4. EL ESTADO BUROCRATICO AUTORITARIO

Preparación del golpe de Estado e instauración del Estado Burocrático-Autoritario

Las nuevas características del golpe que terminó con el gobierno constitucional de Illia merecen algunos comentarios. La campaña contra el gobierno había comenzado mucho antes de la asonada y contó con el apoyo de algunos especialistas científicos como sociólogos, psicólogos, y una parte importante de la prensa. Los argumentos elegidos eran la ineptitud e ineficacia del gobierno. La campaña de acción psicológica, dirigida a desacreditarlo no solo a él, sino también al sistema parlamentario, se centraba en la supuesta existencia de un “vacío de poder”.
Se caricaturizaba al presidente como una tortuga o una paloma. Algunas publicaciones formadoras de opinión, como las revistas Primera Plana (1962) y Confirmado (1965) destacaban las diferencias entre el inmovilismo atribuido a Illia, y la eficiencia modernista de las fuerzas armadas, convertidas, según Cavarozzi, en la reserva moral que gestaría la Argentina del mañana. Desde estas publicaciones, vinculadas a los políticos del Frente Nacional y Popular se sostenía la necesidad del advenimiento de una nueva legitimidad, “la ideología tecnocrática de la modernización autoritaria que abriría una grandiosa perspectiva al país” . La palabra clave era “la nueva mentalidad” a la que adherían los militares industrialistas, y se sumaban poderosos sectores de la clase dominante -empresarios industriales y del agro nacional, más los de empresas transnacionales- y los sindicatos peronistas . Los partidos democráticos opositores más pequeños tampoco fueron ajenos al clima político que se iba creando en la república y no rechazaron abiertamente la posibilidad de un golpe.
Esta campaña dio sus frutos: la sociedad argentina empezó a desear y esperar el cambio. El golpe se convirtió en un “golpe anunciado”. Diariamente se especulaba con la fecha en que tendría lugar. La ciudadanía, haciendo gala de escasa conciencia cívica permaneció pasiva, esperando al “salvador” prometido por la propaganda. Muchos se alegraron y sólo muy pocos advirtieron la seriedad de la situación. La actitud de los militares –quienes se consideraban los únicos capaces de reparar los males del país- y la alegre displicencia de la sociedad -que encontraba alivio en abjurar de los políticos, y por extensión del sistema representativo- eran un claro presagio de lo que vendría después. Hasta 1966 los militares habían tutelado a los gobiernos civiles. Se produjo así un fugaz entendimiento entre viejos enemigos . En ese pacto no escrito, el gobierno constitucional sobraba. El golpe militar, entonces, tuvo la característica de un trámite administrativo: sin movimientos importantes de tropas, sin enfrentamientos armados, y lo que es más importante, sin reacción popular.
Después de 1966 las Fuerzas Armadas tomaron directamente el gobierno, atribuyéndose cada vez más poderes y mayor violencia en la represión .
Las Fuerzas Armadas no constituían un bloque homogéneo tal como lo demostraron los enfrentamientos entre azules y colorados. O’Donnell señaló la existencia de una corriente interna paternalista, liderada por el general Onganía, que se identificaba con la idea de construir una comunidad a imagen de la organización militar e instaurar un orden político semejante al franquismo. La corriente nacionalista, encarnada en el general Roberto M. Levingston, aspiraba al populismo nacional con la movilización del pueblo y las Fuerzas Armadas. La orientación liberal representada en los generales Julio Alsogaray y Alejandro A. Lanusse mantenía estrechos vínculos con las clases dominantes y su proyecto político-económico. En tiempos se baja amenaza social estas diferenciaciones eran evidentes, sin embargo, en épocas de alto nivel de conflicto aparecía una mayor cohesión militar, sobre todo en el caso de los temas económicos.
El día del golpe el Ejército cercó Plaza de Mayo, ocupó las radios, televisión, centrales telefónicas y el correo, desde donde le dio seis horas al presidente Illia para renunciar. Como no lo hizo fue expulsado de la Casa Rosada y enviado a su domicilio. No hubo reacción civil o militar en defensa del presidente constitucional. La opinión pública “esperaba” este golpe convencida del carácter mesiánico de la acción del general Juan Carlos Onganía. La propaganda opositora acusaba al gobierno de Illia de representar solo la “legalidad formal” y le oponía una nueva visión del Ejército como última reserva moral de la Nación. La prensa hablaba de una grave situación. Lo que en realidad ocurría era que la política económica del gobierno frenaba el proceso de transnacionalización; traía inquietud en los agentes económicos al deshacer la estrategia desarrollista de Frondizi y, en lo político, no garantizaba el mantenimiento de los peronistas fuera del sistema.
El 28 de junio los comandantes en jefe de las tres armas formaron una junta revolucionaria que destituyó al presidente y vicepresidente, a los miembros de la Suprema Corte y a los Gobernadores e intendentes electos. El Congreso, las legislaturas provinciales y los consejos municipales fueron disueltos; los partidos políticos prohibidos. La junta de comandantes nombró presidente de la República al general Juan Carlos Onganía. La Constitución Nacional fue reemplazada por el Estatuto de la Revolución Argentina, y no se fijaron término para restablecer el orden constitucional.
Las reacciones negativas se dejaron oír por parte de la izquierda nacional aunque casi nadie salió en defensa de las autoridades derrocadas. Sólo la Universidad de Buenos Aires mostró hostilidad al régimen de facto, conocedora de la aversión que provocaba entre los militares las ideas sobre la libertad de cátedra y el gobierno autárquico de los claustros. Onganía respondería con la intervención a las universidades a escasos treinta días del golpe.
Los sectores del empresariado, la Iglesia y las clases medias urbanas vieron con agrado lo que creían era el comienzo de una era de grandeza para la Nación. El peronismo político y sindical adhirió, el propio Perón, desde el exilio, convocó a apoyar tácticamente a las nuevas autoridades puesto que los “objetivos de la revolución militar” coincidían con los del movimiento peronista. Los cuadros intermedios del peronismo disfrutaban de esta veda política que había quitado de la escena a sus adversarios “gorilas” y les permitía reeditar el idilio de la clase obrera organizada con el ejército.
En los primeros documentos los golpistas proclamaban su voluntad de actuar contra los extremismos, “neutralizar la infiltración marxista y erradicar la acción del comunismo”. Unos días después, el general Onganía dio a conocer el texto de la “Directiva para el planeamiento y desarrollo de la acción de gobierno” donde explicaba sus objetivos: Combatir el estado general de descreimiento de la población; la infiltración comunista; el desequilibrio económico regional y el individualismo. El presidente aclaró también que las Fuerzas Armadas no gobernaban ni cogobernaban, esto significaba que los militares debían permanecer en sus cuarteles, sin inmiscuirse en las cuestiones políticas. Estas se reemplazarían por acuerdos entre los técnicos del Estado y los gerentes de las grandes empresas.
El planeamiento en las políticas de gobierno tenía como objetivo alcanzar el desarrollo a través de alentar la iniciativa privada, el crecimiento de las inversiones extranjeras y la limitación del intervencionismo estatal en la economía. El asalto del poder político por parte de los militares paternalistas y liberales tenía por objeto no sólo reemplazar el régimen de gobierno sino replantear las relaciones entre los distintos actores y el Estado. El nuevo modelo de Estado que O’Donnell llama “burocrático-autoritario” surgió cuando las cúpulas de las organizaciones empresariales y del Ejército tomaron el poder para asegurar la subordinación de la sociedad a los intereses de la gran burguesía; restablecer el orden en la economía; excluir de la participación a los sectores populares para poder retomar el proceso de transnacionalización; suprimir la ciudadanía y la democracia política; garantizar la acumulación de capital en beneficio de las unidades monopólicas u oligopólicas; y asegurar la despolitización del conflicto social .
La reestructuración del aparato estatal se realizó a partir de tres sistemas institucionales: el de Planeamiento, el de Consulta y el de Decisiones que funcionaban como regimientos dentro de una división . El primero incluía el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONACYT); el segundo, asesores, y el último, cinco ministerios con sus respectivas secretarías de Estado.
Al mismo tiempo se propuso organizar a la comunidad para que participara a través de sus instituciones tradicionales -como la familia, el municipio, las asociaciones profesionales-; pero esto no fue fácil y encontró la resistencia de las viejas organizaciones políticas de fuerte arraigo en la Argentina.

