3. LA ARGENTINA SEMI-DEMOCRATICA

3. LA ARGENTINA SEMI-DEMOCRATICA

La inestabilidad política en la Argentina posperonista

En setiembre del año 1955 el gobierno de Juan D. Perón fue derrocado por un golpe de estado, que, en nombre de la libertad, cuestionaba la legitimidad del régimen. Los militares se presentaron como un gobierno “provisional” cuyo objetivo era restaurar las instituciones democráticas, para luego devolver el gobierno a los civiles. En realidad, el golpe, autoproclamado “Revolución Libertadora”, inauguró lo que Cavarozzi llamó acertadamente una “semi-democracia”: mantuvo el funcionamiento de las instituciones republicanas y el régimen de partidos políticos, con la proscripción del peronismo . Esto dejaba a una parte importante del electorado argentino, en su mayoría obreros, sin representación política. Según Halperín Donghi: el problema era que el peronismo había cambiado el equilibrio social anterior en beneficio de las clases más bajas .
A partir de 1955 y hasta 1983, se establecieron en la Argentina nuevas modalidades de hacer política. En ese período, pueden diferenciarse dos etapas: la primera, desde 1955 hasta 1966 con gobiernos militares y civiles, estos tutelados por los militares, con un denominador común: estaban deslegitimados por su compromiso de mantener el peronismo fuera del juego político. Tanto los gobiernos civiles como militares del período fundaron un régimen semidemocrático imponiendo en algunos casos y no cuestionando en otros la proscripción del peronismo; su debilidad se debía al hecho que no podían apartarse del compromiso sin perder todo el poder. Cavarozzi dice de los gobiernos de ese período: “su perdurabilidad estaba en jaque desde su asunción”.
En esta primer etapa, se impuso una política dual que enfrentó dos bloques antagónicos: por un lado el pueblo peronista sin representación en el parlamento pero que alcanzaba prácticamente la mitad de los ciudadanos y por otro, los sectores antiperonistas, que sí estaban representados por diferentes partidos en el Congreso. Esta forma de funcionamiento político se llamó dual porque los conflictos y antagonismos se dirimían de manera extraparlamentaria, a través de compromisos secretos en reuniones informales con los únicos dirigentes peronistas en actividad que eran los dirigentes gremiales. Así mientras sus rivales podían actuar tanto en el plano parlamentario como extraparlamentario, los peronistas sólo podían actuar en el plano extra-institucional, que era el que realmente definía la situación.
La segunda etapa, que abarca el período 1966 hasta 1983 –con excepción del tercer gobierno peronista- se caracterizó por gobiernos militares fuertes, que funcionaron sin instituciones democráticas y por lo tanto decidían autoritariamente sin componendas ni compromisos con nadie. La exclusión de todos los partidos unificó el campo de la política, dividido en la etapa anterior. Estos gobiernos se instalaron por medio de golpes militares que tuvieron en muchos casos apoyo y consenso de parte de la ciudadanía, y se propusieron modificar radicalmente la política y la sociedad argentinas. Todos fracasaron en sus objetivos.

