CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL: UNA EXPRESIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO

Por Equipo Jurídico Pueblos

1- Caracterizando los efectos de la criminalización contra el movimiento social

La política criminal en Colombia ha estado intencionalmente direccionada hacia la creación de conductas que sancionan penalmente acciones propias del movimiento social[1], buscando intimidar por vía de la prohibición y sanción a los sectores populares que se movilizan. El delito y la pena, desde la perspectiva estatal, se encuentra asociados a un fin de prevención general, que supone una advertencia a la sociedad para que no incurra en determinadas conductas que se consideran proscritas.

Lo más grave de esta forma de criminalización del movimiento social, no es en sí mismo la pretensión de encarcelar a quien ejercer un derecho fundamental como lo es la protesta social o la libre expresión del pensamiento, sino el efecto desmovilizador que genera al incorporarlas como delito, incluso sin necesidad de acudir a la represión - judicialización.

La adopción de formas de protesta, conforme a los estándares permitidos por el establecimiento -“pacífica”-; sin costos, sin presión, desprovistas de la beligerancia requerida para dejar sentadas cuando menos las bases de las reformas pretendidas, ha sido una de las más notorias victorias del poder, con la incorporación de los aludidos delitos. Los llamados a morigerar, incluso la condena pública por acudir a las vías de hecho durante las manifestaciones, constituyen otra secuela vergonzosa de ello.

Por otro lado, la criminalización al movimiento social se concreta en la judicialización selectiva o masiva de voceros, activistas y miembros de las comunidades; bajo acusaciones estigmatizantes con cargos de terrorismo, rebelión, entre otros delitos; como castigo por su acción ante el cierre de espacios institucionales.

Dicho de otra forma, la criminalización y judicialización busca desvertebrar el movimiento popular, desmovilizar, dividir y atemorizar a las comunidades, convirtiendo en blanco de la acción judicial a quienes se oponen a la imposición de los intereses económicos de multinacionales; a quienes resisten desde la cotidianidad con su permanencia en los territorios, máxime si plantean y defienden proyectos políticos alternativos.

La detención de un/a campesino, obrero, activista estudiantil, genera naturales temores, que se multiplican cuando se está ante el fenómeno de una captura masiva. La incertidumbre, la zozobra, las angustias, la desestabilización del trabajo organizativo, son parte de los efectos calculados de esta práctica del terrorismo de Estado. Pero tal vez la más grave consecuencia está en provocar divisiones, en sembrar dudas y provocar señalamientos al interior de las mismas comunidades y procesos.

2- Criminalización una aplicación de la doctrina del enemigo interno

Garantizar la hegemonía de un sistema político y económico, implica una constante reconfiguración de los esquemas de dominación. La criminalización y judicialización hace parte de la construcción “social” (no desde las mayorías) del enemigo interno; esto es, de aquel actor individual o colectivo, al que se justifica encarcelar y si es necesario exterminar, porque confronta el status quo, o constituye un obstáculo en la implementación de intereses de las minorías en el poder.

El enemigo interno en Colombia, ha sido edificado desde unas clases dominantes sumisas del imperialismo norteamericano, que a su vez ha sido ejemplo de desplegar todo su arsenal ofensivo para garantizar su hegemonía regional y mundial. Desde la guerra fría hasta hoy, el enemigo interno se ha construido a partir de la máxima de “quien no está conmigo, está contra mí”.

El derecho penal es una herramienta de las clases en el poder, para resolver las contradicciones o conflictos sociales. Por lo tanto, no es ajeno a la doctrina del enemigo interno. Al contario, hace parte de las más poderosas armas de guerra que buscan, como ya se indicó, debilitar a quien considera su adversario o su obstáculo.

En este sentido, debe entenderse que la criminalización del movimiento social, no es en un fin en sí mismo; sino un medio, un instrumento más de represión; un arma entre otras (el desprestigio, el desplazamiento, los asesinatos y cualquier violación de ddhh) que se usa para desarticular y exterminar todo brote de resistencia.

3- Criminalización como expresión del derecho penal de enemigo

“Es un fenómeno que se da en todos los ordenamientos jurídicos de los países occidentales, y consiste en sancionar la conducta de un sujeto peligroso en una etapa muy anterior a un acto delictivo, sin esperar a una lesión posterior tardía. Se sancionan la conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos. El mismo fenómeno se da en el ámbito procesal, especialmente con la restricción de algunos ámbitos privados. Por ejemplo, la posibilidad de allanamiento de morada con fines investigativos, la posibilidad de registro de viviendas o la instalación de micrófonos o instrumentos para escuchas telefónicas. En esencia, el concepto de derecho penal del enemigo es una noción descriptiva que define algo existente en los ordenamientos democráticos actuales y designa aquellos supuestos de especial peligrosidad para distinguirlos de aquellos otros supuestos en los que se produce una relación jurídica entre ciudadanos”[2] plantea Jackobs Gunter, uno de los mayores exponentes del derecho penal del enemigo.

