervenciones telefónicas, pero poca injerencia en el asunto. Los jueces envían los pedidos de intervención a la oficina, cuyo jefe máximo es el prestigioso juez Martín Irurzún, aunque el jefe operacional es un ex secretario de Lijo, Juan Rodríguez Ponte, elegido por la Corte tras probar a varios aspirantes” (…) “Lijo aseguró públicamente que la defensa de Parrilli se llevó todos los CD con las conversaciones telefónicas de éste. En síntesis, los que tuvieron acceso a ellas son la AFI, Lijo y el propio Parrilli” (…) “Nunca trascendió ninguna (escucha telefónica) de Lijo. La AFI las haría trascender sólo por una orden reservada del gobierno. Sin embargo, los que conocen los audios aseguran que lo que se sabe es muy poco y muy suave; hay material político (no judicial) mucho más explosivo que el que salió a la luz pública. ¿Por qué el gobierno filtraría los audios menos comprometidos y tanto tiempo antes de las elecciones, cuando no se sabe si Cristina será candidata? Paradójico: esos audios no sirvieron en el caso que inculpa a Parrilli; él nunca se refirió al caso Pérez Corradi durante la intervención telefónica. El inagotable espectáculo de denuncias de persecución política por parte de Cristina y de Parrilli permite no descartar la posibilidad de que la filtración viniera de ese propio espacio. Cristina denunció un “peligro sin precedentes” para la democracia” (…) “Pero se atropellaron al señalar culpas. Primero desenterraron a Jaime Stiuso y lo culparon de operar contra políticos y periodistas durante el gobierno de ellos. Después apuntaron contra Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y, al final, se despacharon contra Macri y la conducción de la AFI”. Morales Solá culmina su artículo de la siguiente manera: “el fárrago de denuncias y filtraciones escondió lo más importante. Parrilli fue procesado por Lijo por encubrir a un prófugo de la Justicia acusado de narcotráfico. El fiscal Guillermo Marijuan le pidió a la Cámara Federal la detención de Parrilli porque sospecha que podría fugarse. Y un informe crucial sobre el paradero de ese prófugo se encontró en la caja fuerte de un funcionario kirchnerista” (…) “Con todo, no debe olvidarse que cada filtración de audios de conversaciones telefónicas es una violación de garantías constitucionales. Gobierno y Justicia deberían asumir que son, en parte al menos, responsables de la filtración de las escuchas o que no hicieron nada para evitarlas. El caso interpela también a la prensa, que tiene la obligación moral de respetar la vida privada y los preceptos de la Constitución. Pero también tiene el derecho y el deber de mantener informada a la opinión pública. Una reflexión del periodismo es siempre oportuna cuando entran en colisión el deber y el derecho”. En la misma edición La Nación publicó un editorial en el que analiza el mismo asunto. Lleva por título “Filtración de escuchas, otra mancha para la Justicia”. Dice el mitrismo: “Pasaron los años, hubo un cambio de gobierno y tres cambios de jurisdicción, pero la filtración a la prensa de escuchas telefónicas con clara intencionalidad política continúa como si nada hubiera ocurrido y constituye otra enorme mancha para la Justicia que no puede ponerle coto a esta práctica aberrante ni identificar y sancionar a los responsables. Las filtraciones constituyen, además, una amenaza constante a la ciudadanía, que ve peligrar su derecho a la privacidad y la presunción de inocencia que asiste a quienes están siendo investigados. Hasta comienzos de 2015, las escuchas telefónicas que ordenaban los jueces en el marco de sus investigaciones las llevaba a cabo la tenebrosa Dirección de Observaciones Judiciales de la ex SIDE, más conocida como “Ojota”. En esa oficina no sólo se “pinchaban” los teléfonos que ordenaba el juez sino otros que el poder político de turno necesitaba escuchar” (…) “Se hablaba, incluso, del “negocio” de las pinchaduras a pedido. Una investigación judicial probó que, a instancias de altos funcionarios de la ex SIDE, se armó una causa judicial con una denuncia falsa con el único objetivo de obtener un paraguas legal para efectuar escuchas ilegales” (…). “Las escuchas a Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, su ex secretario general de la Presidencia y luego titular de la AFI datan de entre junio y septiembre del año pasado y las había ordenado el juez federal Ariel Lijo en una causa donde se investiga si Parrilli encubrió, a fines de 2015 y como titular de la AFI, a Ibar Pérez Corradi, entonces prófugo en la causa por el triple crimen de General Rodríguez. Cuando el periodismo dio a conocer las grabaciones, se originó un nuevo escándalo. Además de insultar a Parrilli, la ex presidente habló de causas judiciales armadas y de presionar a jueces. Pero lo verdaderamente escandaloso fue el hecho mismo de la filtración de esas piezas judiciales que jamás debieron haber salido del sumario. Otro tanto ocurrió días más tarde con unas escuchas realizadas en otra investigación a Daniel Angelici, empresario del juego, presidente de Boca y hombre de confianza y operador judicial de Macri” (…) “Se ha cometido un grave delito, no imputable a los medios periodísticos que difundieron las escuchas, sino a quienes las filtraron. Sobre este último punto hay pocos sitios de los cuales sospechar: la oficina de escuchas de la Corte, el juzgado de Lijo, la fiscalía de Guillermo Marijuan y la AFI, que intervino por orden de Lijo. La Corte pidió explicaciones a su Oficina de Captación de Comunicaciones y a Lijo, quien detalló lo actuado. Antes, el magistrado procesó a Parrilli por considerar que hizo caso omiso de informaciones sobre el paradero de Pérez Corradi. Más tarde, el fiscal Marijuan solicitó al juez la detención de Parrilli. De esa manera, la Justicia, responsable de las graves filtraciones, pareció sobreactuar, pues las pruebas en contra de Parrilli no serían muy contundentes. El ex funcionario sostiene que lo procesaron para justificar las escuchas” (…) “Uno de los peores errores en los que puede incurrir la Justicia cuando su imagen luce muy deteriorada es la parcialidad en perjuicio de los ex funcionarios kirchneristas cuando hay tantas pruebas que comprometen a muchos de ellos” (…) “Dentro de esos graves errores, que son delitos, se encuentra el de las filtraciones de escuchas. Tribunales permeables a intereses ajenos al ejercicio de la justicia, como las internas entre espías, son tribunales sospechosos de repetir el sucio juego que durante tantos años jugó la ex SIDE, vulnerando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia de la que gozan quienes se encuentran sometidos a una investigación que aún no arribó a sentencia. La Justicia es responsable de la guarda de los elementos de prueba y es preciso que identifique y sancione a los responsables de tan serio delito. El enorme poder de ordenar que se escuche lo que hablan los ciudadanos en su intimidad conlleva la responsabilidad de salvaguardar el contenido de lo escuchado”. Para cerrar este artículo nada mejor que rememorar uno que publicó el doctor Alberto Benegas Lynch (h.) en La Nación el viernes 4 de agosto de 2016, cuyo título habla por sí mismo: “Es hora de preguntarse para qué sirven los servicios de inteligencia”. Dice Benegas Lynch (h.): “(…) Resulta de interés preguntarse y repreguntarse qué de compatibilidad o incompatibilidad existe entre los llamados servicios de inteligencia y el sistema republico de gobierno. Como es sabido, uno de los ejes centrales de esta forma de concebir el aparato político consiste en la transparencia de sus actos. Conviene llevar a cabo el ejercicio de una mirada crítica sobre estas reparticiones tan peculiares. Prácticamente todos los gobiernos cuentan con servicios de inteligencia, lo cual no invalida el interrogante. Cuando menos, llama la atención que una sociedad libre se desplace simultáneamente por dos andariveles tan opuestos. Por una parte, se insiste en la necesidad de que los