Alerta, Alerta los EE.UU, quiere incorporar a Honduras a la OEA, sin acuerdo y sin compromisos.

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Mayo de 2011

Embajada de Argentina

Respetable Señor Embajador,

El honor de dirigirnos a usted de forma decorosa provoca la oportunidad ineludible de

referirnos en particular a la situación actual de Honduras, que vive los efectos del Golpe de Estado

consumado el 28 de junio del 2009 contra el Presidente Manuel Zelaya Rosales, y sobre todo contra

la voluntad de un pueblo, que pese a las deudas y obligaciones sociales y económicas pendientes de

la democracia, ha seguido confiando en el sistema representativo como forma de alcanzar los niveles

de desarrollo esperados. En coherencia con su carta democrática, La Organización de Estados

Americanos decidió la salida de Honduras del sistema interamericano, y su suspensión con las

condiciones previsibles se mantiene vigente hasta estos días.

Los esfuerzos de la OEA por revertir la situación política en Honduras fueron reconocidos

ampliamente por el concierto de naciones, que vieron en nuestro país un espacio geográfico de

experimentación para enderezar el rumbo de las democracias, y para adoptar mecanismos que en lo

sucesivo las protejan de las amenazas de desestabilización de parte de sus enemigos, que hacen

prevalecer sus intencionalidades geopolíticas por sobre el interés decidido de los pueblos a auto

determinarse por sí mismos bajo reglas de juego transparentes.

A pesar de no estar de acuerdo con un enfoque que privilegiaba como raíz del rompimiento al

orden constitucional, la existencia de dos partes del poder público en conflicto, el pueblo hondureño

depositó la confianza en los esfuerzos diplomáticos de los Acuerdos San José- Tegucigalpa. Sin

embargo, tanto ustedes como el mundo pudo advertir el actuar de un gobierno usurpador que con sus

demoras y dilaciones le ganaron la batalla al tiempo y a la solución del conflicto. De nuevo la buena fe

se vio defraudada, y esto ha arrastrado como un saldo de impunidad, a un Presidente Legitimo en el

exilio forzado, con una serie de procesos penales en su contra, en los que se le han violentado el

debido proceso, el derecho de defensa, el manejo regular de cadenas de custodias y se ha

manipulado la generación de medios probatorios, a cargo de un sistema de justicia comprometido

desde siempre con el imperio de la ilegalidad y enemigo del pluralismo político.

Una interpretación limitada de la realidad nos llevaría a pensar que al irse el régimen de facto

del señor Roberto Michelleti Bain se iría consigo la dictadura y su lógica de represión. No obstante, la

realidad nos ha persuadido de lo contrario, porque el rompimiento al orden constitucional obedece a

causas de carácter estructural y sistémico que no se desvanecen con la sustitución de un régimen por

otro sino que se han orientado al despojo progresivo de los derechos económicos y sociales

adquiridos por el pueblo a lo largo de una historia de luchas y conflictividades sociales. Es bajo ese

marco actual que se encaminan los esfuerzos de un pueblo que no está dispuesto a renunciar a sus

conquistas económicas y sociales, que hoy figuran en nuestra normativa vigente incorporados en el

catalogo de derechos constitucionales de segunda generación, y es ese el argumento que nutre las

acciones de un Estado que pretende imponer el proceso de erosión de derechos y garantías

sociales, a través de un régimen de fuerza y de eliminación selectiva de líderes sociales.

La preocupación embarga el ánimo del pueblo hondureño, al conocerse de la atmósfera que

está creando la declaración pública de varios países suscriptores de la carta democrática de la OEA,

de apoyar la reincorporación de Honduras al sistema interamericano, desatendiendo y soslayando las

relaciones de poder político existentes en nuestro país, que desconocen el elemental respeto a los

derechos humanos, como indicador principal del progreso del Estado de Derecho y núcleo de

legitimidad del sistema democrático. Estas afirmaciones no son solamente eso, ni sus señalamientos

parten de apreciaciones subjetivas, se fundan sobre todo en los informes técnicos de organismos de

derechos humanos validados internacionalmente como Amnesty International, Human Rights Watch y

los organismos de Protección nacionales que viven a diario esta realidad.

Por otra parte, la mayoría de sectores representativos que en Honduras se opusieron

activamente al golpe de Estado, han conformado una Comisión de Verdad, la que trasciende los

niveles puramente descriptivos, en contraposición a La Comisión de la Verdad juramentada por el

Gobierno del Señor Porfirio Lobo Sosa que no tiene ninguna clase de respaldo, en primer orden

porque nació con los defectos de un Acuerdo diplomático incumplido( Tegucigalpa-San José), en

segundo lugar porque la mayoría de sus miembros han sido parte del aparato legitimador del

régimen de facto, y hoy ocupan posiciones oficiales de defensa del gobierno actual, y en tercer

orden, porque no se integró en ella a miembros de los grupos que se oponían al golpe en Honduras.