4.1.2 El Onganíato (1966-1970)

La obsesión del gobierno por el orden moral hizo aparecer las primeras nubes en el idilio que había mantenido con la sociedad hasta el momento. La campaña oficial para restablecer la moralidad se hizo sentir a través de un estricto control del comportamiento de las personas en el ámbito público y privado, de la censura en todas las expresiones culturales sospechadas de corromper al pueblo. Toda idea que no coincidiera con la visión católica preconciliar del grupo paternalista del Ejército estaba prohibida. En tanto, los dirigentes de la organización antisemita Tacuara, compuesta por nacionalistas de derecha sospechosos de haber perpetrado algunos atentados contra la comunidad judía, eran recibidos en la Casa Rosada
La Universidad “politizada” fue intervenida el 29 de julio. Se puso así fin a la autonomía, incorporando a los rectores y decanos al Ministerio del Interior. El conflicto se agravó ya que la policía ingresó en los establecimientos y provocó un grave enfrentamiento con los estudiantes en Córdoba y Buenos Aires. Se conoce como la “noche de los bastones largos” el episodio de desalojo de los estudiantes y profesores de las Facultades de Ciencias Exactas y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Muchos profesores de esta Casa de Estudios renunciaron y se exiliaron. Con su partida se cerraron institutos y laboratorios de renombre internacional, cuyos investigadores emigraron a países del mundo industrializado. Allí fueron muy bien recibidos, y en el país se produjo una pérdida de capital humano formado a expensas de la sociedad, que nunca se reconstituyó.
La legislación de la Revolución de Argentina se basaba en la hipótesis de guerra contra el comunismo. En ese sentido, las leyes de Defensa Nacional (octubre de 1966) y la de Servicio Civil de Defensa (marzo de 1967) definieron las incumbencias para garantizar la seguridad en tiempos de paz y si llegara el caso, la militarización de la vida civil en tiempos de turbulencia.
En el Estado excepcional de Onganía coexistían dos tendencias: los nacionalistas y los liberales. En las áreas culturales y de manejo político - Ministerios de Educación, Bienestar Social e Interior - se integró a nacionalistas moderados y católicos sociales. En economía, luego de los primeros intentos de la mano de Héctor Salimei, representante del empresariado nacional, los militares desarrollistas lograron sustraer los temas económicos al debate político para ponerlo en manos de técnicos formados en concepciones que ponían el énfasis en la productividad, la racionalización y la transnacionalización.
Los centros financieros internacionales avalaron al nuevo ministro de Economía Krieger Vasena, que ya había formado parte del gabinete nacional como ministro de Hacienda de Aramburu durante el período de la Revolución Libertadora. Krieger Vasena lanzó en marzo de 1967 su Plan de Estabilización que compartía algunos rasgos con los de 1952, 1959 y 1962. De inspiración liberal, el plan tenía como objetivos principales bajar los índices de inflación y luchar contra el déficit fiscal. Comprendía una drástica devaluación del 40%, un congelamiento obligatorio de los salarios por veinte meses, renovando el compromiso en favor de las inversiones extranjeras. Los beneficios obtenidos por los exportadores y hacendados como consecuencias de la devaluación fueron gravados con “retenciones”, impuestos a las exportaciones que se destinarían a la inversión estatal para estimular la economía, hasta tanto se modificaran las expectativas y se produjera su relevo por la inversión privada.
El acento puesto en aumentar las exportaciones vía reducción de costos afectó a los trabajadores de la industria y de los servicios. Se consideraba que para acelerar el crecimiento era necesario privilegiar la acumulación de capitales. Esto significaba reducir algunas conquistas producto de una legislación laboral que, a juicio de los gobernantes, había distribuido el ingreso en favor de los obreros antes de que el proceso de industrialización estuviera maduro. Esta, suponían, era la causa del retraso argentino en la formación y acumulación del capital, y debía ser modificado drásticamente para modernizar la economía.
En poco tiempo hubo resultados sorprendentes, disminuyó la inflación, crecieron la industria y las inversiones productivas. El Estado duplicó sus obras públicas en caminos y energía. Aceleró la construcción de la represa El Chocón en Neuquén y se tendieron nuevos puentes sobre los ríos Paraná y Uruguay. Los organismos internacionales y los centros financieros del mundo tuvieron una reacción muy positiva frente a lo que catalogaban como el milagro económico argentino.
Sin embargo, la estrategia económica del gobierno entraba a menudo en conflicto con las tradiciones y valores permanentes de las Fuerzas Armadas. El nacionalismo y catolicismo del grupo que acompañaba a Onganía no comulgaba siempre con el pensamiento y modo de vida más liberal de otros dirigentes relacionados con las grandes empresas multinacionales acostumbrados a las formas de vida menos acartonadas de las grandes ciudades.
La política de Krieger Vasena aceleró la transnacionalización de la economía argentina, produciendo numerosas compras de firmas nacionales por empresas extranjeras. Mientras las cuestionadas empresas estatales se mantenían en manos del gobierno nacional -YPF, SEGBA, SOMISA entre otras-; gran parte del resto de la actividad económica pasaba a manos extranjeras, lo que era un contrasentido respecto a los objetivos de alcanzar la grandeza nacional, enunciados por el presidente y los comandantes en la proclama de junio de 1966.
Los empresarios nacionales resistieron los intentos de modernizar el sistema fiscal y fue imposible poner un impuesto sobre la renta potencial de la tierra que hubiera forzado a los propietarios rurales a aumentar la productividad o vender sus tierras. En las organizaciones empresarias industriales medianas -CGE y CGI- se hizo visible la segmentación que producía el modelo. Mientras la dirigencia, -generalmente grandes o medianos empresarios propietarios modernos- se eslabonaba con las empresas transnacionales o eran contratistas del Estado, las bases del empresariado -formadas por las firmas menos dinámicas o los sectores con más dificultad para competir- se encontraban en desventaja. Desde algunos de estos sectores hubo críticas y dudas respecto del programa que no lograron torcer el rumbo.
Onganía, que actuaba más como monarca absoluto que como árbitro, dividió su plan de gobierno en tres etapas sucesivas: el tiempo económico, en él se produciría la reorganización de la economía; luego vendría el tiempo social, en ese período se pensaba mejorar los salarios; al que le seguía el tiempo político, en él se transferiría el gobierno a los civiles, total o parcialmente.