La Revolución Libertadora

El 16 de septiembre de 1955, el tercer golpe militar de la historia argentina, dejó trunco el segundo gobierno de Perón. Encabezado por los militares, contó con el apoyo de civiles, dentro y fuera de los partidos políticos. Tenían un objetivo claro: erradicar el peronismo de la sociedad argentina.
¿Quiénes habían colaborado en el derrocamiento del gobierno de Perón? El frente antiperonista, estaba formado por una parte de las Fuerzas Armadas, los restantes partidos políticos, parte de las clases medias, la burguesía urbana y rural, la Iglesia, y los jóvenes universitarios. Pero este frente era demasiado amplio y heterogéneo. Los unía un odio casi visceral al régimen depuesto y, una vez derrocado Perón, se hicieron visibles las diferencias internas, especialmente sobre dos cuestiones claves: qué estrategia económica elegir, y qué hacer con el peronismo .
Una clara manifestación de estas diferencias, fue el reemplazo como presidente, a escasos tres meses del golpe, del general Eduardo Lonardi, (setiembre-noviembre de 1955) por el general Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958). Lonardi, un nacionalista católico, consideraba que, eliminada la figura de Perón del escenario político, los peronistas podían ser incorporados al nuevo proyecto. Esto quedó plasmado en una frase de su primer discurso al afirmar, como Justo José de Urquiza luego de vencer a Juan Manuel de Rosas en Caseros: “En esta lucha no hay vencedores ni vencidos”. Aramburu, en cambio, representaba a los sectores más liberales y antiperonistas dentro del ejército. Mientras en éste hubo diferencias, como las anteriormente expresadas, en la Marina no hubo fisuras. Su objetivo era claro: eliminar al peronismo. Este carácter monolítico en la postura del arma posibilitó la permanencia del almirante Isaac F. Rojas, como vicepresidente de la República durante los tres años de gobierno militar que siguieron al golpe de estado de 1955.
Pero una vez alcanzado el objetivo de eliminar a Perón de la escena política, los partidarios de la Libertadora se dividieron. Aparecieron los llamados “gorilas”, denominación que se adoptó en las filas del ejército para reconocer a los enemigos acérrimos de todo lo que se relacionara con el peronismo, pero luego se extendió a los civiles con iguales sentimientos. hacia el gobierno derrocado. Otros grupos más moderados, vivían la ilusión de haber dado un paso decisivo hacia la consecución de una democracia
Respecto del proyecto económico, también había fuertes diferencias internas: los liberales, cuestionaron el modelo económico y social basado en la sustitución de importaciones y tenían como objetivo erradicar al peronismo; los reformistas populares, representados ante todo por la UCR, aceptaban el modelo y la alianza social implícita, pero cuestionaban las prácticas políticas de Perón; y por último los desarrollistas que querían integrar al peronismo y profundizar la sustitución.
En plena Guerra Fría, los grupos que se consideraban “democráticos”, se identificaban con las propuestas de Occidente. Precisamente la propaganda a favor del mundo occidental se centraba en señalar la importancia de la democracia frente al totalitarismo del mundo socialista. En la escuela, se introdujo una nueva materia “Educación Democrática”, que, se pensaba, aseguraría una generación impermeable a cualquier forma de totalitarismo, y una garantía a futuro para lograr la “desperonización” que creían llevar a cabo . En las universidades comenzó una etapa de florecimiento intelectual que en los años siguientes la llevarían a su apogeo.
Los militares habían accedido al gobierno con la consigna de lograr una salida democrático-institucional en el corto plazo, pero sin que ello implicara entregar el gobierno nuevamente a los desplazados. Este objetivo los llevó a asumir posturas cada vez más autoritarias. Paradójicamente, los que habían apoyado el golpe para recuperar la libertad, comenzaron por la proscripción del justicialismo, que se extendió durante los siguientes 17 años, y marcó el desarrollo de la vida política durante todo el período 1955- 1973. En su intento de terminar con lo que llamaron “la segunda tiranía”, no ahorraron represión.
Cuando en 1956 el General Valle, se levantó contra el gobierno, aplicaron la pena de muerte- medida que Perón nunca había empleado- a los jefes militares involucrados, y llegaron hasta el fusilamiento de civiles en los basurales de José León Suárez. Otra medida contradictoria con las declaraciones de libertad, fue la intención de borrar todo rastro del pasado peronista: la prohibición mencionar a Perón y Eva Perón, exhibir sus retratos, e incluso sustrajeron el cadáver de esta última de la CGT para evitar la peregrinación ante su tumba y lo mantuvieron oculto durante los 18 años siguientes.
La creencia de que era posible acabar fácilmente con el peronismo se tradujo en medidas tales como la disolución del Partido, la intervención de la CGT y los sindicatos, cuyos dirigentes fueron encarcelados y perseguidos. También se suspendieron las convenciones colectivas de trabajo, se clausuró la CGE, y fue derogada, por decreto, la Constitución de 1949 que contenía los derechos adquiridos por los trabajadores.
¿Cómo respondieron a la proscripción y la prohibición política las bases del peronismo? Pasada la confusión de los primeros momentos, comenzaron a organizarse desde los barrios y, muy pronto, desde lo que había sido el pilar del peronismo: el movimiento obrero, fundamentalmente a través de las comisiones internas . De sus filas surgieron nuevos dirigentes, muchos de tercera línea, formados en las duras luchas de esos años , lejos de la cómoda tutela del Estado del período anterior. Los dirigentes más comprometidos estaban encarcelados o eran perseguidos. Fue la época de la llamada “resistencia”: Con la consigna “Perón Vuelve”, los peronistas apelaron a todos los métodos posibles para expresar su descontento: sabotajes, boicot, huelgas, e incluso la colocación de artefactos explosivos de fabricación casera, los llamados “caños”.
La reaparición de viejos sindicalistas derrotados durante el período anterior -que, con la ayuda oficial, llegaron a controlar algunos sindicatos- fracturó al movimiento obrero organizado. En 1957 se constituyó, bajo supervisión militar, el Congreso Normalizador de la CGT. El resultado fue la división de los sindicatos en oficialistas, llamados los “32 Gremios Democráticos”, que se retiraron del congreso y las “62 Organizaciones”. Esta agrupación, integrada por los sindicatos peronistas que tomaron el control de la CGT, estuvo liderada por Augusto T. Vandor dirigente del gremio metalúrgico. La proscripción política del peronismo, y la ausencia de su líder, por entonces en Caracas, hizo que las “62”, se constituyeran en la columna vertebral del peronismo, representándolo en lo político y lo gremial .

La Economía

El plan económico de la Revolución Libertadora, más conocido como el Plan Prebisch fue de aplicación parcial. Dicho Plan comenzaba con un severo diagnóstico de la situación económica argentina atribuidas a los errores del gobierno peronista, que parecían demostrar que el país estaba al borde del abismo: exceso de gasto público, falta de inversiones, caída de la productividad, crisis de balance de pagos y otras. La conclusiones del diagnóstico resultaron tan exageradas, que un economista contemporáneo la denominó “la crisis apócrifa” . Proponía elevar los precios de la producción agropecuaria, pues pensaba que no habría desarrollo sólido de la industria sin la base de una agricultura próspera. Aclaraba que el desarrollo industrial más importante era el de la industria siderúrgica -que consideraba retrasado en más de veinte años-, el petróleo y la petroquímica.
Las propuestas de corto plazo enfocaban a la liberalización del comercio exterior: fue disuelto el IAPI; se eliminaron los controles al tipo de cambio, que generaron devaluaciones muy significativas del peso con relación al dólar, se derogó el régimen de nacionalización de los depósitos bancarios, y se tomaron otras medidas en la línea de retirar la ingerencia del sector público en la marcha de la economía.
Se impulsó la producción agropecuaria y se acordó con los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina quienes sostenían que el sector había sido postergado durante el período anterior en beneficio de la industria.
El efecto de estas medidas no puede minimizarse. Por ejemplo el dólar pasó de un valor de $ 5,00 en 1955 a costar $ 45 en 1956, lo que implica un incremento del 800 %, que favoreció claramente al sector agropecuario exportador en detrimento de los sectores más humildes, que consumen básicamente alimentos . La suba de precios de la canasta básica por la devaluación y el ajuste de tarifas de los servicios públicos, redujo severamente el salario real. La revancha en el plano económico, había comenzado.
Sin embargo no lograron destruir totalmente las políticas instaladas por el peronismo y fuertemente arraigadas. Debieron pasar casi 50 años, hasta que en la década del 90 se completó el desguace del Estado y la precarización laboral.
El gobierno militar del 55, intervino la CGT, pero no logró disolverla ni afectar derechos básicos del trabajador. El artículo 14 bis de la nueva Constitución de 1957 estableció el salario mínimo, vital y móvil e incorporó el derecho de huelga.
El carácter limitado de las reformas económicas implementadas tuvo más relación con la ausencia de un proyecto hegemónico de quienes detentaban el poder que con la aceptación de que el peronismo hubiera hecho algo bien.
Otras medidas importantes, pero de impacto en el mediano plazo, fue la incorporación del país al FMI, y otros Organismos multilaterales de Crédito. Prebisch señalaba el riesgo que implicaba la falta de inversiones, entonces el FMI y el Banco Mundial podían acercar los capitales que el país no tenía. Junto con la ayuda para solucionar los problemas económicos inmediatos llegaron también las “recetas” y recomendaciones del FMI .