funcionarios gubernamentales sean responsables de sus actos y que éstos estén en conocimiento de los gobernados y, por otro, se procede de modo clandestino, echando mano de fondos reservados para propósitos de espionaje y otros menesteres non sanctos que se mantienen en las sombras. Parecería que hay aquí un doble discurso y que se entroniza una hipocresía digna de mejor causa. Agentes dobles, contrainteligencia, secretos de Estado, escuchas y detenciones sin orden del juez, violaciones de domicilio, asesinatos, sabotajes, movimientos subversivos programados y, frecuentemente, seguimiento de los movimientos de los dirigentes de partidos políticos de oposición son sólo algunos de los hechos que producen los más renombrados servicios. Esto es el mundo libre, ya que en los países totalitarios se añaden la tortura y la implacable persecución a quienes no adhieren al poder de turno” (…). “El periodista de la BBC de Londres Paul Reynolds pone en tela de juicio la eficiencia de los servicios de inteligencia más destacados del mundo a raíz de la invasión de Irak, en una columna titulada “¿Podemos confiar en los servicios de inteligencia?” (…) “Es que siempre los burócratas están tentados a utilizar este y otros departamentos y oficinas para fines políticos, y cuando no hay claros límites al poder y se permite recurrir a la clandestinidad los abusos no deben sorprender, sin contar con las traiciones, las falsas denuncias y las delaciones internas y ex amistades de la CIA, como Saddam Hussein y Ben Laden. Por eso es que León Hadar, del Cato Institute, sugestivamente titula su ensayo “Los servicios de inteligencia no son inteligentes”. Allí muestra con profusión de datos cómo la alegada seguridad nacional está en riesgo con estos procedimientos oscuros en los que, por definición, no hay control de gestión propiamente dicho” (…) “David Canon, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Indiana, en su trabajo titulado “Inteligencia y ética”, alude a las declaraciones de un agente de la CIA que explica que lo importante es lograr los objetivos sin detenerse en los medios” (…) “Pero, como bien destaca Norman Cousins, el establecimiento de entidades de estas características necesariamente tiene que terminar en un Frankenstein” (…). “Los servicios de inteligencia son compatibles con regímenes totalitarios de factura diversa, pero parecen del todo inadecuados en el seno de una sociedad libre. No en vano en los Estados Unidos se extiende la utilización de la expresión rusa “zar” para el máximo capitoste del espionaje” (…) John Stuart Mill decía que todas las buenas ideas pasan invariablemente por tres etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. Este tema de los llamados servicios de inteligencia se vincula con muchos otros que también requieren limpieza de telarañas mentales para su mejor comprensión” (…) “Paradójicamente, en no pocos lugares para proteger este valor (seguridad) se lo conculca. Esto ocurre hoy en gran medida, con la lucha antiterrorista. En última instancia, el terrorismo apunta a desmantelar y liquidar las libertades individuales. Pues lo curioso del asunto es que, por ejemplo, en lo que ha sido el baluarte del mundo libre, los Estados Unidos, con el argumento de proteger aquellos derechos se los lesiona, con lo que en la práctica se otorga una victoria anticipada a los criminales del terror. Tal es el ejemplo de la vergonzosa ley denominada “patriótica” (…) El tercer capítulo, emparentado con el surgimiento de los servicios de inteligencia para contrarrestar las guerras, son las epidemias de nacionalismos, xenofobias y racismos que toman los lugares de nacimiento como un valor y un disvalor para el extranjero, como si las fronteras tuvieran algún sentido fuera de la descentralización del poder y como si las razas no fueran un estereotipo carente de significado entre hermanos que provenimos todos de África” (…) “Entonces, no sólo debemos concentrar la atención en la naturaleza y los alegados servicios que prestan las estructuras de inteligencia, sino también prestar atención a las causas que dan lugar al debate que ahora pretendemos abrir, al efecto de seguir averiguando los inconvenientes y las eventuales ventajas de este tipo de organizaciones”.

Existe un lugar dentro del Poder Judicial donde están los servidores informáticos de todos los tribunales nacionales y una base que contiene los expedientes judiciales de todo el país. Se lo conoce como “data center”. Fue inaugurado en 2010 y la Corte Suprema lo presentó como “un área de máxima seguridad, que albergará la más alta tecnología de almacenamiento y procesamientos de datos”. El 11 de abril de 2016 se produjo un hecho de una gravedad institucional inusitada. Uno de sus más altos responsables ingresó al lugar acompañado por un coequiper ingeniero y decidió anular el sorteo informático que le asignaba la causa Nisman al juez federal Sebastián Casanello. Según consta en una investigación interna el “personaje” en cuestión le dijo a su jefe a manera de justificación que obedeció el “pedido” de la secretaria de la Cámara Federal. Como siempre sucede en estos casos, existe un argumento que sirve de justificación. En esta oportunidad, se dijo que uno de los monitores del tribunal mostraba un cartel de falla y el sistema, en consecuencia, se colgó, lo que dificultaba la acción de asignar el caso al mencionado juez federal. Este hecho desencadenó una serie de denuncias penales y administrativas que fueron minimizadas por un buen número de funcionarios judiciales. Con el arribo del nuevo año parece ser que, al menos, se arribó a un diagnóstico por demás estremecedor: el sistema informático judicial se caracteriza por su extrema vulnerabilidad. En efecto, cualquiera con cierto acceso está en condiciones de cambiar una declaración o enterarse de una orden de allanamiento. Y si se poseen conocimientos un poco más sofisticados, entonces no es una quimera la posibilidad de elegir el juez deseado en cualquier fuero para que trate un determinado expediente. El Consejo de la Magistratura elige a los jueces y sanciona y administra fondos. El jueves pasado el plenario decidió la reapertura de un sumario contra el director general de tecnología, Gabriel Mehlman, quien anuló el sorteo que le otorgaba el caso Nisman a Cassanello para luego ejecutar otro que le terminó otorgando el caso al juez federal Julián Ercolini, un magistrado cercano al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y considerado funcional por el presidente de la nación. Por si ello no hubiera resultado sufriente, el oficialismo presionó hasta lograr la renuncia del administrador general del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría, hijo de la polémica e histórica jueza María Servini de Cubría y, oh casualidad, superior directo de Mehlman en el organismo. Cubría le habría objetado a Mehlman el haber entrado en la base de datos y borrado el registro sin una previa autorización escrita. Pero ese tipo de “menudencias” poco le interesan al presidente de la nación. El oficialismo y sus aliados presionaron para forzar la salida de Cubría pero para resguardar las formalidades republicanas, le ofrecieron otro cargo. El vacío dejado por Cubría fue ocupado por el macrista Agustín Cinto, quien antes se desempeñaba en el gobierno de la CABA. Fue así como el macrismo se desprendió de una persona molesta, de alguien que, además de haber sido nombrado por el gobierno anterior, no avalaba iniciativas caras para el gobierno nacional (la centralización del sistema electoral informático y el traspaso de los tribunales nacionales a la ciudad de Buenos Aires). Desde hace siete años el Poder Judicial emplea el sistema Lex100 que centraliza la información en el data center. Hasta hace poco, sólo un grupo reducido de personas podía acceder al lugar mediante una clave genérica. Estaban registradas 26 claves de ese tipo pero no había registro alguno de la identidad de sus dueños. Esas claves permiten