cOLOMBIA: Electricaribe Engendro del Neoliberalismo Rapante.

(Carlos Arturo Murcia Silva)

La Electrificadora del Caribe liquidada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es solo la secuela de las ofrendas que los gobiernos apátridas de Colombia le entregaron a las Multinacionales la operación del sector eléctrico para que se lucren a costa de altas tarifas, prestar un mal servicio, el empobrecimiento de la gran mayoría de nuestros conciudadanos, arrasar con las convenciones colectivas de trabajo. Ahora Gas Natural Fenosa, pretenden indemnizaciones millonarias en Euros, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). En estos Tribunales Internacionales, el Estado colombiano es débil por los contratos leoninos que le concede a las Multinacionales, en cambio ese mismo Estado, es fuerte frente a los Usuarios y Trabajadores que pagan los platos rotos.

En la edición de NoticiasUno del 26 de marzo de 2017, se informó que Inversionista español contradice lo que Gas Fenosa intentaría a hacerle a Colombia. Gas Natural Fenosa y el Canal Isabel Segunda son dos empresas españolas que interactúan entre sí e intercambian ejecutivos y negocios en América Latina. El portavoz de la segunda sostiene que para hacer ganancias en América Latina no tienen qué invertir ni un sólo euro. Pero la primera quiere cobrarle a Colombia mil millones de euros y se niega a reconocer su fracaso en Electricaribe.

Fue hasta mediados de 1998, que la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica -CORELCA – actuaba como responsable de la operación del sector eléctrico en la costa norte de Colombia en la Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de energía eléctrica a través de sus nueve empresas en los departamentos de Atlántico, Cesar, Guajira, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés y Providencia.

En el mismo 1.998, el Gobierno Nacional decide feriar las electrificadoras de la Costa Atlántica (Electrocosta – Electrocaribe), con el conocido cuento que eran inviables financieramente. Pero si eran viables para entregárselas al capital extranjero en una “oferta pública internacional”, siendo escogido el Consorcio Caribe Industries Holding, integrado por la Electricidad de Caracas, EDC y la Multinacional norteamericana Reliant Energy que ofrecieron 1 billón 438.752 millones de pesos (cerca de 1.000 millones de dólares para la época), quedándose con la mayoría accionaria. El Gobierno había fijado un precio de 1 billón 133.000 millones de pesos por las dos electrificadoras, que venían operando la distribución de la energía eléctrica en la Costa Norte colombiana. Este Holding se les adjudica inicialmente el 65% de las acciones de las Electrificadoras de la Costa. El 35% restante quedó en manos de la Nación representada en las anteriores electrificadoras y Corelca.

Este mismo consorcio extranjero había comprado en junio 5 de 1997, el 54.67% de las acciones de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. EPSA E.S.P., por un valor de 535 millones de dólares. Recordemos que EPSA E.S.P., proviene de la privatización del componente eléctrico de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, el 1° de enero de 1995.

En agosto 12 de 1.998, los “inversionistas extranjeros” deciden cambiar el nombre a las Electrificadoras de la costa por ELECTRICARIBE - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., que atiende los departamentos de Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. La Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P. (Electrocosta), queda funcionando en los departamentos de Bolívar, Sucre, y Córdoba. La capitalización efectuada fue de 550 millones de dólares. El área de influencia de las dos electrificadoras representa el 12% del territorio nacional. Son 7 departamentos de la Costa Atlántica colombiana con 186 municipios que ocupan una extensión de más de 132 mil kilómetros cuadrados. Con más de 9 millones de habitantes estos departamentos representan, el 21% de la población colombiana. Estas dos comercializadoras y distribuidoras de energía atienden a más de un millón 400 mil clientes, que equivalen al 15% de los clientes del sistema eléctrico de Colombia.

A la fecha Electricaribe suministra electricidad a más de 2,5 millones de usuarios e industria. Los gringos y venezolanos no aguantaron y vendieron su participación en Electricaribe a la Multinacional española Unión Fenosa, que venía presidida como una empresa de gran solidez económica e importante capacidad técnica y operativa.

En noviembre del año 2000, el Consorcio Houston Industries Energy Inc., y Electricidad de Caracas, vendieron su participación a Unión Fenosa de España.