El Sindicalismo

En el mundo del trabajo se profundizaron las medidas de ajuste y los obreros sufrieron los efectos de la nueva política económica y social: se congelaron los salarios, y se suspendieron las convenciones colectivas. Parecía fácil para los patrones deshacerse de la molesta intromisión de las comisiones internas y retomar el control de sus fábricas.
En realidad esto no fue tan fácil, a cada medida de los empresarios o el gobierno, los sindicatos peronistas respondían con acciones violentas, sabotaje, huelgas y movilizaciones, que crearon un clima de “guerra social”. No fue sino hasta fines de 1959, cuando se reabrió la negociación de los convenios colectivos de trabajo, durante el gobierno de Frondizi, que el sindicalismo peronista se dividió en combativos y vandoristas, siendo este el origen de las luchas internas en las décadas siguientes.
Los sindicatos se constituyeron en un actor social insoslayable para el poder político en esa época. Fogueados en la desgracia, aprendieron a presionar con movilizaciones y negociar para defenderse y sobrevivir. Su fuerza residía en tres aspectos: su carácter de sindicato único, la adhesión de los obreros al peronismo y su organización vertical, que permitía que las decisiones de los líderes sindicales estuvieran respaldadas por cientos de miles de votos.
La estrategia vandorista se basó en la necesidad de mantener la organización de los sindicatos, evitando llegar a un nivel de confrontación que obligara a las autoridades a intervenirlos, por lo que se negaron a adoptar la política del enfrentamiento permanente que predicaba Perón, y que hacían suya los “combativos”.
Utilizaron el conflicto para fortalecer su posición en la negociación, y de esta manera aparecían ante las empresas y los militares como el sector capaz de movilizar controladamente a los obreros, y hacer cumplir los acuerdos. Como organización permanente del peronismo, los sindicatos sirvieron de base para reconstituir el partido político, en las oportunidades en que se permitió a los peronistas participar de la contienda electoral. Como consecuencia se fortalecieron frente a otros rivales internos del partido incluso ante el propio Perón.
La represión de la resistencia, fue desalojando a los “combativos” del control de las organizaciones que dominaban, muchos de cuyos dirigentes ingresaron en listas negras que les hizo imposible volver a trabajar. Esto fue minando su representatividad, y les hizo perder el control de las instituciones (como las 62 Organizaciones) en la que estaban fuertemente representados. A partir de 1960 estas se encontraban en manos de sus rivales vandoristas, que se transformaron en la corriente hegemónica del movimiento obrero, al colapsar también los 32 Gremios Democráticos.
De todos modos, uno y otro sector peronista, tenía como horizonte la restauración de las políticas y las prácticas seguidas hasta 1955: de alianza entre la burguesía nacional y la clase obrera bajo tutela estatal, políticas redistributivas, nacionalismo económico, definición de la oligarquía agraria como el enemigo social y el reconocimiento del poder arbitral de Perón.
Como era imposible restaurar las condiciones de la Argentina peronista en 1955, el imaginario popular forjó el mito de la “Edad de Oro” que fue funcional a los intereses de la dirigencia sindical. Esto les permitió rescatar la identidad peronista de la clase obrera, afirmar su liderazgo en ausencia del líder y reclamar el retorno de Perón como su objetivo de lucha. Sin embargo, el mito de la edad dorada liberó a los dirigentes sindicales de formular un diagnóstico acertado sobre las causas de la crisis estructural y reflexionar acerca de las consecuencias políticas de la estrategia de choque.
Si bien pudieron hacer frente a los programas de estabilización de los gobiernos de la época, no pudieron evitar los profundos cambios en la economía y la sociedad.
Los años anteriores habían cambiado el horizonte de las aspiraciones y la organización de los obreros, esto impidió que la situación volviera a la etapa preperonista. El legado herético del que habla D. James se refiere entonces a la imposibilidad de la patronal de recuperar su autoridad absoluta dentro de la fábrica, y a la capacidad de movilización y desorden social de la clase obrera peronista.

Las divisiones en el Frente Antiperonista

El problema acerca de qué hacer con el peronismo seguía dividiendo a toda la sociedad argentina, y esto repercutió en la vida interna de los partidos políticos; todos sufrieron divisiones. Así el Partido Demócrata Nacional dejó de actuar como polo de atracción de los sectores conservadores y desapareció de la escena política nacional aunque conservó cierta presencia en algunas provincias. Los liberales argentinos quedaron sin representación política por el escaso número de votos obtenidos, pese al enorme poder económico y social que detentaban. Esto los obligó a elegir el partido político que menos les disgustara. A veces su apoyo se guió por afinidades políticas, y otras por afinidades económicas. En un determinado momento, disconformes con las opciones existentes, e incapaces de llegar al gobierno con votos propios, abandonaron la opción democrática y se aliaron con militares golpistas .
Esta situación se repitió en el interior del Partido Socialista: una parte de su dirigencia (Nicolás Repetto y Américo Ghioldi) optó por acentuar los contenidos liberales y antiperonistas; otros, como Alfredo Palacios optaron por un acercamiento a la clase obrera. Los primeros formaron el Partido Socialista Democrático, y los segundos el Partido Socialista Argentino. La división hizo que el caudal electoral del partido resultara insuficiente para tener una representación acorde a su tradición.
La UCR tampoco escapó a la fractura; en 1956 se dividió la Unión Cívica Radical en la U.C.R del Pueblo (UCRP), liderada por Balbín, los llamados “reformistas populares” y la U.C.R Intransigente (UCRI), liderada por Frondizi.
En 1957, los militares decidieron encarar el traspaso del gobierno a los civiles. Para esto era necesario llamar a una Convención Constituyente, en cuyas elecciones el peronismo mantuvo su vigencia y, pese al clima de represión reinante, sus bases votaron en blanco, transformándose en la primera minoría: alcanzaron casi el 25% de los sufragios, seguidos por la UCRP y la UCRI. El retiro de esta última de la Constituyente, dejó a la Asamblea sin quorum. Privada de legitimidad, se limitó a incorporar a la Constitución de 1853 el artículo 14 bis que contiene los derechos sociales, como una forma de mitigar el descontento provocado por la derogación de la Constitución de 1949.
Convocadas las elecciones presidenciales, todo hacía presumir el triunfo de la UCRP. Pero cuando Frondizi retiró a sus convencionales de la Asamblea Constituyente, no había dado un paso en falso, sino un guiño hacia el peronismo, buscaba los votos que la proscripción había dejado libres. El paso siguiente fue un pacto secreto con Perón. Tres días antes de los comicios llegó la orden de éste de votar a la UCRI, la mayoría de sus partidarios recibió la consigna clandestinamente y la acató. De esta manera, Frondizi fue electo presidente. En medio de una gran incertidumbre -existía el temor de que los militares no entregaran el gobierno a quien había pactado con Perón- asumió la presidencia en mayo de 1958.
El nuevo proyecto de gobierno de Frondizi puede resumirse con los conceptos “integración“ y “desarrollo”. El primero hace referencia a su estrategia política de integrar al peronismo, y el segundo a su proyecto económico . El proyecto “desarrollista”, que Frondizi intentó aplicar durante los primeros tiempos de su gobierno fue elaborado fuera de la UCRI, según Rouquié por el “brain trust” de Rogelio Frigerio, integrado por hombres de negocios, jóvenes empresarios y técnicos. Frigerio resumió así el proyecto coherente con la nueva organización del capitalismo internacional “Cerrar la puerta al artículo foráneo, para abrir de par en par la puerta a la fábrica que lo producirá aquí” .