el acceso al “cofre”, una sala en la que operan los sorteos para las asignaciones de las causas y los peritos. El sorteo es ordenado desde una computadora en otro edificio pero el sistema que lo lleva a la práctica está en la calle Lavalle. Respecto a los sorteos y para garantizar el acceso al “cofre” son necesarios “códigos fuentes”. Luego se debe disponer de ciertos “mapas” informáticos específicos que brindan la ayuda necesaria para acceder a la información apetecida. A los sorteos se los estipula de determinada manera que permite a los juzgados con demasiadas causas dejar de recibir las nuevas. Expertos explicaron a Página/12 el mecanismo. Quien logre incidir en la programación puede seleccionar qué jueces descartar. Todos suponen que quienes manejan el meollo de los sorteos son escasos, pero que existen, existen. La causa Nisman estuvo un año en la justicia ordinaria (juzgado de Palmaghini y fiscalía de Fein). Hubo un hecho que torció el rumbo de los acontecimientos: la reaparición del “zar” de los espías vernáculos, Stiuso. En su declaración sugirió que a Nisman lo asesinaron, en sintonía con la hipótesis de la viuda del fiscal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Semejante testimonio “convenció” a la jueza Palmaghini de aceptar el traslado de la causa al fuero federal, más proclive a las negociaciones políticas. La causa fue muy rápido a sorteo en la Cámara Federal. Al activarse el botón (había en ese momento periodistas y secretarios de Palmaghini y de la Cámara) salió asignado el juzgado de Cassanello (7). Inmediatamente después un monitor puso al descubierto una falla pero el otro monitor seguía registrando el resultado. El problema era que dicha máquina no permitía la continuación del trámite. A pesar de ello, la elección de Casanello fue notificada al Centro de Información Judicial que mantuvo publicada la novedad durante cuatro minutos. Susana Echeverría es secretaria de la Cámara. Ella fue quien llamó a Mehlman para ordenarle, de parte del presidente de ese tribunal, Martín Irurzún, la anulación del sorteo y la realización de uno nuevo. Acompañado por el ingeniero Marcelo Domínguez, Mehlman tardó un par de horas en rastrear la operación de la causa Nisman, mezclada entre cientos de sorteos de todos los fueros. Fue en ese momento cuando se conoció el nombre del reemplazante de Cassanello: Julián Ercolini. Ante el cariz que iban tomando los acontecimientos, el juez Irurzún decidió hacer una denuncia penal para evitar que otro lo denunciara a él. La denuncia cayó en el juzgado de Claudio Bonadío pero todavía permanece encajonada. Apoyados por expertos, los miembros del Consejo advirtieron que la elección de un juez no presentaba mayores problemas desde el punto de vista informático, pero la anulación de una acción no estaba prevista, lo que complicó el panorama. También se enteraron de que la encriptación de la declaración de Stiuso a solicitud de Palmaghini, era bastante parecida al proceso utilizado para anular el sorteo. Ocho técnicos se necesitan para efectuar la encriptación. Para garantizar su protección fue utilizado un sistema de doble llave (para acceder hay que colocar simultáneamente dos pen drive distintos). Un juego de llaves quedó en manos de Palmaghini mientras que el segundo se lo quedó Mehlman. Un tercero quedó en manos de David Conte, subdirector de seguridad informática, quien lo dejó en su caja de seguridad de su despacho. Al regresar de vacaciones a comienzos de enero observó que le resultaba imposible abrir su caja de seguridad con la llave de siempre. Sucedió que le habían modificado la cerradura. Cuando logró abrirla se encontró con que las llaves y la clave cifrada para acceder a la denuncia de Stiuso habían desaparecido. En su declaración, Conte afirmó que había una sola persona con acceso al despacho: Sebastián Gómez Junco, jefe del departamento desde 2016. La jueza Servini de Cubría también investiga el sistema de sorteos como consecuencia de una denuncia hecha por un grupo de martilleros, a quienes les llamaba la atención de que siempre eran elegidos los mismos martilleros para las subastas y procedimientos de envergadura. Quien se sumó a este escándalo fue la diputada Carrió luego de escuchar a la magistrada reconocer en público la debilidad de los sorteos. La jueza ordenó dos allanamientos en la dirección de Informática del Consejo y un peritaje encomendado a la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana y el Departamento de Seguridad Informática de la AFIP. En el informe se lee lo siguiente: a) “Lo más grave a nivel de seguridad lógica es que el usuario denominado root (super usuario del sistema operativo con facultades para crear, borrar, modificar permisos, archivos, usuarios y auditorías) tenía una clave de acceso conocida por la mayoría del personal, lo que permitía que habitualmente ingresen con dicho usuario y efectúen cualquier operación sin control alguno no pudiendo registrarse ni identificarse quien lo hizo y hasta pudiendo borrar todo el equipo. También con un usuario root es posible sublimar un usuario pudiendo acceder a obtener, alterar y eliminar archivos y documentación sensible”. b) “El usuario encargado de cargar y sortear las causas utiliza el sistema informático analizado. Dicho sistema posee una lógica de asignación predecible lo que permite inferir considerablemente en el resultado del sorteo, por lo cual no se asegura la aleatoriedad del sorteo. Por ejemplo: si el encargado de cargar las causas en el sistema tuviera algún interés en dirigir la asignación de una causa a determinado juzgado podría cargarlas en un orden determinado dejando la que le interesa asignar hasta el momento que pueda inferir el resultado consiguiendo su cometido. Esto se debe a la acumulación de causas recibidas en los juzgados sorteados parámetro que tiene en cuenta el sistema para realizar el sorteo y esto es deducible para el usuario. Se debería utilizar una función totalmente aleatoria para el sorteo, por ejemplo la función RAND”. c) “La base de datos está alojada “en los servidores de la sala cofre”, lo que los vuelve accesibles desde allí mismo o de manera remota. Esa base “es producto de Oracle Corporation y es un tipo RDBMS que quiere decir que sus datos están organizados de forma tal en un conjunto de tablas y otros objetos relacionados entre sí”. Se usa con una licencia que se renueva anualmente pero “se determinó que la misma estaba sin soporte ya que la licencia de uso había vencido hace dos años, esto implica que todos los datos que se resguardaban en la misma ante un inconveniente estaban sin actualizaciones ni respaldo técnico oficial. El lenguaje que se utiliza se llama SQL y si no hay medidas de seguridad es posible acceder al sistema operativo para quien tiene una clave de “superusuario”. Puede modificar y borrar contenido. En esa base es donde están los expedientes judiciales. “La seguridad en la base de datos es deficiente”, advierten los peritos ya que permite realizar cambios. Los registros de un sorteo, por ejemplo (hora, día, resultado) “pueden ser eliminados” manualmente. d) “No existe documentación que diga quiénes son los usuarios que se pueden conectar “de manera remota”. “No se cumple con los requerimientos mínimos de la seguridad de la información” (fuente: Irina Hauser, “Abren sumario al director de tecnología”, Página/12, 13/2/017). Para octubre no falta tanto. Sin embargo, como estamos en la Argentina los ocho meses que restan para las cruciales elecciones legislativas constituyen una eternidad. Es probable que hoy por hoy la inmensa mayoría del pueblo no esté pensando en ese acto electoral sino en temas de coyuntura mucho más complejos como, por ejemplo, cómo llegar a fin de mes. Pero de lo que no cabe duda alguna es que toda la clase política tiene la mente puesta en octubre, mes en el que se decidirá, ni más ni menos, el futuro mediato de todos nosotros. Son, qué duda cabe, elecciones decisivas. Así lo