Con la entrada de Unión Fenosa de España, a operar el sector eléctrico en la Costa Norte del país, dejo poblaciones enteras en la oscuridad; porque los pobladores no podían pagar las altas tarifas de la energía eléctrica, lo que llevo al gobierno nacional a responder por más de $50 mil millones, para evitar que los españoles se fueran (se dieron el lujo de amenazar con irse del país). Después hubo más desembolsos millonarios.

Cabe destacar que el Senador Hugo Serrano Gómez (Q.E.P.D), denunció en la época que las electrificadoras se vendieron pese a que no existían balances actualizados ni de ellas ni de Corelca. En su opinión, no se conocían con exactitud ni los activos, pasivos y el cálculo actuarial ha debido realizarse antes de proceder a llevar a cabo la capitalización.

Igualmente, la organización sindical SINTRAELECOL, dio la pelea por la defensa de lo público y la contratación colectiva, cuya beligerancia llevó a la Policía a usar gases lacrimógenos contra la población y trabajadores que unidos protestaron la entrega de las electrificadoras a las multinacionales.

En el proceso de privatizaciones del sector eléctrico colombiano, además de la entrega del patrimonio nacional, también se afectaron las comunidades indígenas, afrocolombianas, se arrasaron las convenciones colectivas de trabajo con asesinatos de dirigentes sindicales por paramilitares entre 1999-2003, entre ellos nuestro compañero y gran dirigente nacional de SINTRAELECOL Jorge Luis Ortega García y Odulfo Zambrano López. Las amenazas a dirigentes sociales no se hicieron esperar por defender sus territorios al oponerse a desvíos de ríos con afectación de las cuencas hidrográficas.

Las privatizaciones de los servicios públicos en Colombia, se convirtió en una política de Estado, apegándose al modelo neoliberal que se implementó en el mundo durante la década de los años noventa del siglo pasado. Se estableció un modelo de libre mercado, desmontando progresivamente la responsabilidad del Estado en la operación de los servicios públicos para que el sector privado asumiera este control que a la fecha es casi total. Siempre adujen los gobernantes para asumir el control de las empresas de energía del país, bajo el pretexto que la acción pública era incapaz de responder a las exigencias de cobertura y de tarifas.

Definitivamente el sector eléctrico colombiano, es un paraíso para los patronos nacionales y extranjeros. El caso es que con motivo del “fenómeno del niño” de 2015-2016, a la Planta de generación térmica Termocandelaria en Cartagena, recibió entre 2014 y 2015 la suma de $83.000 millones por el cargo de Confiabilidad, para tener listos los generadores ante una crisis energética en caso de desabastecimiento de electricidad en el país. La Superintendencia de Servicios Públicos la multo con $35.410 millones, al incumplir con sus compromisos al declarar indisponibles por dos días dos unidades de generación, según se conoció…. Como quien dice, le quedaron de ganancia a Termocandelaria $47.590 millones, luego de pagar la multa… ¿Como la ven?... Bacana mi cachucha…

En el 2003, se declaró el estado de inviabilidad financiera de las filiales de Unión Fenosa, la administración tomó una serie de medidas para evitar su quiebra: la capitalización de las empresas y el incremento de los subsidios al consumo y de las inversiones públicas en la infraestructura.

Precisamente, el aporte de dinero con fondos estatales ha sido el factor clave para la recuperación económica de la empresa. Es decir, el Estado colombiano ha asumido el peor papel tras la privatización de las compañías distribuidoras de electricidad de la Costa: siendo el socio minoritario del accionariado, es el que menos beneficios se lleva de su actividad, pero, al mismo tiempo, es el que realiza la mayor parte de las inversiones para que las compañías generen más ingresos.