El gobierno de Frondizi (1958 / 1962)

El eje del modelo económico desarrollista era la industria pesada con aporte de capitales y tecnología extranjeros, preferentemente norteamericanos, en sectores juzgados claves para la nueva etapa de desarrollo: la siderurgia, la petroquímica, la celulosa, la automotriz, la energía, y en especial el petróleo.
La propuesta de crecimiento económico que aplicó el desarrollismo se inspiraba en diferentes teorías de la época. Una primera fuente fue el Consejo Económico para América Latina (CEPAL), organismo regional de la Organización de Estados Americanos (OEA). En sus documentos aparecían conceptos como el “deterioro de los términos de intercambio” entre países productores y exportadores de materias primas, como la Argentina; y los países industrializados exportadores de productos industriales con alto valor agregado. En palabras sencillas, CEPAL decía que cada vez costaba más toneladas de trigo comprar un tractor en el exterior. Este era el diagnóstico del equipo de Frondizi: no se podía lograr el desarrollo del país con una estrategia basada en el crecimiento del sector agro exportador.
Una segunda fuente, fueron los economistas que explicaban la pobreza de los países atrasados como un círculo vicioso difícil de romper sin recurrir a la ayuda externa. Una frase que resumía ese enfoque y que recorrió el mundo fue “los países pobres son pobres porque... son pobres”. Esta afirmación se justificaba argumentando que “los países pobres producen poco porque el bajo nivel tecnológico limita el crecimiento de su producción. Se dedican a abastecer el consumo de bienes básicos: alimentos, vestido, salud y educación. Producen poco, por lo tanto no tienen capacidad de ahorro. Sin ahorro no pueden hacerse inversiones que modifiquen la baja productividad, el modelo se repite hasta el infinito”.
Partiendo de estas concepciones, y teniendo en cuenta que la política industrial del peronismo no había logrado superar el techo de la industria liviana, esto es la industria sustitutiva de importaciones de bienes de consumo, la llave del éxito para los desarrollistas era que el capital extranjero se radicara en el país con fuertes inversiones que Argentina no podía realizar dada la escasez de sus recursos de capital. Estos capitales deberían desarrollar la exploración y producción de petróleo, la industria química y petroquímica, la siderurgia y la industria automotriz. La producción nacional no dependería de las importaciones de combustible, de materias primas industriales que no producía y podría encarar la producción de maquinarias y equipos, generando así su propia tecnología. Este cambio sería acompañado por obras públicas que modernizarían la infraestructura energética, vial y de transporte para mejorar la eficiencia del aparato productivo. Si bien en términos generales el planteo resultaba atractivo, tropezaba con objeciones políticas y técnicas.
 El reparo político más importante consistía en la desconfianza al capital extranjero. El propio Frondizi había contribuido a conformar esta visión “nacionalista” con su libro “Petróleo y Política” . Cuando llegó al el gobierno “aclaró” que el capital extranjero no es siempre nocivo: si viene a instalarse en rubros esenciales de la economía, decía, deja de ser un rival para constituirse en un aliado. El empresariado nucleado en la UIA, también estaba dividido respecto de este tema: un sector era netamente partidario del ingreso de capital extranjero, mientras otro era partidario de ponerle límites en defensa de la industria nacional. A estos debates se sumó la muy difícil y conflictiva coexistencia con la burguesía agrario-pampeana, representados por la Sociedad Rural
Desde el punto de vista económico, las observaciones llegaron desde:
 La teoría de las ventajas comparativas del comercio internacional, por la que cada país debe especializarse en producir aquello que mejor puede realizar (la mejor calidad y el mejor precio).
 La concepción según la cual las inversiones extranjeras se transforman en una fuente de drenaje de divisas hacia el país de origen en concepto de ganancias, regalías etc.
 La visión que considera que el mercado interno argentino es insuficiente para absorber el volumen de producción de la industria pesada y transformarse en el motor del crecimiento.
Los desarrollistas creían que muchas de estas objeciones se corregirían por el rápido proceso de desarrollo que se desencadenaría la llegada de capitales. Afirmaban que eran más las ventajas de contar con esas inversiones, que las desventajas de no tenerlas.
El decidido empuje industrialista e integrador del desarrollismo, reconocía al sector agropecuario su capacidad para generar ingreso de divisas a través de sus excedentes exportables aun cuando no lideraría el proceso de crecimiento. Prueba de ello era la puesta en marcha del (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) INTA que, desde entonces (1956) hasta la actualidad brindó asistencia técnica gratuita a los productores agropecuarios en todo el país, y es además un importante organismo de investigación que aportó al agro tanto nuevas variedades de granos, como la introducción de otros cultivos, y también cambios importantes en las modalidades de producción y en la gestión de la empresa agropecuaria.
El financiamiento del INTA estaba asegurado a través de la asignación de un porcentaje de los derechos de exportación recaudados.
En resumen, a principios de los años 60 se soñaba con un país económicamente poderoso, que estaba en condiciones de “acortar las distancias ” con los países desarrollados.
Consecuente con su enfoque desarrollista, el gobierno de Frondizi promulgó una ley de inversiones extranjeras, que obviamente buscaba atraerlas. Las primeras en llegar fueron empresas petroleras. Esos contratos generaron resistencia hasta en el propio partido gobernante.
Las inversiones extranjeras, de alrededor de 20 millones de dólares en 1957, subieron a 248 en 1959, y 100 más en los dos años siguientes.
En el orden internacional, el desarrollismo era bien visto, incluso, EEUU preocupado por la posible aparición de otra Cuba, veía con agrado el crecimiento de los países pobres.
El Proyecto empezó a hacer agua porque Argentina era, antes que nada, un país profundamente dividido, y quien estuviese en el poder debía administrar ese conflicto.
Al comienzo de su gestión, y cumpliendo con el pacto con Perón, Frondizi reconoció a la CGT y decretó un aumento del 60 % en los salarios básicos de convenio. El impacto en el presupuesto nacional del incremento salarial y de las inversiones públicas, pilar del desarrollismo, sin iniciar siquiera una reforma tributaria, generó un déficit fiscal del orden del 10% que se resolvió con emisión monetaria. Así, el desarrollo tenía, como costo inmediato, pérdida de la estabilidad monetaria. La expansión de la producción y el consumo incrementó las importaciones. A fines de 1958 la inflación se había hecho notar y la crisis de la balanza comercial requirió rápidas medidas de ajuste. En 1959 se recurrió a la unificación y liberación del mercado de cambios, que abandonado a las fuerzas del mercado, generó una significativa devaluación que licuó el aumento salarial. El tipo de cambio alto, los aranceles de importación y otras medidas de desaliento a las compras en el exterior detuvieron por un tiempo las crisis originadas en el comercio exterior.
También se encaró una política de restricción monetaria y crediticia a través del aumento de los encajes de los bancos comerciales dispuesta por el Banco Central . Se inició un plan de reducción del personal del sector público. Este acercamiento a la ortodoxia liberal, puso en alerta a los sindicatos. En 1959 cuando el nuevo Ministro de Hacienda, Álvaro Alsogaray, anunció el plan de estabilización, el descontento social alcanzó un punto álgido: los peronistas respondieron con más resistencia, huelgas y sabotajes. El gobierno contraatacó, con el Plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes) que ponía en manos militares la represión de todo tipo de manifestación obrera o motín interno.
En 1960 y 1961 la inversión creció sensiblemente por la llegada de capitales extranjeros en forma de inversiones directas y préstamos y también la producción creció a buen ritmo. Pero el conflicto entre el desarrollismo y los liberales se había instalado dentro del Poder Ejecutivo: Alsogaray, Ministro de Economía impuesto por el sector liberal de las FFAA se oponía a la construcción de centrales eléctricas por el desequilibrio fiscal que provocarían. Las usinas eléctricas se hicieron y Alsogaray se alejó del gobierno siendo reemplazado por otro liberal, Roberto Alemann.
La continua negociación del gobierno con sectores hostiles; militares, sindicatos y empresarios, erosionaba no sólo al gobierno sino a su plan económico y la credibilidad externa del país. La afluencia de capitales, entonces, empezó a ser esquiva.
Más allá de no resolver la disyuntiva entre crecimiento o estabilidad, el desarrollismo mostró, en su corta existencia, sus puntos débiles: la industrialización acelerada no fue siempre eficiente. Una muestra cabal fue el número de fábricas de automóviles (cerca de 20) para un país de 22 millones de habitantes.