considera el intelectual K Edgardo Moca quien el pasado 12 publicó un artículo en Página/12 que se titula precisamente “Elecciones decisivas”. Dice Mocca “(…) Para muchos, las legislativas de octubre definirán en buena parte la suerte del gobierno actual, insinuarán o descartarán una rápida “alternancia” en la Casa de Gobierno. La alternancia es la palabra clave de un modo de pensar la política. Es la disputa civilizada y pacífica entre partidos par sucederse entre sí en el gobierno. Para que esa sucesión funcione tiene que existir un cierto piso de acuerdos y de certidumbres entre las partes; de otro modo, no hay alternancia, hay antagonismo. Los valores que suelen enunciarse como sustento de las “políticas de Estado” son plausibles; consisten en la garantía de las libertades, el pluralismo, el respeto por la Constitución. La experiencia de las últimas décadas en el país y en el mundo hablan de otros pilares sobre los que se sostienen las democracias neoliberales: el corazón de estos pactos contemporáneos de gobernabilidad está en la irrestricta posibilidad de concentrar las riquezas en el polo privilegiado de la sociedad, en un Estado concebido como garante de los negocios del gran capital. La alternancia civilizada y las libertades políticas son la otra cara y la condición de posibilidad para que un pequeño número de magnates acumulen proporciones enormes y geométricamente crecientes de la riqueza del planeta. Está claro que esa pax neoliberal está entrando en una profunda crisis de legitimidad a lo largo y a lo ancho del mundo” (…). “Claro que, ciertamente, las elecciones de octubre son una prueba de fuego para Macri y su equipo. Vistas así las cosas, el modo en que empieza el año electoral convierte ese test en un asunto muy complejo para la coalición gobernante. No hubo segundo semestre ni brotes verdes, como no sea en la frondosa imaginación de algunos funcionarios. Sí caída del salario, cierres de empresas y despidos cada vez más masivos, inflación sostenida más allá de los buenos augurios, inexplicables en un contexto de aumentos de tarifas públicas y privadas y de los insumos productivos básicos. Los incentivos a guarecerse en el paraguas oficialista no han desaparecido pero han disminuido visiblemente. Fuera de la coalición pero también dentro de ella: el radicalismo empieza un minué que combina las disconformidades puntuales con algunas prácticas gubernamentales con las exigencias de posiciones en las listas comunes” (…) “Desde diciembre de 2015 hasta ahora, el gran enigma electoral es el peronismo, lo que significa la estructura del PJ y los amplios círculos concéntricos que siempre tiene a su alrededor. El enigma ha tenido ya un recorrido. El punto de partida fue una poderosa onda centrífuga que en los primeros meses del año pasado proponía la renovación peronista bajo la voz de orden de la responsabilidad, la gobernabilidad y la autocrítica (entendida esta última como la censura al kirchnerismo). En ese clima se alcanzó la normalización legal del partido rodeada de un clima de fin de época que no atenuaba demasiado la presencia en el interior de la nueva conducción formal de algunos dirigentes identificados con el gobierno anterior. Desde entonces cambió el clima político, al compás del cambio del clima social con el rechazo movilizado a los tarifazos y con los datos declinantes del favor popular con el Gobierno que los sondeos de opinión fueron registrando. Y la síntesis de este movimiento fue y es la popularidad de Cristina, inesperadamente resistente a la persecución judicial y a la calumnia sistemática y cada vez más inescrupulosa a la que la somete la maquinaria mediática. Los “números” de Cristina son uno de los atractivos de estos días. La razón es que, si bien es cierto que en la superestructura justicialista no predominan sus simpatizantes, tampoco abundan los que estén dispuestos a inmolar sus carreras políticas en el altar de un antikirchnerismo clarinista militante” (…). “También en los anillos más amplios del panperonismo-incluidos centralmente quienes apostaron a Massa después de su rutilante despegue de 2013-las cosas han ido cambiando. Varios de sus referentes más representativos han construido una especie de paraguas discursivo en el que dan por sentado que no son partidarios de Cristina, pero a partir de ese hecho muy evidente han intensificado su crítica al gobierno en los principales aspectos de su gestión” (…) “El problema de las mesas de arena del panperonismo es que las estructuras-las dibujadas y las realmente influyentes-tienen capacidad de control del voto popular en lenta pero sensible declinación. La amplitud política es un requisito crucial en una época en que el sectarismo equivale a complacencia con el gobierno de los Ceos. Pero sin un discurso político claro y una hoja de ruta más o menos perceptible, la unidad puede ser-o ser percibida, lo que en política es lo mismo-como un amontonamiento oportunista, como un reflejo defensivo de una burocracia política que se siente amenazada y está dispuesta a tragar sapos para mantener un lugarcito en la distribución de cargos. A la hora de pensar en renovaciones peronistas no habría que olvidar que en 2003 el movimiento sufrió en plenitud la indignación del pueblo contra la estafa de la alternancia de la época. No habrá un debate programático posible entre quienes se oponen a la ofensiva neoliberal capaz de prescindir del balance de una época. Pretender una unidad nacional-popular haciéndose los distraídos respecto de la discusión política sobre el sentido de los años kirchneristas puede parecer un buen recurso de marketing electoral pero no sintonizar con un humor popular que está haciendo las necesarias comparaciones de cómo se vivía en diciembre de 2015 y cómo se vive ahora”.

El escándalo del Correo que está protagonizando el gobierno nacional está haciendo recordar a los argentinos el proceso de privatización del mismo en plena época del menemismo. Cuando el ex presidente de Boca decidió ingresar al mundo de la política sabía que debía hacer lo imposible por sepultar para siempre ciertos recuerdos asociados con su apellido. Tales recuerdos aludían a los despidos, la suba exorbitante de los precios postales y una paupérrima gestión que terminó en la quiebra de la empresa. La privatización del Correo Argentino se produjo exactamente el 26 de agosto de 1997. En ese momento el influyente The Wall Street Journal publicaba que “Macri se propone transformar una ineficiente compañía estatal” mientras que el señor padre del presidente de la nación sostenía que llevaba 40 años “reviviendo empresas”. ¿Cómo obtuvo Macri esa licitación que le permitiría manejar el correo durante tres décadas? Primero se comprometió a pagar un canon de 51 millones de pesos cada seis meses (una oferta que era 40 por ciento superior al resto de los participantes de la licitación). Luego de hacerse cargo del Correo, el clan Macri se preocupó por no continuar con ese pago. Tal es así que sólo pagó el primer año al Estado nacional (a todos nosotros). El gobierno de Carlos Menem fue muy “generoso” con los Macri. En efecto, decidió condonarles aportes patronales por 10 millones de pesos-dólares anuales y estuvo cerca de perdonarles el canon. Incluso el metafísico de Anillaco llegó a tener en su mano el decreto para condonarles el pago de las obligaciones por las tres décadas de la concesión. En 2000, ya con De la Rúa en el poder, se le reclamó al clan Macri por el cúmulo de deudas acumuladas. Fue entonces cuando el señor padre del presidente de la nación amenazó con abandonar la empresa, lo que le permitió ganar tiempo (postergación de los reclamos). Al año siguiente, Franco Macri propuso la estatización de la deuda privada de todos los empresarios porque “enfrentaban intereses absurdos y situaciones absurdas”. Cualquier parecido con la situación vivida en 1982 no es una coincidencia. El Grupo Macri obtuvo la concesión prometiendo que no iba a aumentar las