Pero, sin duda, la medida que ha terminado de posibilitar la superación de la crisis de Electrocosta y Electricaribe ha sido la creación de Energía Social. Esta empresa ha llegado, incluso, a ganar un premio de Responsabilidad Social Corporativa a la innovación porque, según su propia publicidad, «supone crear una empresa dimensionada en función de las necesidades de los más pobres». Eso sí, detrás de esa cara amable se encuentra una compañía que deja en manos de la población con menores recursos económicos la responsabilidad del funcionamiento de un servicio básico. Y, además, ha servido como un factor de desmovilización social, ya que, a cambio de una remuneración económica, muchos líderes sociales han pasado a ser la representación de la empresa en el vecindario. Así, se han producido enfrentamientos en los barrios y se ha extendido una desconfianza sobre las organizaciones comunitarias. A pesar de que el objetivo declarado de Energía Social es construir un modelo de gestión sostenible, esta compañía sólo tiene sentido si se sigue prolongando el sistema de subsidios.

Una vez que se estableció en Colombia, Unión Fenosa incrementó la flexibilidad laboral, puso en marcha reducción de los salarios y eliminó las pensiones contempladas en los convenios colectivos. Además, contribuyó al debilitamiento de los sindicatos, mediante las ofertas de prejubilaciones y de privilegios a algunos cargos.

En el año 2009 Unión Fenosa y Gas Natural se fusionan en: GAS NATURAL FENOSA. Con esta fusión los indicadores de gestión se empeoraron. Esta multinacional administro 99.171,2 millones de pesos para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER – ley 789 de 2002 del artículo 105 reforma tributaria), para 87.639 usuarios en el período 2012-2014. Igualmente, se le asignaron 346.942 millones de pesos del Programa de Normalización de redes Eléctricas (PRONE) para la normalización de 102.540 usuarios, mediante la modalidad de cofinanciación: el Gobierno aportó el 79,95 por ciento, mientras que el operador puso el 20,05 por ciento. Asimismo, el Fondo de Apoyo Financiero para las Zonas no Interconectadas (Fazni), Ley 633 de 2000, financiado por cada kilovatio–hora despachado en la Bolsa de Energía Mayorista pagado por los agentes generadores de energía. El Fondo buscaba financiar planes, programas y proyectos de inversión destinados a la construcción e instalación de una infraestructura eléctrica que permitiera la ampliación de la cobertura y la satisfacción de la demanda en las zonas no interconectadas.

Al final, la Contraloría General de la República concluyó que hubo resultados deficientes en el desarrollo de los objetos de los contratos financiados con recursos públicos girados por el Ministerio y determinó hallazgos fiscales por 12.543,2 millones de pesos.

En el 2014, Electricaribe recibió $685.000 millones de parte del Estado Colombiano por conceptos de aumento de la cobertura, la mejora de la calidad del servicio, el cubrimiento de riesgos de cartera o el alivio de tarifas con recursos del fondo FSSRI. Finalmente se puede reseñar el Plan 5 Caribe: creado el año pasado para resolver la problemática que se viene viviendo con la prestación del servicio de energía en los 7 departamentos de la Costa a cargo de Electricaribe, que incluye inversiones en los sistemas de transmisión de energía nacional y regional a cargo del Gobierno Nacional y en el local a cargo de Electricaribe; las inversiones fueron calculadas sobre los $4 billones.

El precio de la energía se incrementó un 34% en 2015 provocado por las menores lluvias causadas por el efecto climatológico de El Niño. Esta situación ha provocado un incremento de la morosidad y del fraude que ha supuesto un empeoramiento de la situación y generado una mayor urgencia para resolver un problema existente desde la llegada de la Multinacional española.

Con estas problemáticas ocasiono que los usuarios agobiados por esta situación, no tuvieron otra alternativa los pobladores de la Costa Atlántica que salir a pelear agobiados por la crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica, alzas constantes para los estratos 1-2-3 especialmente, inestabilidad en el voltaje, cortes permanentes del servicio, instalación de acometidas y contadores sin el consentimiento del usuario, racionamiento disfrazados de mantenimiento durante 6, 8, y 12 horas diarias.

Los usuarios anunciaron el no pago de las facturas de energía. Ante la pobreza de los usuarios y argumentando la cultura del no pago, supuestos fraudes y robo de energía en los barrios subnormales, saltó el gobierno a justificar las privatizaciones sacando la Resolución 120 de 2001 de la Comisión de regulación de Energía y Gas Creg, donde se establecieron los convenios de servicios a los barrios Subnormales.