De tal manera, hablar de la aplicación del derecho penal del enemigo contra el movimiento social, tiene implicaciones concretas: a) La acción del Estado está dirigida, no a reaccionar frente a un hecho delictivo en concreto, sino a prevenir los efectos de la organización social, por considerarla un obstáculo para la imposición de los intereses del capital; b) Se despoja al actor individual o social, de todo derecho, de toda garantía.

En esta línea argumentativa, se entienden los modelos de juzgamiento contra campesinos y habitantes de la ciudad caracterizados por imputaciones severas, privación de la libertad bajo presunciones de peligrosidad, prolongación de los términos de investigación y juzgamiento, el encarcelamiento en establecimientos de alta seguridad lejanos de los lugares de arraigo social y familiar de lxs acusadxs, entre otros mecanismos restrictivos de derechos.

4- La criminalización del movimiento social: Una práctica estatal en beneficio de intereses del capital

Héctor Barbero y Guadalupe Godoy en el informe “La configuración del enemigo interno como parte del esquema represivo argentino Décadas de 1950 - 1960”, logran plasmar con suficiencia la relación directa entre los modelos de represión estatal, entre ellos la criminalización y los intereses del capital, de moldear las clases subalternas y la neutralización del movimiento que impugna el sistema establecido:

“Las formas en que a lo largo de la historia se articula el modo de producción capitalista generan modelos económicos que, en última instancia, determinan la configuración interna de las clases sociales. Los requerimientos de la producción en cada uno de esos modelos económico-sociales plantean a la burguesía la necesidad de establecer distintos tipos de esquemas de dominación sobre las clases subalternas. Estas transformaciones en el modo por el cual el capital contiene las contradicciones primordiales entre los factores productivos parecieran generar en la conciencia colectiva un tipo social intrínsecamente negativo, pernicioso para la producción y el «bien común».

Este otro cultural por un lado excluye a los elementos sociales (individuos o grupos enteros) que no se adaptan a la producción o impugnan el sistema, mientras que por el otro dota de coherencia interna al cuerpo social, dándole entidad y límites definidos. La creación, denuncia y criminalización del otro cultural, verdadero enemigo interno del orden social, tiene por tanto una doble finalidad: educación de la mayor parte de las clases subalternas, moldeándolas según los requerimientos de las diferentes fases de la producción, y la neutralización de cualquier movimiento impugnatorio del sistema establecido, sea de tipo ideológico, es decir político, o puramente individual, es decir negación del rol social impuesto”.

La realidad en los territorios donde se usa con mayor frecuencia el aparato judicial para reprimir los sectores populares organizados, estigmatizados y acusados como miembros o colaboradores de la insurgencia da cuenta de esta relación.

El capital moldea ideológicamente la población para que cumpla su rol en las distintas fases de producción; y en este propósito es útil el derecho penal (en su fin de prevención general). Pero también castiga severamente a quien se opone u obstruye sus intereses para lo cual se acude también a este instrumentos como parte de un modelo de represión.

5- La respuesta a la criminalización del movimiento social: Conclusiones, lecciones y propuestas

5.1- La criminalización y judicialización, son expresiones de un modelo de represión funcional a los intereses del sistema capitalista.

5.2- Es una expresión del terrorismo de Estado que busca desvertebrar el movimiento social: previniendo o exterminando cualquier brote de resistencia u oposición a los intereses de las clases en el poder.

5.3- Los efectos de la criminalización se evidencian en el moldeamiento de las expresiones de inconformidad social a las “formas” permitidas por el sistema; propósito al que consciente o inconscientemente, han cedido algunos sectores del movimiento social y de derechos humanos.

5.4- La judicialización impacta sicosocialmente a las comunidades y procesos organizativos, por lo que debe realizar una adecuada lectura de sus manifestaciones a efectos de evitar o frenar posibles focos de división y señalamientos al interior del Movimiento y su “desmovilización”;

5.5- La respuesta a la criminalización y judicialización del movimiento social debe ser integral. Tener en cuenta sus causas y todos sus efectos y por ende estar dirigida hacia distintos frentes:

5.5.1- Prevención

5.5.2- Formación política - creación o fortalecimiento de la conciencia política

5.5.3- Movilización - beligerancia

5.5.4- Defensa Jurídica y política del movimiento social.

5.6- Toda respuesta contra la criminalización y judicialización debe evitar la atomización, los personalismos, el culto a los liderazgos individuales y por el contrario promover la defensa del Movimiento social en su conjunto.

5.7- la respuesta a esta práctica del terrorismo de Estado, impone desenmascarar las instituciones y personas que desde los más altos niveles del poder diseñan las políticas de persecución judicial contra el movimiento social y sus intereses.

[1] La Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público; la Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; el daño en bien ajeno y la Asonada, son expresiones propias de esta modalidad

[2] Entrevista completa en http://www.lanacion.com.ar/826258-el-enemigo-tiene-menos-derechos-dice-g...