tarifas del Correo. Una vez con la concesión, hizo exactamente lo contrario, situando al servicio de correo entre los más caros del mundo. En 2000, la Defensoría del Pueblo nacional indicó en un informe que la calidad operativa del Correo dejaba mucho que desear ya que promocionaba servicios que eran demasiado caros y de dudosa eficiencia. Además, alertaba por los graves perjuicios que estaba ocasionando el cierre de varias sucursales en diferentes provincias. El clan Mari hizo otra promesa importante: inversiones. Una vez más, mintió descaradamente. En lugar de promover inversiones, pusieron en práctica una política de reducción de la planta que en la práctica se tradujo en cinco mil despidos y el cierre de más de 100 sucursales. El 25 por ciento de la planta fue eliminada en los dos primeros años de “gestión”. Jorge Irigoin, por entonces director ejecutivo, manifestaba su malestar por la existencia de un número demasiado elevado de delegados sindicales, lo que lo motivó a promover la desafiliación entre los empleados. Tal fue la presión que algunos sindicatos denunciaron a los Macri por práctica desleal. Mauricio Macri, hoy presidente de la nación, no se olvidó de su amigo Irigoin: lo acaba de designar nuevamente en el Correo. En 1999, cuando expiraba la segunda presidencia de Carlos Menem, la empresa de los Macri logró que el metafísico de Anillaco le computara como “inversiones” 126 millones de pesos-dólares en indemnizaciones a aquellos empleados que aceptaron “retirarse de manera voluntaria”. Los Macri prometieron inversiones por 25 millones anuales para mejorar el equipamiento técnico de la empresa. La realidad fue muy diferente: sólo se preocuparon por echar la mayor cantidad posible de empleados. La empresa jamás fue exitosa. Cuando el Grupo Macri recibió la empresa, su participación en el mercado era del 38 por ciento. A partir de ese momento no dejó de ser deficitaria hasta que se declaró en convocatoria en 2001. En mayo de 2003 arribó a la Casa Rosada Néstor Kirchner. Al principio el patagónico no tenía pensado rescindirle el contrato a Franco Macri, quien ya mostraba sus simpatías por el flamante gobierno. Como las negociaciones que ambos “pesos pesados” comenzaron no dieron el resultado esperado, el 19 de noviembre de 2003 Néstor Kirchner decidió dar por concluida la privatización echándole la culpa al Grupo Macri. En el decreto se brindan los motivos que llevaron al patagónico a tomar tan drástica decisión. Se indica que el pago del canon se cumplió de manera normal tan solo durante los dos primeros semestres de la concesión y que “el desarrollo posterior de la relación contractual se vio afectado por constantes reclamos e incumplimientos de diversa índole por parte de la empresa concesionaria”. Luego advierte que “a poco de iniciada su gestión, la concesionaria comenzó sistemáticamente a cuestionar y condicionar su obligación de pagar el canon con diversas argumentaciones y manifestaciones que fueron modificándose y ampliándose en el tiempo”. Indicó que el clan Macri solicitó “una serie de compensaciones por créditos derivados de servicios prestados al Estado nacional; exigencia que luego modificó, condicionando el pago del canon a la satisfacción de dichos créditos”. Expresó que en 2000 se creó una comisión para estudiar el contrato de concesión, la que terminó por rechazar todas las pretensiones del holding familiar. Según el decreto, “el Estado nacional se presentó a verificar su crédito, que el año 2001 ascendía a la suma de 296.205.376,49 pesos”. Es lo que hoy pretende cobrar el gobierno de Macri sin que los 16 años de juicio transcurridos sean actualizados. También se comprobaron “incumplimientos vinculados a los precios del Servicio Postal Básico Universal, que implicaron la generación de perjuicios para los usuarios, constituyendo una actitud que conspiró directamente contra los objetivos y finalidades del servicio concesionado”. Este decreto fue considerado inconstitucional por el Grupo Macri que decidió presentarse ante la Justicia. La causa tiene, pues, varios años y sigue hasta hoy. Según la fiscal Boquín el clan reclama ahora un monto mayor al arreglado por la deuda del Estado y con una tasa de interés más elevada. Quizás el Grupo Macri termine utilizando el propio dinero del Estado para pagarle y ganando dinero por la privatización durante el menemismo, luego de 16 años de haber concluida (fuente: Werner Pertot, “Despidos y mucha deuda, el sello de los Macri”, Página/12, 14/2/017). La tragedia de los setenta sigue abierta. Ha sido tan politizada que resulta muy difícil analizarla con racionalidad y objetividad. De todas maneras siempre resultan bienvenidos, aunque por ello no dejan de ser controversiales, los enfoques que ayudan a comprenderla un poco más. Tal el caso del artículo de Jorge Fernández Díaz titulado “La historia que nadie quiere volver a oír”, que fue publicado por La Nación el 12 de febrero pasado. Dice Fernández Díaz: “Desde octubre de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, nosotros sabíamos que se gestaba un golpe militar para marzo del año siguiente. No tratamos de impedirlo porque al fin y al cabo formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista”. La frase pertenece a Firmenich, es una admisión pública de que la conducción de “la juventud maravillosa” prefería los militares de la dictadura a la represión ilegal de su propio partido y también de que hasta entonces los 70 eran leídos principalmente como una monstruosa interna armada entre “compañeros” (…) “el periodista que entrevistó entonces a Firmenich era Gabriel García Márquez, y consta en la página 106 de su libro “Por la libre”. La flagrante falsificación de la historia de aquellos años fue anterior al kirchnerismo, y en esa operación cultural de la negación estuvimos casi todos involucrados. Mi generación anhelaba el enjuiciamiento de los terroristas de Estado que a partir de 1976 habían organizado una caería repugnante, y fue entonces porosa la idea de no revolver la prehistoria para no justificar a los represores, cuyo plan sistemático ya está en los anales de la aberración universal” (…) “Cualquier crítica a la guerrilla era galvanizada bajo el insulto de “la teoría de los dos demonios”, y así fue como con el correr de los años se instaló una serie de mentiras inconmovibles: Perón nada tuvo que ver con la Triple A ni con la criminal escalada contra la izquierda peronista, y murió perdonando a los que mataron a Rucci; las acciones de su secretario privado, su esposa y sus amanuenses sindicales y políticos fueron independientes, fruto de sus propias iniciativas. Y los setentistas eran pibes tiernos que dieron su vida para cambiar el mundo y además lumbreras de la política nacional” (…). “Marcelo Larraquy, un historiador no contaminado de cualquier narrativa de encubrimiento, prepara un libro monumental sobre la violencia política y ya anticipó en “Los 70, una historia violenta” algunos datos que habían sido cuidadosamente sustraídos de la memoria. No sólo demuestra las demenciales y homicidas faenas de la JP montonera y las ideas calamitosas de una camada que siempre se ha autoproclamado como la más brillante del siglo XX, sino que pone el dedo en la llaga al recordarnos qué hizo Perón cuando se le rebelaron. La primera reacción ocurrió el 1 de octubre de 1973. Dictado por su propio líder, el Consejo Nacional del PJ elaboró un documento que decía: “El movimiento Justicialista entre en estado de movilización de todos sus elementos humanos y materiales. Debe excluirse de los locales partidarios a todos aquellos que se manifiesten en cualquier modo vinculados al marxismo. En todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia al servicio de esta lucha”. Quien firmaba el texto era a un mismo tiempo presidente electo y máxima autoridad del órgano partidario. A partir de su directiva comenzó un impiadoso operativo de “depuración”, que consistió en una feroz persecución de los “infiltrados”. Perón obligó al justicialismo a entrar en combate y delación, dio luz verde para que el sindicalismo ortodoxo hiciera “tronar el escarmiento” y batallara a sangre y fuego al gremialismo clasista en las fábricas, instruyó a López Rega para que armara un grupo parapolicial dentro del Estado; le dio amplios poderes al comisario Alberto Villar, que llevaría a cabo la represión ilegal, y ascendió a los hombres fundamentales de lo que sería la Triple A. Enseguida sobrevendrían la primera lista de “condenados” a muerte y los atentados con metralleta y explosivos” (…). “A esta altura, el General no hacía distingos entre ERP y Montoneros. Envió al Congreso una reforma del Código Penal para endurecer las penas contra la “subversión”, superando incluso la severidad de la dictadura de Lanusse. “A la lucha, y yo soy técnico en eso, no hay nada que hacer más que imponerla y enfrentarla con la lucha. Nosotros, desgraciadamente, tenemos que actuar dentro de la ley, porque si en este momento no tuviéramos que actuar dentro de la ley ya lo habríamos terminado en una semana (…) Pero si no contamos con la ley, entonces tendremos que salirnos de la ley y sancionar en forma directa, como hacen ellos (…) “Porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato. Si no tenemos ley, el camino será otro. Y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios para aplastarla, y lo haremos a cualquier precio”. Por televisión, Perón pronuncia en esos días la palabra “aniquilación”. Luego dice: “La decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía harán que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República” (…) “La crónica de esos sucesos se entrelaza con la carnicería montonera, que vengaba cada muerto con fusilamientos y bombas. Los setentistas, a posteriori, intentaron dos camelos: separar a Perón de la persecución ilegal presentándolo como un hombre enfermo y manipulable, y luego relativizar la inquina que les había tomado. Es que pretendían seguir usufructuando el mito, y verdaderamente lo lograron, a pesar de toda evidencia. Perón tuvo lucidez plena hasta tres días antes de su muerte, expiró odiando con toda su alma a los “estúpidos e imberbes” y dejó como misión borrarlos del mapa. No otra cosa hicieron su viuda y su secretario, que continuaron su política. Los conceptos públicos de Perón serían luego utilizados y perfeccionados por las Fuerzas Armadas. Montoneros no hizo nada para frenar el golpe; por lo tanto, también fue cómplice de la noche más larga y oscura. El justicialismo cometió crímenes de lesa humanidad, que nadie se atrevió a juzgar: hubo en ese período cerca de mil desaparecidos y más de mil quinientos muertos, y el financiamiento de esa masacre surgió del erario. Casi todos son culpables en esta historia de clisés e infames falacias que nadie quiere volver a escuchar”. En su edición del martes 14 de julio Página/ 12 publicó un artículo del profesor emérito de la UBA Julio Maier titulado “Del ridículo es difícil volver (II)”, en el que reitera algunos conceptos que expuso en previos escritos sobre la denuncia del ex fiscal Nisman contra la ex presidente de la nación y su canciller. Dice el autor: “Sábado a la madrugada: me acabo de enterar que, por intermedio del fiscal del caso, a quien no conozco-pero me gustaría saber en cuál Universidad estudió y quién le enseñó Derecho Penal (comprensivo del Derecho Procesal Penal)-, el tratado con Irán ha cobrado nuevos bríos criminales y criminológicos. Ya no sólo ese tratado-que ni siquiera llegó a perfeccionarse y, por ende, mucho menos a ejecutarse en alguna de sus cláusulas-constituye también el delito de traición a la patria, sin conflicto bélico alguno, sino que el fiscal parece afirmar que “la patria” sería el Estado de Israel, víctima del crimen a través de las personas fallecidas en el atentado, ya no argentinos, al menos en su gran mayoría, sino súbditos nacionales israelíes. Tamaño argumento viene, además, como dado vuelta desde varios puntos de vista-o quizás no sea así, conforme la ideología del fiscal-, pues, como lo expresa el articulista, ha sido siempre un argumento natural de quienes se reconocen como antisemitas; la Alemania nazi no le reconocía la nacionalidad alemana a quienes tildaba de “judíos” y establecía así una profunda división en el pueblo alemán, nunca saldada del todo, según creo. Pero el fiscal tampoco se queda en esos aprontes, sino que establece en su pedido, al parecer, un penoso procedimiento probatorio que desea conocer las comunicaciones telefónicas, electrónicas, orales y de cualquier otro tipo entre funcionarios gubernamentales a los que incluye en el proceso penal, ámbito subjetivo que también abarca a los legisladores y a las audiencias legislativas en las cuales se debatió y ratificó el tratado. Vale la pena indicar lo inútil que resulta conocer los vínculos telefónicos y presenciales entre personas, desconociendo el contenido de esas comunicaciones, y lo sospechoso por antidemocrático que resulta querer conocer en un proceso penal aquello que cada legislador afirmó durante el debate parlamentario dada la clara indicación constitucional de algo más que impunidad por el contenido de las opiniones parlamentarias. Vale la pena transcribir: CN, Art. 68: “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. Todo ello se agrega a lo poco menos-o más-que estúpido-también por lo inútil-que resulta enjuiciar a los protagonistas de un tratado que, como dije, nunca se perfeccionó ni ejecutó, sobre la base de una supuesta intención que, a más de no haberse manifestado nunca en la realidad de los hechos, para ser reiterativo, no está atribuida ni siquiera al órgano estatal competente para arribar al resultado supuesto. Se comprende ahora mi curiosidad por conocer cómo se enseña y quién enseña Derecho Penal y Procesal en las universidades de nuestro país, a pesar de que no desconozco que pueden existir malos estudiantes que no llegan a comprender los alcances del Derecho Penal y, sin embargo, superan las exigencias para arribar al título de grado. En cierta manera a mí me pasaría lo mismo si, de sopetón, me preguntaran por Derecho marítimo-que en la U.N. de Córdoba no tenía mayor desarrollo por razones obvias-o por Derecho aeronáutico, con escaso desarrollo cuando yo estudié. Sin embargo, puesto frente al problema, intentaría informarme de la manera más completa posible. Advierto que tampoco quiero pecar de ingenuo, pero eso es hoy harina de otro costal”.

El acuerdo entre el gobierno y el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino no le está saliendo gratis, políticamente hablando, al presidente de la nación. El fiscal Juan Pedro Zoni acaba de impulsar una acción penal en su contra, justo en un año trascendente para el futuro de Cambiemos. También fueron imputados el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el director de asuntos jurídicos de ese ministerio, Juan Mocoroa. Ahora, el juez federal Ariel Lijo deberá decidir si responde afirmativamente a lo solicitado por el fiscal, al tiempo que pidió la declaración del secreto de sumario. El frente judicial se le complica cada vez más al presidente de la nación. Consciente de ello, el gobierno volvió a justificar el acuerdo que, según los cálculos de la fiscal Boquín, representa una quita del 98,87 por ciento de la deuda a valores actuales que tiene el clan Macri con el Estado (todos nosotros). Ayer (martes 14) la Quinta de Olivos fue escenario de una conferencia de prensa de la que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. En dicha conferencia, Marcos Peña anunció que el gobierno pediría a la Auditoría General de la Nación una opinión formal sobre el tema. Oscar Lamberto, presidente de ese organismo, respondió que la Auditoría no depende del Poder Ejecutivo y no hace auditorías por pedido expreso del presidente. El gobierno expresó que la auditoría será impulsada por legisladores del oficialismo. Mientras tanto, sectores de la