4.1.3 La situación sindical

En el plano sindical, los dirigentes peronistas estaban dispuestos a colaborar con el gobierno. Una manifestación pública de esto fue su presencia en el acto de asunción del general Onganía como presidente de la Nación. Sin embargo, los sacrificios que el plan económico exigió de los trabajadores -como el congelamiento de salarios, la reducción de la indemnización por despido, la elevación de la edad de jubilación a sesenta y cinco años y el rápido deterioro de los salarios reales- mostraron la verdadera cara de la Revolución Argentina. La reacción obrera no se hizo esperar a pesar de que la ley 16936 (1966) establecía el “arbitraje obligatorio” por parte del gobierno en los conflictos laborales y prácticamente prohibía las huelgas.
En las empresas estatales, la racionalización administrativa se puso en marcha. En octubre de 1966, la ley de reorganización de los puertos alteró las condiciones de trabajo de los estibadores que se declararon en huelga por tiempo indeterminado. Las autoridades del Sindicato Unido Portuarios Argentinos fueron destituidas e intervenida la institución. Así serían tratados de aquí en más los sindicatos rebeldes. El dirigente portuario Eustaquio Tolosa hizo un llamado a la Federación Internacional de Transportes para que declararan el boicot a los buques argentinos en todos los puertos del mundo. En respuesta el gobierno lo condenó a cinco años de prisión.
En los ferrocarriles se hicieron efectivos numerosos despidos que fueron resistidos por los dos poderosos sindicatos ferroviarios -La Fraternidad y la Unión Ferroviaria- declarando la guerra al régimen. La eliminación de las conquistas sindicales de los petroleros y del personal de servicios eléctricos produjo la reanudación de las huelgas durante los años 1968 y 1970.
Estas medidas fueron acotando la capacidad táctica de las organizaciones gremiales, que como vimos, consistía en la confrontación para fortalecer su capacidad negociadora. Ilegalizado el partido peronista, como todos los demás, e imposibilitados de recurrir a la huelga, las entidades gremiales perdieron fuerza, así el vandorismo se dividió. Un sector, llamado “participacionista” estuvo dispuesto a someterse a los dictados del gobierno, para ser convocados a realizar la grandeza nacional; se reeditaba la alianza con el poder militar , y se deslegitimaba frente a la clase obrera que pretendía representar. El segundo grupo, liderado por el propio Vandor, intentó la difícil tarea de preservar su autonomía sin enfrentar al gobierno, lo que también lo condenaba a la inacción.
Estos años de tranquilidad sindical terminaron desnaturalizando el papel de las comisiones internas, que se transformaron de representantes de los obreros en las fábricas frente a la patronal, en controles sociales al servicio de la gerencia de las empresas. Abandonando los reclamos colectivos a cambio de pequeños favores individuales, fueron formando una clientela política que los apoyaba, mientras hacían oídos sordos a su función de defensa del conjunto de los trabajadores permitieron el incumplimiento de la legislación social, de las cláusulas de los convenios colectivos. Estos dirigentes sindicales serán en el futuro, las víctimas directas de los reclamos obreros. En efecto, a principios de los años 70, la sustitución de la comisión interna fue la primera de las reivindicaciones de cualquier petitorio de demandas efectuado por parte de los trabajadores.
Los gremios combativos y los antivandoristas aprovecharon la oportunidad de ser la mayoría en el Congreso de Normalización gracias a una alianza con otros gremios menores no peronistas, para formar una nueva conducción en la CGT con el dirigente gráfico Raimundo Ongaro .
El vandorismo no aceptó la situación, reunió otro Congreso, y formalizó una conducción alternativa. El movimiento obrero quedó dividido en dos centrales: la CGT de los Argentinos, que respondía a Ongaro; y la CGT Azopardo, que respondía a Vandor. Las tácticas erráticas de la CGT de los Argentinos, y la represión oficial, fueron haciéndole perder importancia, aunque mantuvo su poder en algunas regionales del interior.
En las zonas de reciente industrialización, en las empresas más dinámicas, que se establecieron en el corredor Zárate Villa Constitución, y en la ciudad de Córdoba, se había desarrollado un sindicalismo nuevo, con una tradición distinta a la de los grandes gremios nacionales. Se originó como consecuencia de las negociaciones establecidas por algunas empresas transnacionales, que obtuvieron de los sucesivos gobiernos la autorización para establecer sindicatos de empresa, con criterios paternalistas. Esta tendencia se reforzó como consecuencia de la nueva ley de Asociaciones Profesionales dictada por Onganía, que permitía a las empresas depositar las cuotas que retenían como aporte gremial, en la cuenta del gremio local, en vez de hacerlo en la del sindicato nacional como lo establecía la ley anterior.
Estas medidas, que tenían por objeto debilitar el poder de los grandes sindicatos nacionales, dieron origen a un sindicalismo clasista, de tendencias marxistas, que era apoyado por las bases obreras peronistas. Esto se explica por la mayor proximidad de los líderes con los trabajadores, y la noción de que a través de la rotación de una dirigencia que no abandonaba su puesto de trabajo, emergía una conducción honesta, que hacía frente, a las condiciones de trabajo en las empresas. Las diferencias políticas que separaban a los dirigentes de las bases todavía no eran tenidas en cuenta. De este modo los sindicatos paternalistas de las zonas más prósperas del país, a fines de los años sesenta, evolucionaron hacia un clasismo contestatario, que enfrentó duramente al régimen. En este punto, la estrategia de Onganía parecía fracasar totalmente, puesto que la creación de sindicatos por fábrica para debilitar a los grandes gremios peronistas, se volvió un arma contra el propio gobierno que debió enfrentar reclamos y metodología de lucha mucho más combativos.
Sin embargo, la división del sindicalismo permitió al gobierno aplicar una política de mano dura frente a las reivindicaciones.