El gobierno y los actores sociales

La concepción política de Frondizi, se basaba en la teoría de los factores de poder, que consideraba que en la Argentina los grupos de presión tenían más importancia que los partidos políticos. Por eso su gobierno atendió especialmente sus relaciones con los sindicatos obreros, el Ejército y la Iglesia y descuidó incluso la relación con su propio partido, que fue marginado de las discusiones.
Conocedor de lo precario de su situación, con votos “prestados” y vigilado por los militares, Frondizi aceleró los tiempos de su política. Comenzó pagando en los primeros meses de su gobierno, sus deudas con los peronistas: el Congreso votó una Ley de amnistía , y sancionó la Ley de Asociaciones Profesionales, que restableció el sindicato único por rama de actividad , aumentó los salarios un 60%, congeló los precios, aumentó las pensiones y redujo las tarifas de los transportes.
La recuperación de la CGT por parte de la dirigencia peronista y la consolidación de las 62 Organizaciones inició un largo período en que un sindicalismo peronista fortalecido, y una clase obrera madura incidirían fuertemente en la política del país.
Según Juan Carlos Torre , existía un mercado de trabajo relativamente equilibrado y una homogeneidad ideológica. El autor denomina mercado de trabajo equilibrado a la situación creada desde principios de los años 50, cuando se agotó la reserva de mano de obra rural y los niveles de desempleo y subempleo eran comparativamente más bajos que en el resto de Latinoamérica. Este agotamiento de la mano de obra rural redujo la proporción de trabajadores rurales entre los migrantes que llegaban a las ciudades industriales, produciendo una mayor homogeneización sociocultural de la clase obrera. La identidad peronista de la mayoría de ella, sumada a la fuerte verticalización de las organizaciones sindicales, dieron por resultado la homogeneidad ideológica.
Estas características facilitaron la estrategia vandorista, que aprovechó la fragmentación del campo opositor, para aliarse, según su conveniencia, con los distintos sectores. Esta estrategia permitió al sindicalismo actuar como grupo de presión, obteniendo beneficios para los afiliados obreros y prebendas para los dirigentes. Esta práctica de acción se mantendría incluso durante el tercer gobierno peronista (1973-1976)
La Iglesia logró un objetivo largamente anhelado; pese a la férrea oposición de la comunidad universitaria, se eliminó el monopolio del Estado sobre la enseñanza superior. Esto abrió el camino a la fundación de diversas instituciones educativas privadas, hasta ese momento casi un sinónimo de educación católica. Las discusiones y enfrentamientos en torno de este tema conocido como la lucha por la enseñanza “laica o libre”, llegaron a movilizar más de 400.000 personas por ambos grupos .
Con las Fuerzas Armadas la relación fue más complicada. Presionado por continuos planteos militares (alrededor de treinta y tres), el gobierno fue cediendo en todas sus posiciones. Aceptó desde la implantación del Plan Conintes, hasta la imposición del Ministro Alsogaray.
En un intento por mantener a América latina bajo su influencia, tras la Revolución Cubana, el presidente John F. Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso . El gobierno de Frondizi, sin embargo, decidió no alinearse con la política de los Estados Unidos respecto de Cuba. En 1962 se entrevistó con el “Che” Guevara, segundo en la línea de importancia dentro de la Revolución Cubana, en la reunión de Cancilleres de la OEA en Punta del Este. En esa oportunidad la delegación argentina se abstuvo de votar cuando se decidió excluir a Cuba del sistema interamericano. Pero este acto de independencia del gobierno duró poco: los militares hicieron un nuevo planteo y el gobierno argentino rompió relaciones diplomáticas con la isla.
Ese mismo año se realizaron elecciones a diputados nacionales y gobernadores. En ellas, el gobierno permitió la participación de los peronistas que se presentaron a través del partido Unión Popular. Frondizi y su ministro del Interior, Alfredo Vítolo confiaban en que podrían triunfar suponiendo el desgaste de sus adversarios debido a la ausencia de su líder. La especulación tenía en cuenta que representando los peronistas menos de la mitad del electorado, los antiperonistas podían nuclearse detrás de los candidatos oficialistas para derrotarlos, y eso mejoraría la performance de la UCRI frente a la UCRP. Sin embargo, los resultados de las elecciones dieron el triunfo a los candidatos peronistas en varias provincias, incluyendo la de Buenos Aires. Los militares hicieron sentir su descontento, y Frondizi cedió nuevamente. Anuló los comicios e intervino las provincias ganadas por el peronismo. La aceptación de todos estos condicionamientos no pudieron evitar que las Fuerzas Armadas decidieron derrocarlo el 28 de marzo de 1962, con el beneplácito de todo el espectro opositor.