oposición pretenden citar al señor padre del presidente, a Laura Alonso, secretaria de Lucha contra la Corrupción, y el propio Aguad, para que den las explicaciones correspondientes. Luego de conocerse el dictamen de la fiscal Boquín, se presentaron varias denuncias penales. Dos están en manos del juez Lijo, la tercera cayó en el juzgado de Canicoba Corral y la cuarta, en el juzgado de Martínez de Giorgi. El fiscal que interviene en las denuncias presentadas por el abogado Daniel Igolnikov y los dirigentes Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella, es el fiscal Zoni. Los dirigentes de Nuevo Encuentro y el abogado Igolnikov acusaron a los funcionarios de los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Por su parte, Zoni imputó al presidente, a Aguad y a Mocoroa “sin perjuicio de que individualicen a otras personas como partícipes de los hechos investigados”. Según el fiscal, el gobierno de Cambiemos le perdonó al clan Macri casi el 99 por ciento de la deuda que tenía con el Estado (con todos nosotros). “El mismo Gobierno, con cuatro meses de diferencia, aceptó como deudor pagar un interés en dólares del 350 por ciento en un solo pago al contado y sin riesgo de quiebra, mientras que como acreedor aceptó cobrar una deuda en pesos, con un 100 por ciento de interés, a 17 años y cuando tenía la posibilidad legal del rechazo y seguir obstruyendo la aprobación del concurso”, señaló. Para Cerruti y Sabbatella, habría que investigar si el presidente de la nación, que en 2009 decidió ceder las acciones de la empresa a sus hijos, no se habría quedado con el usufructo de dichas acciones, con lo cual no sería descabellado suponer que sería el propio Mauricio Macri el beneficiario de la quita de la deuda. “Los hijos de Mauricio Macri no participan ni económica ni jurídicamente de la empresa. El verdadero jefe de Socma es Mauricio Macri”, sostienen los dirigentes de Nuevo Encuentro. Teniendo como basamento los argumentos de los denunciantes, el fiscal Zoni consideró que estaban dadas todas las condiciones para impulsar la acción penal “con el objeto de iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal caratulado “Correo Argentino s/ Concurso preventivo”, cuya duración ya superó los quince años y en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”. “Se deberá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores-funcionarios públicos o particulares-que intervinieron-de forma directa o indirecta-a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada”, señaló el fiscal. Respecto a las irregularidades indicadas por la fiscal Boquín, dijo que “no debe soslayarse el extenso plazo que se ha devengado desde la verificación del crédito por parte del Estado, la manipulación de las mayorías en perjuicio de los acreedores, la recategorización extemporánea y la reapertura del período de exclusividad cuando ya llevaba tres años y medio de vencido, el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio” (Mocoroa)”. Sobre el conflicto de intereses, destacó que Mocoroa “desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario-de forma directa o indirecta-de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél” (fuente: Werner Pertot, “Un curreo que le puede terminar costando bastante caro”, Página/12, 15/2/017). En su edición del miércoles 15, La Nación publicó un artículo de Morales Solá titulado “Faltó sensibilidad política para anticipar el conflicto”, en el que se burla descaradamente de los argentinos ya que tiene el tupé de decir que mientras la Justicia no lo decida no se puede afirmar tajantemente que el presidente decidió favorecer a su señor padre. Dice Morales Solá: “De poco vale ya la opinión de los expertos o la investigación técnica sobre el proyecto de acuerdo entre el Estado y la familia Macri por la deuda del Correo que arrastran desde 2001. Ese acuerdo se convirtió en un problema político espoleado por el duro dictamen de la fiscal Gabriela Boquín” (…) “Vale la pena, por ende, resaltar los trazos fundamentales del conflicto. Son éstos: 1) La reestatización del Correo sucedió en el año 2003, poco después de que los Kirchner accedieran al poder. El Correo significó para la familia Macri un negocio ruinoso con pérdidas de muchos millones de dólares. En junio del año pasado, el Estado y 600 acreedores más (el jefe del Estado era ya Mauricio Macri) llegaron a un acuerdo con el Grupo Macri por el cual se le cobraban a éste la deuda original, unos 300 millones de pesos, e intereses que significarían al final unos 600 millones” (…) “La empresa creada por la familia Macri para administrar el Correo se encontraba en concurso de acreedores desde 2001” (…) “El proyecto de acuerdo, que debe ser homologado por la Justicia, no previó el compromiso de Franco Macri de retirar los juicios que él interpuso en su momento contra el Estado” (…) 2) “Durante doce años de gobierno, el kirchnerismo no hizo nada para cobrar esa deuda del Grupo Macri. La explicación del exministro Julio De Vido es, por lo menos, cínica. Dijo que no habían aceptado propuestas de la familia Macri similares a la objetada ahora por la fiscal. No aceptaron y se cruzaron de brazos. Cualquier acreedor tiene otros recursos para insistir en el cobro de una deuda. Podría haber pedido, por ejemplo, la quiebra de la empresa” (…) 3) “El dictamen de la fiscal se convirtió también en una cuestión política. La fiscal Boquín no pertenece, en efecto, a Justicia Legítima, pero tiene muy buena relación con la procuradora Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales. Gils Carbó la nombró en el cargo actual, que es, precisamente, el cargo que ella tenía antes de ser nombrada procuradora general de la Nación. Un gesto elocuente del prejuicio de Boquín puede advertirse en que no asistió a la asamblea de acreedores que suscribió el acuerdo con el Grupo Macri, a la que fue invitada” (…) “Otro fiscal, Juan Pedro Zoni, éste sí de Justicia Legítima, imputó ayer al presidente y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por una denuncia hecha por Nuevo Encuentro. Es evidente que el caso del Correo agitó a todos los fiscales que el kirchnerismo dejó en la Justicia” (…). “La primera conclusión es que el dictamen de la fiscal Boquín no es vinculante, no tiene efectos prácticos. La instancia que deberá tomar una decisión de fondo, sobre si homologa o no el acuerdo del Estado con el Correo, es la Cámara en lo Comercial. Por eso es un proyecto de acuerdo y no un acuerdo terminado. No estamos, por lo tanto, ante un hecho consumado del Presidente supuestamente beneficiando a los intereses de su familia. Es la Justicia la que deberá decidir si ese acuerdo es correcto o es “abusivo”, como lo calificó la fiscal. Es ostensible, por otro lado, que el Presidente viene de una familia empresaria y que tiene muchos amigos y familiares que son propietarios de empresas. Sería injusto reclamarle que segregara a sus familiares y amigos de soluciones que el Estado brindaría en cualquier otra situación. El acuerdo último, bueno o malo, tiende a cobrar una deuda y a no olvidarse de ella, como sucedió durante los últimos doce años. Del mismo modo, el Gobierno debe tener en cuenta la condición extremadamente sensible que tiene cada decisión que involucra a las empresas de la familia Macri o de los amigos del Presidente” (…)”De todos modos, faltó previsión sobre la potencial carga política de la decisión sobre el Correo y la necesaria comunicación acerca de lo que se estaba haciendo” (…) “La existencia de un proyecto de acuerdo por el Correo llegó al conocimiento de la opinión pública por el dictamen de la fiscal Boquín y no por una oportuna información del Gobierno. Con antelación, la administración debió, además, convocar la opinión de los expertos independientes y pedir dictámenes de la Sigen, el organismo de control interno de la administración, y de la Oficina Anticorrupción. Faltaron política y sensibilidad, otra vez, para predecir potenciales