Pareciera pues, que el régimen de facto instalado por el señor Roberto Micheletti ha ganado

el pulso de forma metódica contra la democracia en Honduras, porque pese a que estuvo muy poco

tiempo al mando del poder político, las denuncias por corrupción pública han sido desoídas por un

Ministerio Público y una Corte Suprema de Justicia que ha antepuesto su sistema de lealtades

personales por sobre el peso de sus obligaciones oficiales, y para el caso, el General Romeo

Vásquez Velásquez, Jefe de las Fuerzas Armadas que materializó el golpe de Estado ocupa

actualmente la Presidencia de la principal empresa estatal en Honduras, la Empresa Hondureña de

Telecomunicaciones (HONDUTEL) y otros generales y coroneles que fueron operativos en las

acciones que condujeron a la ilegal expulsión del país del Presidente Zelaya, ocupan ahora la

Jefatura de las Fuerzas Armadas y varias Agregadurías militares en Embajadas de Honduras.

Consideramos que para que Honduras sea aceptada nuevamente en la OEA, los

Estados miembros, deben esperar al menos el paso de otros seis meses, hasta que el informe de la

Comisión de la Verdad esté concluido y se haga público.

Una decisión que tendrá un impacto directo y significativo en el futuro de las democracias en

el Hemisferio, no debe adoptase con suma ligereza, porque los actores presentes del golpe verían en

ello, una bendición que se añade a sus sistemas de canonjías e impunidad, los actores futuros

enemigos de las democracias inferirían que el castigo es infinitamente menor a la ganancia

geopolítica y económica y los pueblos perderían confianza en los controles democráticos del sistema

interamericano, y tendrían como ilusorio el principio de autodeterminación de los pueblos, que se

encuentran indefensos ante la imposición de sistemas de fuerza. Una decisión en junio en la

Asamblea General de El Salvador se puede presentar como crucial para darle o restarle legitimidad al

sistema interamericano.

La readmisión de Honduras a la OEA, pasa indefectiblemente por constatar in situ las

sistemática violación de los Derechos Humanos en Honduras y por esperar los resultados a que

arribe la investigación de la CV; hacerlo inadvirtiendo estos presupuestos, es lavarle el rostro a una

sucia conspiración político -militar que usurpó la voluntad de un pueblo y que sin dudas profundizará

las divisiones en el país. La readmisión a la ligera de Honduras en esta etapa contribuirá a

un modelo - casi un plan - para los actores de otros países latinoamericanos en el futuro, que sabrán

que a) puede llevar a cabo golpes de estado, b) se puede limpiar un golpe con las elecciones (no

importan como problemáticas que sean, las elecciones) y c) el estado post-golpe se

recibirá en la comunidad interamericana a pesar de un grave deterioro de los derechos humanos y el

estado de derecho.

Podemos afirmar, que aunque el único punto de referencia para la OEA es el informe que

puede arrojar la CVR, Junio es demasiado temprano para que el sistema interamericano pueda

adoptar las recomendaciones de la CVR, que van desde la recomposición del Estado de Derecho, lo

que implica la constitución del imperio de la ley como expresión de la soberanía popular, la sujeción

de todos los poderes públicos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico y garantía procesal

efectiva de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, hasta la existencia de unos

órganos que institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan un emplazamiento

constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente estos derechos y garantías..

Las recomendaciones de la CVR darán paso a que se cumplan por parte del Estado, para

observar en un término de tiempo prudencial si la respuesta está teniendo un

impacto significativamente positivo sobre los derechos humanos, el Estado de Derecho y la

gobernabilidad democrática. Siendo ese el caso, si los Estados miembros de la OEA readmiten

a H o n d u r a s p o c o d e s p u é s d e l i n f o r m e d e l a C V R , l a c o m u n i d a d

interamericana pierde un importante punto de influencia, y tal vez lo pierde decisivamente. Los

incentivos para cooperar con las reformas positivas desaparecerán para los actores sociales, políticos

y económicos que no quieren la reforma, por no hablar de la reforma profunda, en Honduras.

Esperamos que su ilustrado Gobierno tome en consideración nuestras reflexiones e inicie de

inmediato un procedimiento positivo de protección de las democracias, para que en forma preventiva

o a posteriori se desarticulen las intenciones de los enemigos de la democracia.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle a Su Excelencia, las seguridades de nuestra más

alta y distinguida consideración.

Thomas Loudon

Secretario Ejecutivo

Comisión de Verdad Honduras

Su Excelencia

Señor Martín Gomez Bustillo

Embajador

Representante Interino de Argentina

Ante la Organización de los Estados Americanos

Washington D.C.

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