4.1.4 Las respuestas sociales y la caída de Onganía

El 1º de mayo de 1969 la CGT de los Argentinos publicó un manifiesto que exponía las reivindicaciones del movimiento obrero frente a las sucesivas medidas de los gobiernos de la etapa posperonista. En última instancia llamaba a la resistencia activa de los trabajadores en defensa de las conquistas reiteradamente avasalladas por el poder.
El plan de estabilización del gobierno iba dejando moribundos a su paso entre los empleados públicos, los comerciantes, las medianas y pequeñas empresas nacionales, los agricultores. La caldera social acumulaba tensiones y la falta de canales de expresión impedía su encauzamiento pacífico. En 1969 los estudiantes universitarios, a la defensiva desde la Noche de los Bastones Largos, organizaron marchas de protesta: primero en Corrientes, luego en Rosario -donde los disturbios fueron duramente reprimidos y la ciudad ocupada militarmente- y por último, en Córdoba donde se desató un masivo motín instigado por estudiantes universitarios y obreros de la industria automotriz. A medida que la rebelión crecía se agregaban nuevos sectores de la población a los huelguistas. Durante cuarenta y ocho horas la ciudad vivió batallas campales entre civiles y policías que dejaron varios muertos. El gobierno trató sin éxito de convencer a la opinión pública -que ya había agotado su confianza en Onganía- de que los acontecimientos eran parte de un complot extremista organizado por agitadores extranjeros.
Estos hechos, conocidos como “El Cordobazo”, revistieron la importancia de los sucesos de la Semana Trágica de 1919 o del 17 de octubre de 1945 y demostraron la fragilidad de un Estado basado en la coerción, sin bases de autoridad legítima. El levantamiento de Córdoba dividió al ejército: Onganía culpaba a la influencia cubana y pedía mano dura; el comandante en jefe del Ejército general Lanusse prefería reformular algunas líneas de acción y renovar el gabinete. Así se hizo y todos los ministros -incluido Krieger Vasena- fueron reemplazados. Este último no podía creer que el levantamiento se hubiera producido en la ciudad donde los obreros gozaban de los salarios más altos. La economía no podía hacer milagros y “nadie da la vida por el PBI, señor ministro” le aclararon los alarmados militares.
En realidad el gobierno de Onganía había desplazado a grandes sectores de la sociedad argentina, beneficiando solo a los grandes grupos económicos transnacionalizados. La oposición al régimen aglutinaba a la clase obrera, los empleados públicos, medianos y pequeños empresarios, las clases medias del interior, en una palabra, un frente de conflictos demasiado amplio. Por su parte, el estilo autocrático de Onganía lo había alejado también de lo que pasaba en los cuarteles.
Hacia 1970, el fracaso del régimen en hacer cumplir la principal misión del Estado: asegurar la paz social, hizo temer a la gran burguesía por el resultado de sus beneficios. Sobre todo porque las estrategias de los distintos sectores en que se dividían los militares eran diferentes.
La táctica de Onganía era doble, por un lado, endurecía la represión contra los sindicalistas que se oponían al régimen, condenándolos a través de Consejos de Guerra; pero por otro lado, ofrecía una serie de concesiones a los dirigentes sindicales peronistas. En ese momento, anunció el inicio del Tiempo Social, en cuyo marco se estableció una legislación que introdujo el descuento por planillas para sostener las Obras Sociales, incluso las sindicales. Se trataba de un 2% aportado por los patrones y un 1% por cada trabajador, que sería administrado por los gremialistas .
Los liberales, encabezados por el general Aramburu, proponían una suerte de liberalización política, se trataba de lograr un acuerdo con los partidos políticos, los que a cambio de ciertas libertades vigiladas, sirvieran de soporte para la elección de un presidente acorde con los objetivos e interese de las Fuerzas Armadas y sus apoyos sociales. Esta propuesta abortaría a mediados de 1970 a causa del secuestro y asesinato de Aramburu por los Montoneros.
Otro sector, encabezado por el general Alsogaray, planteaba también el desplazamiento de Onganía, para cumplir sin ninguna concesión, con los proyectos del golpe de 1966, para este grupo, la salida política era todavía un hecho impracticable.
Los nacionalistas, por su parte, que cuestionaban el proceso de desnacionalización de la economía, pensaban en la conformación de una alianza social entre sindicatos y empresarios nacionales, para poner en marcha un frente populista que aislaría tanto a los subversivos como a los sectores “antinacionales”. Muchas de esas posiciones llegarían al poder en los años siguientes.
En los meses que siguieron al Cordobazo la calma fue reemplazada por la violencia. En junio fue asesinado Vandor, durante ese mismo mes se produjeron atentados incendiarios contra los supermercados Minimax , en septiembre la agitación social se manifestó nuevamente en Rosario, tras una huelga ferroviaria, y en el mes de noviembre estallaron 15 bombas en sedes de empresas extranjeras.
Siguiendo a O’Donnell, se puede afirmar que desde el Cordobazo la Argentina se encontraba afectada por una crisis de dominación:
Es una crisis del fundamento de la sociedad (…), de las relaciones sociales que constituyen a las clases y sus formas de articulación. Esto es, se trata de la aparición de comportamientos y abstenciones de clases subordinadas que ya no se ajustan, regular y habitualmente, a la reproducción de las relaciones sociales centrales en una sociedad qua capitalista. Rebeldía, subversión, desorden, indisciplina laboral, son términos que mentan situaciones en las que aparece amenazada la continuidad de prácticas y actitudes, antes descontadas como “naturales”, de clases y sectores subordinados. Esto puede aparecer en la caducidad de ciertas pautas de deferencia hacia el “superior” social, en diversas formas expresivas (incluso artísticas) “inusuales”, en cuestionamientos a la autoridad habitual en ámbitos como la familia y la escuela, y –caracterizando específicamente esta crisis- como una impugnación del mando en el lugar de trabajo. (…) Implican por lo menos dos cosas: que se ha aflojado el control ideológico y que está fallando la coerción (sanciones económicas o, sencillamente, coacción física) que debería cancelar el “desorden” resultante. En otras palabras indica un Estado que está fallando en la efectivización de su garantía para la vigencia y reproducción de fundamentales relaciones sociales. Por eso esta es también la crisis política suprema: crisis del Estado, pero no solo, ni tanto, del Estado como aparato sino en su aspecto fundante del sistema social de dominación del que es parte. Esta crisis es la crisis del Estado en la sociedad, que por supuesto repercute al nivel de sus instituciones. Pero es solo como crisis de la garantía política de la dominación social que puede ser entendida en toda su hondura .

El clima reinante provocó la huida de los capitales extranjeros, y el déficit en la balanza de pagos se agravó por la crisis de las exportaciones de carne. Los sectores rurales pasaron a engrosar las filas de los decepcionados por el régimen; e incluso los representantes de la Sociedad Rural que habían sido fieles seguidores del régimen, en ese momento, consideraban que el gobierno favorecía a los intereses industriales con las retenciones al agro.
En tanto, a comienzos de los 70 en Córdoba crecían peligrosamente las tensiones sociales: los estudiantes universitarios controlaban las altas casas de estudios. Los sindicatos de izquierda SITRAC-SITRAM (Sindicato de Trabajadores de Concord - Sindicato de Trabajadores de Materfer) de la empresa automotriz FIAT, verdaderos sindicatos clasistas, exigían la ruptura con el FMI, la expropiación de los monopolios, la suspensión del pago de la deuda externa, el fin de la hegemonía de la burocracia sindical y que el control de las fábricas estuviera en manos de los obreros.
En junio de 1970 debutaron los Montoneros, grupo armado y clandestino peronista que secuestró al ex-presidente general Aramburu. Proclamaban que era una acción en represalia por los fusilamientos de junio de 1956 y exigieron la devolución del cuerpo de Eva Perón. Aramburu fue juzgado y asesinado por sus secuestradores a los pocos días y el hallazgo del cadáver conmovió a la opinión pública y a los militares.
La radicalización del peronismo desde comienzos de los 60 había aportado un componente nuevo y amenazante al sistema político. Al discurso tradicionalmente “herético” de Perón se sumaba la reinterpretación antiimperialista y social, a la luz de los procesos de las revoluciones cubana y china. Se pensaba la acción del líder dentro de los movimientos que luchaban para alcanzar el socialismo y daban su batalla a la agresión imperialista. Esta relectura permitió que se acercaran al peronismo nuevos sectores de la juventud, entre ellos el Movimiento Nacionalista Revolucionario Montoneros. Estos tomarían en 1962, elementos del Programa de Huerta Grande de la CGT , y de John William Cooke, delegado personal de Perón en el país después del golpe de 1955, quien difundió la visión del peronismo como equivalente al socialismo nacional, y propagandizó la lucha armada. De la estrecha relación de Perón con Cooke quedaron una serie de cartas doctrinarias en las que el general avalaba estas especulaciones. Como herederos de Cooke, los Montoneros se comprometieron a luchar en dos frentes: contra los militares y contra la burocracia sindical conciliadora.
A fines de 1970 aparecieron otros grupos armados -FAP y FAR- que se fusionarían con los Montoneros. A estos grupos armados se agregó el ERP, de orientación trotskista.
La radicalización abarcó un sector de clase media que casi no habían vivido experiencias democráticas. Los grupos guerrilleros estaban compuestos en su mayoría por estudiantes o profesionales jóvenes de ambos sexos, decepcionados de las prácticas de los sindicatos y de los partidos políticos tradicionales -tanto de derecha como de izquierda-. Proclamaban la revolución popular como el camino para construir una sociedad nueva.
El ERP presentaba diferencias ideológicas importantes con la guerrilla peronista, desconfiaba de Perón y de la capacidad revolucionaria del movimiento peronista. Buscaba la movilización de sectores universitarios y obreros de las ciudades del interior golpeados por las intervenciones militares. El ERP concebía la revolución como un movimiento mundial de lucha contra el imperialismo, y proponía imitar la acción del Che Guevara.
Después de haber “cumplido con su deber” en el Cordobazo, las Fuerzas Armadas rechazaban lanzarse en una política represiva general. Onganía fue depuesto en el mes de junio de 1970 por los comandantes en jefe que designaron para ocupar el cargo de presidente a un general ex -azul, casi desconocido por la ciudadanía: el general Roberto Marcelo Levingston (1970-1971).