conflictos”. Para Morales Solá este escándalo se trata casi de un cuento de hadas. Sin embargo, para la prensa internacional es un hecho que abochorna a la Argentina. The Guardian, uno de los diarios más importantes de Inglaterra, titula “Presidente argentino acusado por conflicto de interés después de perdonarle una deuda a una compañía”, al mismo tiempo que publica una foto del presidente de la nación en la que se lo ve marcadamente preocupado. Por su parte, El País, de España, dice “La deuda del padre de Macri con el Estado argentino se complica”. The New York Times, uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos, publicó “Fiscal argentino pidió investigar al Presidente por el reparto del Servicio Postal”. Otro gigante mediático norteamericano, The Washington Post, expresó “Fiscal argentino pide autorización para investigar al Presidente”. Mientras que en Uruguay, El País y El Observador titularon la noticia, respectivamente, de la siguiente forma: “Imputaron a Macri por la deuda del Correo” y “Macri investigado por perdonar millonaria deuda de su padre al Estado” (fuente: Perfil, 15/2/017). En su edición del martes 14 Página/12 publicó un crudo artículo de Horacio González titulado “La Argentina desollada”. Dice González: “(…) Se desolla a un país cuando se le arranca una espesa recubierta que de una manera u otra es la que lo ha sedimentado históricamente. En ese ámbito bien o mal arropado se resguardan las antiguas y modernas efusiones de una sociedad complicada y con viejas desesperaciones, explícitas o contenidas. En las difíciles molduras de la historia del país, de esas membranas nacionales que son de superficie y también actúan “de profundis”, están sus conflictos, sus imposibilidades, sus esperanzas. Desollarlas, en el mejor de los casos, es reemplazarlas por capas de frágiles palabras plastificadas, enfoques humillantes, estilos persecutorios, imposiciones intolerables, a veces públicas, a veces sigilosas, con el agregado de arbitrios generalizados de vigilancias secretas” (…) “Escuchemos a Macri mientras es alcanzado por hechos que no diferencian su condición de Empresario Privado y de Presidente, como si hubieran sido soldados electrógenamente por un soplete de gas obtenido de una vaca muerta desollada. ¿No está suficientemente probado que favorece desde el Gobierno cuya presidencia ocupa, a las Empresas familiares, o paternales, que por supuesto no pueden no incumbirle? ¿Y qué dice? ¡La puta, que es lindo estar vivo! Con tal exclamación que simplifica goces cotidianos profundos, algo grave sentimos que ha ocurrido, que algo esencial ha quedado desollado. Queda desollado lo que representa ese sedimento curtido del país, sus vidas laborales, políticas, culturales, científicas y jurídicas en debate. Desollar implica no dar paso a ningún debate efectivo, solo simulacros, solo un grupo de extraviados fiscales, espectros obsesionados al borde de grúas y alfombras voladoras, que están haciendo crujir la justicia, sus mínimas nociones, sus hasta ahora más o menos verosímiles contactos con probanzas y testimonios. La desollan como en ningún otro momento de la historia de las ciencias jurídicas argentinas, para tomar solo este ámbito” (…) “Juristas y grandes abogados, hayan sido políticos o no, hacen a la lista siempre titilante de los pensamientos que fundaron este contradictorio país…¡Están siendo desollados en su memoria! ¡Los pobres! Mariano Moreno, Alberdi, Vicente Fidel López, Cooke, Moisés Lebenshon, Vélez Sarsfield, Leandro Alem, Ricardo Levene, Cuchi Leguizamón, Carlos Cossio, Arturo Sampay, Silvio Frondizi, Juan Agustín García, Arturo Jauretche, Adán Quiroga, Ernesto Palacio, Carlos Sánchez Viamonte, Joaquín V. González, Deodoro Roca, Héctor Tizón, Juan Fillloy, Gustavo Roca, Ortega Peña,, Eduardo Luis Duhalde, Osvaldo Álvarez Guerrero, Rodolfo Mattarollo, Norberto Centeno, Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, Strassera … cito hasta donde me da el vértigo de la rememoración; es lógico pensar que no solo fueron los abogados, jueces y constitucionalistas los que hicieron este país, muchos de ellos también historiadores, músicos o literatos, ¡pero qué espejo para que se miren los fiscales desolladores! Un personaje de Arlt diría ¡qué ensalada! Pero en esta ensalada, hoy en peligro, se aceitó el país” (…) “Desollar es un poco más que manipular y tanto como la profunda ineptitud de omitir la responsabilidad individual en recusables negocios propios que ellos miran como si fueran ajenos, como sacudiéndose miguitas de la solapa. Solaparon, desollaron un sentido elemental de lo injusto cuando encarcelaron a Milagro Sala sin argumentos válidos, que fueron a buscar después, apurados e inveraces” (…) “Desollan también el pluralismo, con el que tanto cacarearon. Desollar es el proyecto de cooptación de “arrepentidos” más enorme y cruel que se haya desplegado en este ciclo tan defectuosamente democrático, que con ellos ingresa a un grave cono de sombra. Defectuoso porque desollan y desollan, desollan ellos y desollan ellas, agraciadas ministras y gobernadoras, en las sombras o a la luz. Arrancan vestimentas peronistas y cegetistas, ahúman ropajes radicales, tienen agarrados por las canicas a demasiados socialistas” (…) “Desollan y arrancan la memoria de los derechos humanos con balbuceos falsos, hipótesis numéricas, un procedimiento contable contra lo que cuenta realmente la historia” (…) “¿Dólar a futuro? Investigan una decisión económica bajo los parámetros legales del Estado, cuestión con la que se enriquecieron ellos, los ya ricos y ricos en acusaciones vacías también. Pero desollan a los funcionarios anteriores, los de la herencia. Se explica esa frase, pesada herencia, porque sale de la cuchilla del matarife que memoriza bien su pasado de cortaduras y punciones, del que corta la cosa viva para que la pinte Rembrandt: eso que quedó retratado luego que ellos pasaran la cuchilla del Fiscal, que no son muchos, son pocos, pero rellenan el Arquetipo del fanatismo del Perseguidor. ¿Qué más arrancan? ¡Que hable el verdadero Fiscal Rembrandt! Arrancan por forzamiento inusitado la idea de que Nisman fue asesinado, violentando investigaciones previas, indicios de gran elocuencia que desmienten las excedidas truculencias. Las contradicen tanto el sentido común y el de las ciencias jurídicas más elementales, todo junto … y así promulgan dictámenes en medio de modestas saturnales-sin apenas el desenfreno de sus infinitos pretextos y excusas-hasta escuchar el árido chasquido con que ropajes indeclinables se separan de un cuerpo, el cuerpo social de un país, su memoria de luchas, realizaciones, fracasos y consuelos” (…) “Despellejar mientras se muestran serviciales, amigos de las cloacas en los asentamientos precarios-bienvenidos-, paseándose jactanciosos por la Villa 31. Se lo reconocemos, créanlo. Ya tienen, por lo demás, la foto atronadora de López encasquetado. Con el rostro de Jano miramos hacia ellas con la misma preocupación cívica de siempre, la necesaria crítica en ristre, y hacia el lado en que están los desolladores, con la extrema tristeza de un país que se le va escurriendo a los trabajadores, los ciudadanos, los científicos y científicas, las maestras y maestros, a las mujeres activas que se hacen cargo de sus propios horizontes de emancipación y recogen ansiedades que son de todos. Y ellos … ellos son ajurídicos, asociales, pero tienen de la clásica voluntad de poder un aspecto desorbitado, del que hasta se sienten inocentes. Nadie que haya sido autoritario en la Argentina en cualquier nivel que sea, llegó a tanto. Se trata en el fondo de un poder gerencial que como epistemología básica, se dice a sí mismo que no precisa leyes, en el colmo del decisionismo expresado en el “puta qué lindo es estar vivo”. Será una cosa dicha por Alterio, pero otra cosa distinta con la cuchilla del desollador en la mano y arrancando lonjas de la memoria social y política de este país en carne viva”.