El breve gobierno de Guido ( 1962/1963)
La caída de Frondizi produjo una crisis de sucesión, una rápida maniobra política, evitó que asumiera un presidente militar. Aplicada la Ley de Acefalía, la presidencia recayó en el Presidente Provisional del Senado, José María Guido (1962-1963), cuyo gobierno estuvo signado por la influencia de los uniformados y las peleas en el interior de las Fuerzas Armadas. Luego de cada enfrentamiento, la facción triunfante imponía su propio elenco de gobierno. Durante este período, todas las provincias permanecieron intervenidas y el Congreso Nacional no sesionó.
El gobierno de Guido, que completó el período de Frondizi hasta las nuevas elecciones presidenciales, imprimió un giro de 180 grados a la política desarrollista implementada entre 1958 y 1962. Este cambio no era atribuible al nuevo Presidente de la República, que sólo pretendía conservar la fachada institucional sino a los responsables del golpe militar.
Los cuatro ministros de economía que se sucedieron en el breve lapso de gobierno de José M. Guido, se mantuvieron fieles a la ortodoxia liberal.
El primero de ellos, Federico Pinedo, para detener la corrida del peso al dólar liberó el tipo de cambio. La devaluación implícita en el “sinceramiento” del precio de la divisa, tuvo en lo inmediato los efectos tradicionales: transferencia de ingresos del resto de la economía al sector agropecuario exportador, especialmente desde el sector de los asalariados.
También pasaron por el Palacio de Hacienda otros ministros de inequívoca raigambre liberal como Álvaro Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz, que tendrían prolongado protagonismo en futuros gobiernos militares.
Los liberales concentraron su atención en la contención del gasto público, por ejemplo disminuyendo las inversiones y restringiendo el crédito a través de los mecanismos de ajuste del Banco Central. Todas estas medidas suponían que controlando la oferta monetaria, la inflación estaba condenada a desaparecer. Los resultados no fueron los esperados pese a que para lograr el equilibrio fiscal se pagaron deudas a proveedores y empleados del Estado con títulos públicos que cotizaban en el mercado al 40% de su valor nominal. En efecto, la tasa de inflación anual en ese bienio estuvo en el orden del 25 %, en promedio. Esto se logró con un alto costo económico y social: fuerte contracción de la producción y el empleo, caída del salario real, cierre de empresas por falta de crédito y consecuente aumento de las tensiones sociales.
Esta receta contra la inflación seguía los lineamientos de los economistas ortodoxos, que en esa época no visualizaban con claridad la incompatibilidad entre liberar el tipo de cambio y mantener en niveles bajos la inflación . Tampoco advirtieron que el aumento de las tarifas de los servicios públicos, si bien corregían en parte el déficit de presupuesto, generaban aumentos de costos e inmediatamente de precios en todo el aparato productivo.
En resumen, un ensayo de política liberal que solo tuvo éxito en la transferencia de ingresos de los sectores más débiles a los más poderosos.

Los enfrentamientos militares: Azules y Colorados

Luego del golpe de 1955 las Fuerzas Armadas se dividieron en numerosas facciones, que podrían resumirse en dos: azules y colorados . Ambos grupos se diferenciaban entre sí fundamentalmente por la postura que asumían respecto del peronismo. Los colorados representaban al sector antiperonista a ultranza, y llegaban, en su obstinación, a considerarlo sinónimo de comunismo. Liderados por el general Toranzo Montero, asumieron posiciones claramente golpistas . Para ellos, el peronismo era un movimiento de clase sectario y violento que podía dar lugar al comunismo. Se oponían al peronismo por una motivación política y social, al acusarlo de desatar el resentimiento de la clase obrera socavando con su demagogia los fundamentos de la jerarquía social . Para los azules en cambio, a pesar de sus excesos, abusos de su poder, y su demagogia insoportable, el peronismo era una fuerza nacional y cristiana que permitió salvar a la clase obrera del comunismo y se constituía por lo tanto en un bastión contra la subversión, se oponían a Perón porque este había tratado de “politizar” al ejército y ponerlo a su servicio. Aceptaban en cambio, a los peronistas sin Perón. Adoptaron una línea “profesionalista”: el objetivo declarado era que los militares se capacitaran en su tarea específica alejándose de las deliberaciones políticas .
Durante 1962-63 ambos bandos se enfrentaron en dos oportunidades. En 1963 el grupo azul derrotó definitivamente a los colorados. Su líder, el general Juan Carlos Onganía, consustanciado con la “Doctrina de la Seguridad Nacional” fue nombrado por Guido Comandante en Jefe del Ejército. Centró su objetivo en la reconstrucción de la institución, y el restablecimiento del orden y la disciplina. Consideraba que las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas eran producto de la participación militar en cuestiones políticas. Consolidó su autoridad y poco a poco se fue convirtiendo en el único vocero de los militares.
Según Alain Rouquié el levantamiento colorado de 1963 se produjo para frenar el intento de los azules de integrar a los peronistas- no a Perón-, en un frente moderado junto con la UCRI y la Democracia Cristiana. Su derrota hizo sin embargo, que los azules desistieran de su intención integradora y adoptaran una posición antiperonista, para evitar la división interna entre los militares. Esta era la mejor prueba de que la principal intención del grupo azul era preservar la disciplina interna.