4.1.5 Algunas expresiones de la cultura argentina en los sesenta y los setenta

El período 1956-1966 estuvo marcado por el nacimiento de una generación crítica de intelectuales que trataron de posicionarse respecto del “régimen depuesto” buscando un espacio propio entre los liberales “gorilas” y la ortodoxia peronista: se abrió un abanico de visiones que iban desde la más encarnizada oposición hasta la reinterpretación y reconocimiento del peronismo como fenómeno nacional y popular.
La Argentina posperonista inició una etapa de modernización cultural compleja que incluyó a los sectores de la nueva izquierda cuestionadora del establishment; a los sectores antiliberales y populistas que abrazaron el revisionismo y dudaron de los intelectuales; y a neomarxistas que aspiraban a construir una nueva hegemonía a partir de los “intelectuales orgánicos”.
Uno de los centros de este fenómeno fue la Universidad de Buenos Aires con la designación de José Luis Romero como interventor por parte de la Revolución Libertadora. La renovación científica se expandió por esa casa de estudios, donde se estimuló la investigación en los laboratorios de Ciencias Exactas; se introdujeron las ciencias sociales e incluso antiguas disciplinas como la historia se conmovieron con el impacto de la historia social promovida por Romero. Se incorporaron nuevas carreras académicas como Psicología y Sociología, que pronto se extendieron a otras universidades del interior del país, con notable interés entre el público de las clases medias. Gino Germani, con su visión del proceso de modernización en la Argentina, fue uno de los agentes más importantes de este momento cultural en el país. Desde la izquierda, se acusó al discurso modernizador de “cientificista” y de introducir en la Universidad la cuña del discurso imperialista. La siguiente consigna fue paradigmática del debate académico de esos años: “es posible que la naturaleza sea neutral (…) Pero la cultura no lo es”...
En 1958 se fundó EUDEBA, bajo la gestión de Risieri Frondizi en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, con el propósito de lograr la divulgación de colecciones concebidas como extensión cultural, a bajo costo y comercializadas con métodos de venta no tradicionales. La década del sesenta también fue propicia para la creación de editoriales medianas y pequeñas como la de Jorge Álvarez en 1963, que publicó colecciones populares como Crónicas y Los Argentinos, o el Centro Editor de América Latina, desde 1966 que congregó a gran parte del ex personal de EUDEBA luego de la intervención militar, y se dedicó también a publicar colecciones de fascículos sobre temas argentinos, de la cultura popular y del Tercer Mundo.
El mismo afán de modernización presidió la creación del Instituto Di Tella, fundado en 1958, al que se sumó en 1962 el grupo de sociología de Germani. Por su ubicación urbana, señaló Beatriz Sarlo, este centro formaba parte de una definición del campo intelectual en esos años de Buenos Aires que vinculaba el Instituto, la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Viamonte, los bares hoy desaparecidos Moderno y Florida, los teatros independientes; el cine Lorraine, las librerías Verbum y Galatea. Esta renovación artística que pretendió dejar afuera la política fue cuestionada por la derecha como disolvente de las buenas costumbres, y desde la izquierda por el snobismo que algunas muestras contenían y que se oponía al concepto del intelectual comprometido. Entre las muestras más notables de la época se presentó el happening (arte que acontece, que sucede) llamado La Menesunda de Marta Minujin.
Frondizi fue, por un breve lapso, para los intelectuales izquierdistas la síntesis, esperada por tanto tiempo, de libros y alpargatas según apuntara el escritor David Viñas. Sin embargo, bastaron los primeros meses de gobierno para que se enajenara esas adhesiones y se comenzara a hablar de la generación traicionada por el presidente.
A partir del 1960 el ideal fue la lucha de masas contra los enemigos externos e internos que sólo podía resolverse mediante el establecimiento de regímenes autoritarios, decía Hernández Arregui. La izquierda, a la vista de los cambios revolucionarios que se estaban produciendo en Cuba, aconsejaba no cuestionar todas las dictaduras, no contentarse con la democracia formal, sino profundizar en el contenido social que sostenía a los distintos regímenes La democracia se identificaba con la falsa ideología que encubre la auténtica realidad, había “dos Argentinas”, una real y esencial que se ocultaba tras la apariencia de una república que nos habían inculcado a través de la historia oficial. Se esperaba según la percepción de algunos viejos intelectuales, que la esencia y la realidad volvieran a coincidir por la fuerza de las cosas en la mentalidad de los jóvenes oficiales.
Onganía destruyó las ilusiones de quienes habían creído en su carácter modernizador y mesiánico; desde su visión preconciliar introdujo las campañas moralizantes y la censura, la clausura de espectáculos “indecentes”, la prohibición de la ópera Bomarzo de Ginastera y Mujica Láinez en el Colón.
Durante el régimen de Onganía, la industria cinematográfica argentina, dependiente de subsidios oficiales, produjo filmes épicos con objetivos moralizantes, como Martín Fierro (1968), El Santo de la Espada (1970) de Leopoldo Torre Nilson; Don Segundo Sombra (1969) de Manuel Antín.
El acontecimiento político-cinematográfico fue La hora de los hornos (1966-68) de Pino Solanas y Octavio Getino, filmada con métodos casi artesanales y muy exiguo presupuesto, que analizaba el peronismo como un movimiento de liberación de las masas populares frente a la opresión de la oligarquía local. A pesar de los premios internacionales que recibió, en Argentina fue declarado de exhibición prohibida en 1969 y recién pudo verse en 1973 cuando Perón era presidente.
Las artes plásticas también mostraron ese carácter eminentemente político como en “Tucumán arde” (1968) que se expuso en el local de la CGT de los Argentinos, para reforzar el tono provocativo y militante. Aludía a los enfrentamientos producidos con motivo del cierre de varios ingenios azucareros durante el Onganiato.
En esos años en que el mundo esperaba cambios radicales a escala planetaria , en la Argentina, el optimismo de fines de los sesenta y principios de los setenta fue transferido a la política. No era preciso esperar a que las transformaciones del capitalismo modificaran la sociedad; bastaba con la voluntad de cambiar violentamente los cimientos sociales por la vía revolucionaria como había dicho el Che Guevara.
Estos años conflictivos fueron, para el intelectual de izquierda, de politización de la cultura, compromiso de la actividad intelectual y desconfianza hacia el cientificismo.
Esta burbuja se enfrentó con la dura realidad de la época y no pudo escapar a la violencia que caracterizó a los años 70