El gobierno por no aceptar el fracaso de las privatizaciones del sector eléctrico, en el marco de la Ley 812 de 2003 (Plan Nacional de Desarrollo), implementa la llamada Energía Social, reglamentada en los decretos 3734 y 3735, cuyo objeto es la normalización de redes y autogestión en zonas de difícil cobro u operación en barrios subnormales y extendiéndolos a municipios y corregimientos no conectados al sistema nacional, a los territorios insulares, a las áreas rurales de menor desarrollo y a las comunidades de difícil gestión. Con esta política, los monopolios que prestan el servicio de energía eléctrica logran legalizar usuarios, reducir perdidas no técnicas, ofrecer acceso al servicio en forma provisional según la capacidad de pago de los usuarios.

Para desarrollar el proyecto de Energía Social, se suscriben contratos para administración y cobro del servicio con líderes comunales, Mipymes (micros, pequeñas y medianas empresas), que representan supuestamente a la comunidad.

Para evitar más privatizaciones y saqueos del sector eléctrico colombiano SINTRAELECOL, ha solicitado en reiterada ocasiones el reconocimiento de las Electrificadoras que aún son estatales como patrimonio regional, además, hemos denunciado como organización sindical las argucias utilizadas por el gobierno, para la desvalorización de las empresas, haciéndolas más apetitosas a la voracidad de las multinacionales y desde ya, alertamos a la Opinión Pública en general, sobre la nueva masacre laboral que se suscitaran a raíz de la liquidación de Electricaribe, donde nuestros compañeros tienen pactada convención colectiva de trabajo e independiente de la solución final que se le dé a esta crisis se debe respetar la contratación colectiva, como medio democrático amparado por el Estado colombiano y la OIT. No es posible, ni entendible que, en medio de semejante derroche de recursos del Estado, nos vayan a cobrar a los trabajadores y usuarios los platos rotos. Por ello, siempre hemos invitamos a todos los trabajadores, usuarios y población en general, a defender la soberanía nacional, los bienes del Estado, la producción y el trabajo. No es culpa de los trabajadores los malos manejos de los gobiernos neoliberales en contubernio con privados y multinacionales del fracaso de las empresas del sector eléctrico.

Acolgen que defiende la “institucionalidad” recuerda que Electricaribe les debe a las generadoras unos $270.000 millones. Como se puede observar el Estado colombiano, ha hecho inversiones cuantiosas para mantener a flote el sector eléctrico a costa de mantener altas tarifas y gravar a la población que muchas veces dejar de comer por pagar los servicios públicos domiciliarios.

Para completar su negociazo la Multinacional española Gas Natural demandará a Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). De esta manera la Multinacional reacciona ante la liquidación de su filial Electricaribe. Por lo anterior pedirá una indemnización de 1.000 millones de euros (1.071 millones de dólares), cifra que ya trascendió y que supone más del doble del valor contable de Electricaribe de 475 millones de euros (508 millones de dólares).

La Multinacional española Gas Natural Fenosa sigue en Colombia a pesar de la crisis de Electricaribe

El Grupo Gas Natural de España, está en Colombia desde 1996 en el negocio del Gas. A pesar de la demanda al Estado colombiano por el caso de Electricaribe, este Grupo español, sigue firme en el país, con su otro negocio el del GAS NATURAL FENOSA, en 20 años pasaron de 500.000, usuarios a más de 2.800.000 a la fecha. Tienen presencia en Bogotá con la mayor operación. En Bucaramanga – Barrancabermeja, tienen participación en Gasoriente. En el sur del Cesar con Gasnacer y en Cundinamarca – Boyacá con Gas Cundiboyacense.

También van a incursionar en la parte de gas vehicular, teniendo en cuenta que en Bogotá más del 60% de los taxis utilizan gas, lo mismo que el transporte de este elemento. ¿Nos preguntamos, nos espera otra demanda contra el Estado colombiano, cuando sucumba sus negocios con el gas? Habrá dinero suficiente, para pagar las demandas de las Multinacionales contra Colombia. ¿Otra reforma tributaria?

