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Los abusos de los sacerdotes de “La Familia” llegan a la justicia ordinaria

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En un hecho histórico el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, solicitó la incautación de documentación sobre las investigaciones de abusos sexuales cometidos por la cofradía de sacerdotes, conocida como "La Familia" en el Tribunal Eclesiástico de Santiago y posteriormente, en las dependencias del arzobispado de Rancagua.

Sofia Navarro M.

Miércoles 13 de junio 2018

“Nadie está al margen de la ley”, aseguró Emiliano Arias a los periodistas que, expectantes, esperaban en las afueras del Tribunal Eclesiástico de Santiago, desde donde se incautó une serie de documentos con antecedentes de la investigación en la región de O’Higgins por las denuncias de abusos sexuales, conductas impropias y faltas al celibato por parte de sacerdotes de la diócesis a cargo del Obispo Goic.

Este miércoles, personal del OS9 de Carabineros y de la Fiscalía Regional de Rancagua allanó la sede de mencionado tribunal y también el Obispado de Rancagua con el fin de recolectar documentación archivada desde 2007 en adelante, en orden a llevar adelante una investigación penal ante la justicia ordinaria por los casos de abusos sexuales denunciados en la Diócesis de Rancagua.

La diligencia en la región de O’Higgins se centra en la investigación contra la denominada cofradía de religiosos, conocida como “La Familia”, acusados de mantener relaciones sexuales con menores de edad, a los que además se acusa de entregar beneficios económicos tanto a las víctimas como a sus familias. Las diligencias de hoy, según fuentes de la fiscalía, buscan recolectar todo el material, incluidos expedientes canónicos, investigaciones previas y antecedentes vinculados a abusos sexuales sufridos por menores de edad de parte de miembros del clero.

El fiscal de la región de O’Higgins, Emiliano Arias, explicó que se trata de diligencias simultáneas tanto en Rancagua como en Santiago, referidas a la incautación judicial de una serie de elementos necesarios para continuar con la investigación de hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra menores de edad. Respecto del procedimiento mismo de allanamiento, el persecutor señaló que hubo disposición de parte de quienes ocupaban las oficinas para entregar la documentación.

Por su parte, el enviado del Papa Francisco que se encuentra en nuestro país en el marco de los avances de la investigación al obispo Juan Barros, Charles Scicluna, afirmó que colaborará con la Fiscalía en estas labores y extendió un llamado a la comunidad católica en orden a que “debemos como Iglesia, colaborar con la justicia civil. El abuso de menores no es solo un delito canónico, también es un delito civil. Tenemos que colaborar con la justicia civil porque el bien común de la Iglesia, de la sociedad, se converge en la tutela de los menores que es un valor muy importante”.

El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, afirmó que la investigación del caso de la cofradía de sacerdotes llamada “La Familia” había sido enviada por la arquidiócesis el 31 de enero de este año a la santa sede. “El Arzobispado de Santiago entregó al fiscal toda la documentación solicitada, reiterando la disponibilidad de colaborar con la justicia civil en todo lo que sea requerido”, señaló el religioso a los medios presentes. Por su parte, el vicario judicial de la arquidiócesis de Santiago, Jaime Ortiz de Lazcano, afirmó que en enero se recibió la denuncia y posteriormente en los últimos días de ese mes fue enviada al Vaticano. El vicario manifestó que aunque no es habitual que la justicia civil solicite investigación canónica, la Iglesia chilena “tiene toda la intención de colaborar”.

Las órdenes de entrada, registro e incautación no requieren de un aviso con una antelación de 48 horas, pues con ellos se busca impedir la destrucción o pérdida de antecedentes y documentos que pudieran resultar fundamentales para la investigación de un delito.

La reunión del fiscal nacional con el enviado papal

Luego de los avances de esta mañana marcadas por los allanamientos en Santiago y Rancagua, el fiscal nacional, Jorge Abott ,se reunió con monseñor Charles Scicluna. En la instancia, participaron también los fiscales regionales Raúl Guzmán (Metropolitano Sur), Mauricio Richards (Maule) y Emiliano Arias (O’Higgins), lo que marca además la primera reunión pública entre el jefe nacional del Ministerio Público y el fiscal regional de O’Higgins luego de sus múltiples y publicitadas desaveniencias. Fuentes cercanas al Ministerio Público señalan que esta reunón con el Arzobispo de Malta surgió a raíz de un propuesta del propio Abbott de requerir información al Vaticano respecto de los delitos cometidos contra menores en todo el país.

También expuso que “el compromiso es el de la mayor colaboración por parte de las dos instituciones, estableceremos un sistema de relacionamiento de manera que las personas tengan la certeza que nuestras unidades de víctimas y testigos les brindarán la protección necesario para hacer las denuncias”.

Luego de finalizado el encuentro con el religioso, el fiscal Abbott afirmó que hubo un acuerdo entre la Iglesia y el Ministerio Público y precisó que la reunión tuvo como fin el aunar fuerzas en las indagaciones por los hechos ilícitos. “Se trató de hablar sobre la necesidad existente entre Iglesia y Ministerio Público de cooperación para poder establecer la existencia de los hechos y las responsabilidad de los integrantes de la iglesia en materia de abuso”.

Jorge Abbott también fue enfático al señalar que para el órgano persecutor el fundamento de esta investigación es el esclarecimiento de la verdad. “El compromiso es investigar los hechos y si estos están prescritos, el Ministerio Público lo que tiene que pedir es el sobreseimiento de la causa por prescripción. No obstante, el compromiso es establecer la verdad como reparación a las víctimas que sufrieron abuso”, dijo.

Finalmente, el Fiscal Nacional manifestó que en la investigación del Ministerio Público no se excluirá a nadie que pueda aportar información tendiente a esclarecer los hechos que afectaron a las víctimas. “Si es necesario llamar a declarar a cualquier miembro de la iglesia, el Ministerio Público tiene la obligación de hacerlo. Nadie está exento de prestar declaraciones”, afirmó el abogado.