4. 2 El gobierno de Levingston

El nuevo presidente pertenecía a la orientación nacionalista del Ejército. Preocupado por la desprotección de la industria nacional como consecuencia del plan de estabilización de Krieger Vasena, Levingston designó como ministro de Economía a Aldo Ferrer, un economista progresista había participado en el gobierno de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Frondizi. El nuevo ministro comenzó a implementar una política laboral menos dura, trató de limitar la influencia extranjera en la economía del país apoyando a las empresas públicas y privadas de capital nacional. Consideraba que los niveles de ahorro nacional eran suficientes para financiar una política de desarrollo. Durante su gestión, transformó el Banco Industrial en Banco Nacional de Desarrollo para financiar sectores estratégicos de la economía, y otorgó aumentos salariales para reconstituir el mercado interno. El lema “compre argentino” identificó su gestión, que marcó un abrupto corte con el liberalismo económico de la etapa de Onganía. Para proteger la producción nacional elevó los aranceles aduaneros, y cuando los precios internacionales de la carne aumentaron, desestabilizando los precios internos, impuso dos días a la semana de veda al consumo de carne vacuna. Esta medida, articulada con la devaluación de la moneda, tenía por objetivo adicional liberar saldos para ampliar las exportaciones nacionales .
Pero esta estrategia enfrentó la resistencia de la burguesía monopólica que junto con los capitales extranjeros, retrajeron inversiones, por lo que la economía sufrió las consecuencias de la inflación y el descenso del nivel de empleo
La recesión, agravó la conflictividad social. El intento de Levingston de configurar un movimiento extrapartidario para impedir el libre juego de las fuerzas políticas y romper el aislamiento militar sólo prolongó la crisis política de la dictadura, profundizando la radicalización de la sociedad.
El gobierno debió enfrentar la oposición de los sectores afectados, las contradicciones internas del Ejército y una opinión pública fastidiada y descreída. No logró controlar a los sindicatos peronistas y a los partidos políticos que reanudaron su actividad. En diciembre de 1970, estos -aún nominalmente prohibidos- liderados por peronistas y radicales, publicaron un manifiesto conjunto titulado “La Hora del Pueblo” que exigía el inmediato restablecimiento del gobierno civil .
En febrero, la protesta estalló otra vez en Córdoba y el ejército se negó a reprimir. Este nuevo “Cordobazo” provocó la caída del general Levingston. Fue reemplazado el 22 de marzo de l971 por el general Alejandro A. Lanusse (1971-1973), jefe de la Junta de comandantes que asumió la presidencia.