Con la liquidación de ELECTRICARIBE que hizo la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, se le enreda a Colombia el ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que es un organismo intergubernamental que lo conforman 35 países comprometidos con las economías de mercado que representa algo así como el 70% del PIB mundial. Por América Latina solo están México y Chile. Este ente internacional, creado en 1961 y con base en Paris, lo denominan “El Club de los Países Ricos”, que entre sus políticas buscan condicionar a las economías pequeñas a los interese y permanencia dominante de las economías grandes, por ello, el principio básico de la OCDE consiste en aumentar las cargas al trabajo y disminuirlas al capital, tal como se ha aplicado en las reformas tributarias desde 1990.

En situaciones de déficit fiscal creciente, como en la actualidad, la OCDE promueve la privatización de empresas estratégicas, aumento de impuestos indirectos y mantenimiento de las exenciones tributarias al sector minero-energético y financiero. Bajo estas doctrinas económicas se basan las recomendaciones más recientes como profundización de la apertura comercial (eliminación de aranceles), ajustes fiscales conforme a la Regla Fiscal y mantener una tasa de cambio flotante.

La OCDE, condiciona a Colombia para permitirle entrar a su selecto grupo que realice una Reforma Laboral que se concentra especialmente en 1) determinar el incremento del salario mínimo sólo con la inflación y, a mediano plazo, diferenciar el salario mínimo por edades; y 2) adoptar medidas adicionales para reducir aún más los costos laborales no relacionados con los salarios y, en particular, eliminar la contribución de 4% sobre la nómina que financia el sistema de cajas de compensación y en el mediano plazo el régimen subsidiado de salud.

La OCDE desconoce la legislación colombiana y las sentencias de las altas cortes que garantizan la remuneración mínima vital y móvil con la cual el salario mínimo que debe estar por encima de la inflación y se le debe sumar la productividad laboral. La Organización desconoce que la OIT en el Convenio 131 (sobre la fijación del salario mínimo con especial referencia a los países en desarrollo) señala que para determinar los salarios mínimos se deben tener en cuenta las necesidades económicas de los trabajadores y sus familias. Hoy en Colombia el “elevado salario mínimo” criticado por la OCDE no alcanza para satisfacer las necesidades de las familias promedio en Colombia: En Colombia, el salario mínimo alcanza para cubrir 90% de las necesidades básicas, y para el caso de las familias más pobres apenas 70%. Es decir, el salario mínimo no cubre con los gastos mínimos mensuales de una familia en Colombia. (OIT, 2014).

La OCDE, también busca que en Colombia, se realice una Reforma Pensional concentrada en 1) Fortalecer los Fondos Privados de Pensiones re-trasladando afiliados del régimen público al privado, para que en el largo plazo se elimine el régimen solidario de Prima Media, 2) Equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres en 65 años y evolucionar a un incremento de la edad de jubilación en línea con la esperanza de vida, 3) Permitir pensiones por debajo del salario mínimo y 4) aumentar la cobertura del programa BEPS donde el Estado subvenciona parcialmente a pensionados de estratos bajos (programa pensional tipo “Sisbén subsidiado”).

La OCDE recomienda una propuesta de Reforma Tributaria Estructural donde se incluye: 1) Reducir la carga tributaria sobre la inversión disminuyendo paulatinamente la tasa del impuesto a la renta empresarial, retirando gradualmente el impuesto al patrimonio neto sobre las empresas y eliminando el IVA a la inversión. 2) Aumentar la base del impuesto a la renta personal y eliminar algunas exenciones. 3) Aumentar el IVA al 19% y aumentar base (eliminar exenciones a bienes). 4) Simplificar impuestos regionales y 5) Vincular las transferencias territoriales a los ingresos estructurales del gobierno central, en línea con la regla fiscal (eliminar el Sistema General de Participaciones).

En síntesis, si Colombia finalmente entra a la OCDE, nos acabamos de Joder, con J grandota.