El gobierno de Arturo Illia (1963/1966)

Los sectores antiperonistas -en el marco de la Guerra Fría- asimilaban peronismo con totalitarismo; para evitarlo impusieron la adopción del sistema de electoral de representación proporcional . Se buscaba un reaseguro para que los peronistas no se quedaran con dos tercios de los cargos en disputa, como establecía anteriormente la Ley Sáenz Peña.
Cuando el gobierno de Guido llamó a elecciones, varios partidos políticos, liderados por Frondizi formaron un Frente Electoral Nacional y Popular, que incluía algunos sectores del peronismo. Presiones militares y disidencias internas quebraron el Frente. Llegados los comicios, parecía claro que los peronistas votarían nuevamente en blanco. Pero la creación de la Unión del Pueblo Argentino (UDELPA), que llevaba la candidatura de Aramburu alteró los pronósticos. Muchos peronistas, que lo consideraban el responsable del derrocamiento de Perón, de los fusilamientos y de las persecuciones, prefirieron dar su voto a un adversario menos odiado: el Dr. Illia, candidato de la UCRP. En los resultados electorales la fórmula Arturo Illia-Carlos Perette se constituyó en la primera minoría con menos del 25% de los votos, seguido de alrededor de un 20% de votos en blanco. Con ese porcentaje, la UCRP llegó al gobierno en una posición muy débil. Además, el antiperonismo del partido lo vinculaba con los militares colorados y el ejército estaba en manos de los azules
Con este panorama asumió la presidencia Illia (1963-1966), un político cordobés que no era la figura más destacada de su partido y es probable que su candidatura derivara de la escasa fe en el triunfo de los principales dirigentes radicales. Dentro del abanico de tendencias de esa agrupación política, tenía simpatías por las posiciones más progresistas. En algunos temas el gobierno de Illia se desarrolló en escenarios parecidos al que soportara Frondizi desde 1958: surgió de elecciones donde el peronismo estaba proscripto, sufrió el descontento militar y la presión de los sindicatos Sin embargo, su presidencia se definió por el respeto de las normas y la decisión de no abusar de los poderes.
Paradójicamente, las críticas a su gobierno se centraron en esta modalidad, tachada de irrealista e ineficiente, revelando el escaso aprecio que existía en la sociedad argentina por las formas democráticas e institucionales.

La economía

El gobierno de la UCRP, a diferencia de Frondizi, que se propuso planes económicos sistemáticos y ambiciosos, optó por políticas pragmáticas, moderadas y conciliatorias. Esta modalidad parecía acertada dado que disponía de una cuota de poder muy escasa, y la necesidad de gobernar en medio de profundas divisiones sociales. El tiempo demostró que no tuvo éxito, quizás porque los argentinos necesitaban más de una generación para ejercitar la tolerancia. Entre otros problemas su gobierno debió enfrentar el intento de Perón en 1964 de retornar al país. El gobierno abortó al proyecto . Con esta decisión el presidente ganó algunos puntos con las Fuerzas Armadas, pero se aseguró la oposición de los peronistas y tuvo en la CGT un opositor implacable.
La política económica, de perfil keynesiano, puso el énfasis en la acción del Estado, el desarrollo del mercado interno, las políticas de distribución y la protección del capital nacional. En esa línea el Congreso votó la Ley de Salario Mínimo, Vital y Móvil. En los hechos, la gestión económica tuvo más éxitos que los percibidos por la opinión pública de su época, imagen que quedó grabada por muchos años en vastos sectores de la sociedad . En efecto, el PBI creció moderadamente, los salarios reales se recuperaron y aumentaron las exportaciones a partir de excelentes cosechas. Estos logros no implicaron desbordes presupuestarios ni otros desequilibrios económicos. Pero así como en lo social la convivencia era imposible, en el terreno económico había limitaciones estructurales que impedían la continuidad del crecimiento en el largo plazo.
Desde el punto de vista académico, los frustrados intentos de desarrollo de los años 60, fueron explicados por la crisis recurrente de la Balanza de Pagos. Se lo llamó “ciclo de marchas y contramarchas” o “stop and go”. Dicho en pocas palabras, las crisis de crecimiento estaban vinculadas al estrangulamiento de la Balanza Comercial, porque en períodos de expansión de la producción, las importaciones (materias primas para la industria, bienes intermedios y bienes de capital) crecían más rápidamente que las exportaciones (excedentes del sector agropecuario que no habían cambiado mucho desde la década del 50). Se producía inexorablemente una balanza comercial crecientemente desfavorable, y consecuentemente la tendencia al agotamiento de las reservas de divisas, que era resuelta, en primera instancia con restricciones a las importaciones (incluidas las prohibiciones) y luego mediante una medida general y más operativa: la devaluación .
La contracción abrupta del consumo interno por el efecto combinado de productos o insumos importados más caros y alimentos de producción nacional con precios más altos en pesos transformaba la fase expansiva en depresión.
Los instrumentos para salir de la depresión usados por los gobiernos de entonces no fueron innovadores: aumento del gasto público y expansión del crédito a través de la política del Banco Central.
Se manejó el tipo de cambio con devaluaciones mínimas pero frecuentes, tratando de adecuarlo a la realidad, el gobierno de Illia mostró que la mesura puede dar buenos resultados. Por ejemplo, nunca hubo sorpresas en el valor del dólar.
Pero no todas las medidas económicas fueron graduales y exitosas: la anulación de los contratos petroleros con empresas extranjeras, llevó al país al desabastecimiento del entonces llamado oro negro y ganar la desconfianza de los Organismos Internacionales, como el FMI y el Banco Mundial.