4.2.1 Empresas y empresarios 1958 – 1976

Durante la presidencia de Arturo Frondizi se profundizó la política de atracción hacia la inversión directa de capital extranjero en las ramas metal mecánica, química y petroquímica. El objetivo era expandir estas tres ramas, y aumentar la producción de petróleo para satisfacer el consumo interno liberando divisas que permitirían la renovación de maquinaria en la industria nacional.
A fines de 1958, se sancionaron dos leyes que moldearon por una década el derrotero de la industria argentina: la nueva ley de inversiones extranjeras regulaba la llegada del capital transnacional, mientras que la ley de promoción industrial buscaba incentivar nuevas inversiones en las empresas nacionales.
El resultado de esta política fue la llegada de capitales orientados hacia la industria automotriz, de tractores, química y petroquímica que desarrollaron actividades conexas como la autopartista, la farmacéutica, la metalúrgica y la química fina. Esta política permitió también el crecimiento de otras manufacturas como la producción de radios y televisores, maquinaria agrícola y máquinas herramientas. A partir de 1958 y durante dieciséis años, (excepto la crisis del año 1962) el crecimiento industrial fue del 6% anual . Dicho ascenso había comenzado en 1953, pero se aceleró a partir de 1958 y continuó su marcha hasta 1974. La productividad aumentó en algunas ramas como la producción de maquinaria y material de transporte. En las más tradicionales como frigoríficos, textiles, ingenios azucareros o la producción de cerveza, la productividad seguía baja, esto se explica en parte porque las instalaciones eran viejas, y conservaban un estilo de gerenciamiento tradicional con pocos técnicos y profesionales.
El término que mejor describe la estructura industrial argentina de ese período es la heterogeneidad: empresas modernas y dinámicas, algunas de capital nacional y otras, filiales de las más grandes multinacionales de la época, junto a empresas familiares chicas o grandes con escasa tecnología y en general muy ineficientes. Esta situación llevó a las últimas a la crisis, quebraron y desaparecieron, o quebraron y pasaron a manos del Estado que las siguió administrando para mantener la fuente de trabajo, otras sobrevivieron gracias a subsidios públicos y finalmente las últimas se vendieron a distintos propietarios argentinos o extranjeros.
Los empresarios argentinos de la época no se caracterizaban por la unidad, por el contrario, las divisiones internas cobraron fuerza con el cambio político en 1955. Las elites tradicionales y el empresariado apoyaron el derrocamiento de Perón, pero las diferencias en el diagnóstico de la situación argentina y el rumbo económico a seguir las dividieron inmediatamente después de su caída. En 1955 un decreto del gobierno militar devolvió la personería jurídica a la UIA que retomó su actividad corporativa con los mismos dirigentes que la habían conducido en 1946. Ese grupo (la mayoría dueños de las empresas más antiguas) se hizo hegemónico dentro de la organización y defendió una política conservadora para la industria. No comprendieron los cambios tecnológico-económicos que se habían producido en el mundo, y mantuvieron una defensa cerrada del sector agropecuario como eje de toda la producción nacional. Tendían a adjudicar la culpa de la ineficiencia al excesivo poder de los sindicatos y su lucha fue por conseguir un mayor control de los obreros quitándoles una serie de conquistas obtenidas. Esa visión del desarrollo económico, era totalmente opuesta a la de muchos funcionarios, técnicos, militares y empresarios que veían en las nuevas tecnologías y la modernización de las empresas las únicas vías posibles para el desarrollo futuro.
A los conflictos dentro del empresariado nacional, se sumó la ineficiencia del Estado en la implementación de las políticas económicas. La concepción de la planificación era muy elemental, los objetivos planteados en los planes económicos y sectoriales eran muy genéricos, con una mínima relación entre fines y medios. Las metas planteadas eran, en general, una mera expresión de deseos. Esto fue así tanto en los dos planes quinquenales del peronismo como en aquellos propuestos por la CEPAL en 1957 o el plan quinquenal de la CONADE para el período 1965/1969. Al respecto Jorge Schvarzer dice: “En lugar de hablar de agentes, empresas y redes de abastecimiento, en el texto [de los planes] se proponían cantidades a producir, tal magnitud de estos y tal de aquellos que, en conjunto, plantean una vía optimista y gradual para el desarrollo económico. Vistos en la perspectiva histórica, estos planes son de una generalidad tal que cuesta imaginar cómo se pasa de ellos a una acción concreta y efectiva” .
El gobierno de Frondizi rehabilitó a la CGE (Confederación General Económica) que había sido disuelta por la Revolución Libertadora. Esta entidad publicó en 1963 junto con el CFI un “Programa Conjunto para el Desarrollo Industrial” en el que se señalaba la necesidad de formar a los empresarios, proteger a la industria nacional y apoyar la incorporación de nuevas tecnologías. También señalaba la baja productividad argentina culpando del estancamiento nacional a ciertos empresarios reacios al cambio y a los riesgos de la innovación. Junto a la CGE una serie de instituciones favorables al desarrollo industrial competitivo, como asociaciones de ingenieros, institutos de estudios técnicos de la Universidad, IDEA (Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos de la Argentina) que planteaban desde los discursos, conferencias y artículos de opinión esta nueva visión del desarrollo económico.
Hacia 1968, se observaba que los resultados esperados de las inversiones extranjeras sobre el desarrollo industrial no eran tan importantes como se había creído diez años antes. Más aún, una serie de problemas que se suponía serían solucionados por estas inversiones, seguían vigentes y en algunos casos habían empeorado. En efecto, el déficit en la Balanza de Pagos - producto de una economía con escasas exportaciones, nutridas importaciones y endeudamiento externo- no sólo no había disminuido a partir de la llegada masiva de capitales extranjeros, sino que había aumentado.
La mayoría de las empresas transnacionales utilizó la estrategia de dividir su inversión en dos partes; una de ellas era la inversión directa que le permitía cumplir con las disposiciones legales, y la otra parte, era un crédito a muy corto plazo extendido por la casa matriz. El objetivo era aprovechar la posibilidad de penetrar nuestro protegido mercado interno. Esas firmas en ningún momento pensaron fabricar en la Argentina para exportar al resto del mundo; porque de eso se ocupaban sus propias casas matrices, y porque el gobierno nacional no planteaba tal obligación para la radicación de capitales en el país. Es así como las nuevas inversiones extranjeras no sólo no generaron divisas sino que fueron una fuente de succión a través de la importación de insumos, devolución de créditos, remesas de ganancias y el pago de patentes y royalties a las casas matrices. Estas empresas también produjeron cambios positivos: modernización tecnológica y organizacional, generación empleo industrial y en el sector servicios y nuevas actividades. Tiene sentido si no se dice cuales.
La incapacidad técnica del Estado nacional y/o la complicidad de los funcionarios para controlar los movimientos comerciales de esas empresas, generó la “costumbre” de pagar sobreprecios en la compra de insumos a sus casas matrices.
La única manera para solucionar el déficit que las inversiones extranjeras generaban en la Balanza de Pagos hubiera sido la radicación continua de nuevos capitales haber obligado a las empresas extranjeras a exportar. Lamentablemente, para la primera solución nuestro mercado era y es demasiado pequeño, y para la segunda hubiera sido necesario abandonar la política de protección aduanera.
Frente a estos resultados, hacia fines de la década de los ’60 una parte de la elite argentina e incluso latinoamericana comenzó a pensar en nuevas orientaciones en la política económica y establecer algún tipo de control sobre las inversiones extranjeras.
La nueva política de crecimiento se basaba en tres ejes: imponer mayores controles a las empresas transnacionales instaladas en el país, negociar nuevas inversiones extranjeras con empresas multinacionales europeas y apoyar a algunas empresas nacionales para fortalecerlas y crear nuevas industrias de capital nacional en algunos sectores en los que esta ausente como aluminio, papel, siderurgia etc.
En los hechos, se apoyó al capital nacional con estímulos fiscales que promovieron la concentración de industrias y desarrollar economías de escala y mejoras tecnológicas. En la mayoría de los casos, las negociaciones se realizaron secretamente y las medidas se llevaron a cabo mediante apoyos directos e indirectos a esas empresas. En muchos casos esta política llevó a la creación de nuevas firmas en aquellos sectores donde faltaba producción en el país como Fate, Aluar, Acindar, Siderca, Papel Prensa, Papel de Tucumán, Alto Paraná, Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Bahía Blanca, y otras.
Es imposible saber cuanto costaron al país estos proyectos porque los beneficios otorgados eran desde créditos con tasas negativas hasta la construcción de toda la infraestructura necesaria para instalación de la planta. Schvarzer estima que entre 80% y el 100% de la inversión en esos proyectos fue aportado por el Estado argentino. Sin embargo, no todos los resultados fueron negativos, hoy esas empresas tienen economías de escala, cierto nivel de eficiencia y nuevas tecnologías que les permiten ser las mayores exportadoras.

4.2.2 Las modificaciones en el ámbito rural

Los años sesenta fueron un período significativo en el desarrollo agropecuario argentino, rompiendo con el estancamiento tecnológico que se arrastraba desde hacía décadas
Durante este período se introdujeron un conjunto de mejoras técnicas, que, a pesar de que no lograron equiparar los niveles tecnológicos de los países más desarrollados, permitieron avanzar sobre los problemas básicos del estancamiento .
La mecanización de las actividades rurales con la incorporación de tractores incidió significativamente en la producción agrícola de diversas maneras, más allá del obvio incremento cuantitativo. Primero porque se trataba de maquinaria cada vez más potente que permitía un incremento más que lineal de la producción; segundo porque lograba una roturación más profunda que elevaba la productividad, al mismo tiempo que la cosecha se hacía más veloz, permitiendo su realización en el momento oportuno; tercero porque liberaba superficie antes destinada a forrajes, que podía ser aprovechada por otros cultivos.
También empezaron a utilizarse insumos tales como semillas mejoradas, fertilizantes y métodos de cultivo más eficaces. Se difundieron nuevas variedades de trigo y lino, herbicidas, la inseminación artificial y las técnicas sanitarias en la cría de ganados, y el reemplazo de la alfalfa por praderas rotativas de cultivos
Muchas de estas mejoras se introdujeron de manera lenta y progresiva a través de los experimentos realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desde su fundación en 1956 y la creación de los grupos CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) por parte de los propios productores, al mismo tiempo, el desarrollo de la industria petroquímica proveyó los insumos necesarios
Se difundió también una nueva modalidad: los contratistas. Por una parte, pequeños propietarios, poseedores de maquinaria agrícola adquirida recientemente, vendían sus servicios a explotaciones más grandes, cobrando una tarifa. Por otra parte, volvían a tomar tierras en arriendo, pero por períodos cortos, de un año o una cosecha. Este sector fue adquiriendo en la región pampeana una mayor incidencia.
Los grandes frigoríficos exportadores fueron perdiendo posiciones respecto a los medianos y los mataderos, dedicados casi exclusivamente a faenamiento para el consumo interno de carne. En 1956 participaban con el 60% del total de cabezas faenadas, mientras a comienzos de los 70 ese porcentaje se redujo al 16%
Sin abandonar el camino de los cambios técnicos, se inició también un proceso de sustitución de cultivos, una tendencia más dinámica en la producción de frutas, hortalizas y legumbres, que posteriormente se extendería a algunos cultivos industriales, mientras se observaba una pérdida relativa de posiciones del trigo y el lino.
Sobre todo se desarrolló el cultivo de la soja, que a partir de la campaña 1971-72 comenzó un avance acelerado que la convertiría en pocos años en la principal fuente de divisas del país. Ella también se transformó en el eslabón entre las semillas mejoradas y los agroquímicos, permitiendo el desarrollo de diversas variedades seleccionadas para las distintas regiones agroecológicas