Contexto

Corría el fuerte verano del año 1992, cuando el racionamiento de energía eléctrica puso en evidencia el abandono del Estado colombiano al sector eléctrico. Este fue el detonante mayúsculo que sirvió de pretexto para que el gobierno de Cesar Gaviria, puso en marcha la política neoliberal que estaba incrustada en la recién aprobada Constitución Nacional de 1991. Con esta, llegó la legión de Multinacionales ávidas de obtener fáciles ganancias en nuestro territorio. Escogieron los sectores estratégicos de la economía del país: el Sector Energético, Financiero, Transporte, Comunicaciones, Servicios Básicos, (acueductos y alcantarillado, salud, seguros, entre otros).

Al Sector Energético en especial el sector eléctrico que nos ocupamos en este escrito, la C.N. en su artículo 365, abrió las puertas a que los particulares pudieran entrar a prestar los servicios públicos. En 1994, se expidieron las Leyes 142 (servicios públicos domiciliarios) y 143 (régimen de las actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica). Con estas dos leyes neoliberales colocaron las condiciones favorables a las multinacionales, empezando la feria de la entrega de las empresas de servicios públicos estatales a ellos. Los gobiernos neoliberales de Cesar Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe I y II, Santos I y II, se encarnizaron a entregar el patrimonio nacional a las Multinacionales y particulares de la oligarquía nacional a menos precio.

Fue entonces cuando aparecieron las Multinacionales: Houston Industries y Electricidad de Caracas, Unión Fenosa, Endesa (CODENSA: Distribución – Comercialización y EMGESA: Generación energía eléctrica), Enel, Gas Natural Fenosa (intervenida y liquidada por la Superintendencia de Servicios Público, luego de operar Electricaribe con Energía Social de la Costa y Energía Empresarial de la Costa). La Ultraderecha, le quiere meter mano a lo que queda de Electricaribe, para su festín electoral con mira a las elecciones del 2018. Sabemos que estos encarnizados neoliberales, lo primero que hacen es culpar a los trabajadores de los problemas de la empresa para borrar de un tajo la Convención Colectiva de Trabajo para luego seguir subiendo las tarifas a los usuarios. En cambio, los dueños españoles de Gas Natural Fenosa, se irán con las manos llenas y/o, en el peor de los casos como ya ocurrió demandan al Estado en los Tribunales Internacionales.

Por ello es importante que tanto la población golpeada por el mal servicio de Electricaribe y los usuarios en general, ligas de usuarios de los servicios públicos domiciliarios, vocales de control y trabajadores del sector eléctrico colombiano nos unamos para evitar que pasemos de Guatemala a Guatepeor, como ha ocurrido en otros casos, donde los politiqueros hacen feria con la empresa, en perjuicio de la población y trabajadores, ya que los nuevos dueños, lo primero que hacen es golpear a los trabajadores, cobrar altas tarifas, abaratar la mano de obra con trabajadores tercerizados y pare de contar. Todos unidos para la defensa de los usuarios, buen servicio y trabajadores organizados.

Unidad – Organización y Lucha

Es mi opinión sobre la crisis de Electricaribe que afecta a los usuarios y trabajadores del sector eléctrico colombiano al cual pertenezco.

Saludos fraternos,

Carlos Arturo Murcia Silva

Srio. Comunicaciones SINTRAELECOL Subdirectiva Dagua – Valle

Original firmado - Email: carartmus@gmail.com

Fuentes consultadas:

Opinión y archivo de carartmus - Web: omal.info - Redacción periódicos: El Tiempo- El Espectador – El Universal de Cartagena – El Heraldo - Web - © Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. - ecp escola de cultura de pau – Dic. 2005 - ODG- Observatorio de la Deuda en la Globalización - Informe Seguimiento social en el Caribe colombiano a la corporación Unión Fenosa. Martha Rincón. Censat Agua Viva - Centro de Estudios del Trabajo Cedetrabajo (Recomendaciones de la OCDE a Colombia-cómo trasladar la crisis a los trabajadores) www.censat.org - Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca-ACIN 2004 - http://nasaacin.net/noticias.htm, - Servicios Públicos de la Red de Veedurías de Colombia-razonpublica.com - NoticiasUno - Agencia EFE. - http://colombia.indymedia.org/news, y “La Dignidad sin Precio” - documento elaborado por el “Proceso de Comunidades Negras Nacional” (PCN), 04/2005.

ZONA CERO - @ZONACERO

Cali – Colombia, marzo 27 de 2017