4. 3 El gobierno de Lanusse

Ante la actividad de la clase política que pedía unánimemente la vuelta al orden constitucional, los militares decidieron abandonar su proyecto de modernizar la economía y la sociedad. Lanusse trató de “descomprimir la caldera social controladamente” para caminar hacia la institucionalización del país a través de lo que se llamó El Gran Acuerdo Nacional (GAN).
Su primera medida fue la legalización de los partidos políticos y el anuncio de elecciones libres sin proscripciones en un futuro próximo. Esta reconstitución de la democracia estaba condicionada a la aceptación del GAN por los partidos políticos: se trataba de formar un bloque entre los militares, los sindicatos y los partidos políticos para neutralizar a la guerrilla y los grupos radicalizados de la sociedad. Se presentaba como un intento de superación de la antinomia peronismo-antiperonismo bajo condiciones: la autoproscripción de Perón y la condena a la guerrilla.
Pronto se iniciaron las negociaciones clandestinas, pero Perón no estaba dispuesto a aceptar condiciones y las denunció en julio de 1972. Ante su rechazo, Lanusse cambió de táctica, pasando del diálogo al desafío abierto. Intentó operar sobre dos flancos para lograr una fractura del peronismo: la dirigencia sindical y los políticos neoperonistas (líderes menores, muchas veces provinciales, más articulados con el poder)
Fracasado el GAN, la estrategia de Lanusse intentó condicionar el proceso electoral, evitando lo que los militares llamaban “un salto al vacío”. Para ello estableció normas constitucionales provisorias de facto: la elección del presidente por el voto directo (no por colegios electorales) y un sistema de doble vuelta o ballottage en caso de que ningún candidato alcanzase el 50% de los votos y un mandato presidencial de cuatro años. La esperanza del gobierno era que los peronistas no ganaran la primera vuelta, entonces en la segunda instancia podrían ser vencidos por la alianza de las fuerzas opositoras. Pero estas “salvaguardias” no tuvieron eco entre las fuerzas políticas , principalmente el radicalismo, que se negó a quedar atrapado por la estrategia de los militares.
Por su parte, la creación de la Hora del Pueblo, fue el primer paso dado por Perón para enfrentar a la dictadura, con ese acuerdo, se opondría a la estrategia de Lanusse de unir la sociedad contra la subversión. En febrero de 1972 llamó a la conformación del Frente Cívico de Liberación Nacional (FRECILINA) al que adhirieron el Partido Intransigente, el Movimiento de Integración y Desarrollo, los demócratas cristianos y los conservadores populares . Este agrupamiento sería el antecedente del frente electoral FREJULI que se constituyó poco después.
La agitación social, los sobresaltos de la interna militar y la situación económica tampoco favorecían los proyectos de Lanusse, quien, finalmente, hizo el esfuerzo final para aliviar la tensión levantando condicionadamente la prohibición de dieciocho años sobre el peronismo. Los condicionamientos impuestos al peronismo fueron la prohibición de la candidatura de Perón mediante una cláusula que obligaba a los candidatos haber residido durante los últimos cinco años en el país, y la inclusión de la doble vuelta electoral si el candidato más votado no reunía más del 50% de los votos.
Desde el punto de vista económico el gobierno se limitó a evitar la recesión y el desempleo, contener las tensiones inflacionarias y modificar las expectativas de los agentes económicos. La intención de las autoridades era simplemente controlar la situación sin generar cambios de magnitud. Todas las expectativas estaban puestas en la pronta salida política.
Se aceitaron los mecanismos que facilitaron la candidatura de Lanusse otorgando al Ministerio de Bienestar Social de los recursos necesarios para aliviar las tensiones sociales. En este marco se creó el PAMI (Programa de Atención Médica Integral), por la ley 19032 que respondió a la falta de respuesta de muchas obras sociales para atender la salud de los jubilados y pensionados

4.3 1 La violencia

En la confusión de un gobierno que había perdido el rumbo creció y se fortaleció la actividad guerrillera. Cada golpe de los “subversivos” era respondido con otro similar de los grupos clandestinos de derecha y la tortura apareció como técnica normal en los interrogatorios policiales a sospechosos. En agosto de 1972, en Trelew, un grupo de guerrilleros encarcelados fue fusilado. Según la versión oficial, murieron mientras trataban de escapar; entre ellos estaba la compañera de Mario Santucho, líder del ERP.
Los motines populares continuaron durante la presidencia de Lanusse, en Mendoza, General Roca y Cipoletti con la movilización de todas las clases sociales. Se trataba de manifestaciones callejeras de protesta frente a decisiones apresuradas del poder autoritario. Estas movilizaciones de gentes pacíficas, lanzadas a la calle, terminaban en muestras de furia popular. La intervención de las unidades antiguerrillas agravó el proceso. La agitación se extendió al ámbito rural donde numerosos arrendatarios habían sido expulsados de sus tierras en beneficio de poderosos señores locales en el Chaco y la Mesopotamia.
Las tensiones sociales sin salida y la violencia generalizada aumentaron los temores de la mayoría de la sociedad y de las Fuerzas Armadas que consideraron una retirada anticipada del poder.
En Buenos Aires -donde el temor a una insurrección popular alarmaba más a los militares- se hicieron concesiones a los sindicatos y asociaciones más moderadas para controlar a los obreros más combativos. Se fortaleció a los gremios peronistas más conservadores, que ganaron crédito como negociadores de aumentos salariales frente a los sindicatos clasistas. La CGT fue unificada nuevamente y, aunque las guerrillas seguían ampliando sus bases sociales, ahora se enfrentaron al doble cerrojo de los militares y la burocracia sindical.
La apertura a una salida política, amplió la diferencia que oponía a los dirigentes clasistas de la base obrera peronista. Esta permitió aislar a los sindicalistas clasistas, disolver sus organizaciones, y someter a los trabajadores al control de la más confiable burocracia sindical.
Liliana De Riz explica que las luchas obreras que emergieron a partir del Cordobazo eran diferentes al método de presión política adoptada por el sindicalismo ortodoxo. Centradas en la movilización, en la confrontación con la patronal, eran el reflejo de un nuevo mundo social, alejado de las tradiciones del sindicalismo vandorista.
Las tácticas de Lanusse fueron políticamente más acertadas que las de Onganía y Levingston, pero debió soportar una inflación que alcanzó casi el 60% en marzo de 1972.