La política

Los resultados de su política fueron distintos de los esperados. Ninguno de los grupos de poder estaba conforme. En 1964 la CGT implementó un Plan de Lucha que incluía la ocupación pacífica de establecimientos fabriles. Llegaron a ocuparse once mil en dos meses, agudizando los problemas del gobierno.
Para entonces muchos dirigentes sindicales estaban intentando disputar el liderazgo a Perón, para quien era cada vez más difícil manejar el movimiento a distancia y la imposibilidad de prescindir, por eso mismo, de estos dirigentes. La estrategia vandorista en ausencia del Perón, era: invocar su nombre, usar el poder de presión que le daban la capacidad de movilizar a los sindicatos obreros y el control de los votos peronistas para liberarse de la tutela del líder. El “plan de lucha” tenía más de un objetivo para Vandor: debilitar al gobierno, y demostrar a los empresarios y militares cuál era su verdadera fuerza para negociar. Aparecía como el único capaz de manejar a las mayorías obreras, fuera frenándolas o movilizándolas. Esta actitud lo enfrentó al otro sector de la dirigencia sindical los “combativos”, que denunciaron su intento de reemplazar a Perón en la conducción del movimiento.
En marzo de 1965 el peronismo, afectado por múltiples diferencias internas, participó de las elecciones de renovación parlamentaria, con el nombre de Unión Popular, que obedecía a Vandor. Aliada con caudillos provinciales neoperonistas, obtuvo el 36% de los votos, transformándose en la primera minoría de la Cámara de Diputados.
Cuando todo parecía indicar que Vandor había logrado su objetivo de demostrar que era posible el peronismo sin Perón, éste decidió jugar a todo o nada. Frustrado el retorno, envió al país a su esposa, María Estela Martínez, conocida como Isabel, que llegó a la Argentina como representante personal de su marido en octubre de ese año.
Isabel reunió a todos los opositores a Vandor, con lo que propició la división de la CGT al enfrentarlo con José Alonso (dirigente del gremio del vestido), que había sido reelegido secretario general. En mayo, las facciones que respondían a Vandor y a Alonso respectivamente sostuvieron enfrentamientos armados con muertos y heridos en ambos bandos.
Finalmente, la disputa por el poder entre Perón y Vandor se dirimió en 1966 en el campo político en ocasión de las elecciones de Mendoza. Isabel apoyó a un candidato rival al de Vandor, y si bien la división produjo la derrota peronista, su protegido derrotó al oponente vandorista. El centro de las decisiones del movimiento volvió a estar en la residencia de Perón en Madrid.
Paralelamente a estos conflictos el gobierno de Illia debió enfrentar la oposición militante de las fuerzas Armadas.
Desde septiembre de 1962, los azules se asociaron con sociólogos expertos en comunicación social que esbozaron una nueva imagen del Ejército. La tarea se concentraba en torno del comandante en jefe. Los comunicadores presentaron al ejército como legalista, obediente al poder civil, y no deliberativo, en el cual los planteos que debilitaban la disciplina eran cosa del pasado.
En realidad se trataba de un profesionalismo muy atemperado. El comandante en jefe precisó su pensamiento en un discurso pronunciado en West Point en ocasión de celebrarse la V Conferencia de los Ejércitos Americanos, que a partir de entonces se llamó la “Doctrina Onganía”. Las fuerzas armadas eran, según éste “apolíticas, obedientes, no deliberantes, y subordinadas a la autoridad legitima”. Pero “la obediencia debida cesa absolutamente si se produce al amparo de ideologías exóticas un desborde de autoridad que signifique la conculcación de los principios básicos del sistema republicano de gobierno o un violento trastrocamiento del equilibrio e independencia de los poderes”. “La ciega sumisión al poder establecido ya no es admisible en tal caso”. Además, las Fuerzas Armadas debían estar asociadas al desarrollo del país y no mantenidas al margen de los grandes desafíos que éste planteaba. El general Onganía fortalecía la integración del ejército argentino bajo la égida del Pentágono.
Cabe aclarar que esta posición de Onganía estaba en estrecha consonancia con la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, surgida luego de la Revolución Cubana en 1959. Según dicha teoría, las Fuerzas Armadas debían desplazar su función de defender la soberanía territorial, para defender las fronteras ideológicas dentro del propio territorio. Esta concepción, muy funcional a los intereses de los EEUU, que deseaban evitar que la ideología socialista de la revolución cubana se extendiera a todo el continente, tenía eco en los militares argentinos. Estos, siempre temerosos del desorden social, ahora podían “palpar” la amenaza en el pensamiento de izquierda de los jóvenes y el descontento social generalizado. Por otro lado, pensaban que los ejércitos latinoamericanos podían descansar de su tarea de defender las fronteras y dedicar sus esfuerzos a controlar cómo pensaban los ciudadanos, porque la única posibilidad de ataque provendría del bloque comunista. En ese caso los Estados Unidos acudirían en auxilio de los países de su órbita. La doctrina suponía que los movimientos subversivos encontraban un caldo de cultivo adecuado en las situaciones de pobreza, por lo tanto, debía ser de interés de las Fuerzas Armadas promover el desarrollo económico de los países latinoamericanos. Así, el gobierno norteamericano acentuaba las presiones militares para convertir a los ejércitos del continente en aliados en la lucha contra el enemigo interno y la subversión comunista. Eran los tiempos de la Guerra Fría, la “revolución brasileña” (abril de 1964) y la crisis dominicana de abril-mayo de 1965.
En el orden interno, el Estado Mayor se opuso a la anulación de los contratos petroleros por temor a represalias que afectarían la entrega de equipos militares. En mayo de 1964, presionado por el ejército, el gobierno firmó con los Estados Unidos un tratado de asistencia militar a cambio de materiales bélicos. En sintonía con Norteamérica, Onganía multiplicó las declaraciones donde afirmaba que el principal objetivo de las Fuerzas Armadas era la prevención de la subversión comunista por encima de la defensa de las fronteras territoriales y propuso crear una fuerza antisubversiva continental con los ejércitos de Argentina y Brasil. Esto provocó un serio incidente con el Uruguay, ya que este país no veía con buenos ojos el papel de policía continental que se atribuían los ejércitos de sus enormes vecinos .
Finalmente, y luego de muchos roces con el gobierno, Onganía renunció el 23 de noviembre de 1965, para dedicarse a preparar la conspiración. Se iniciaba la cuenta regresiva de un nuevo golpe de estado. Le sucedió el general Pascual A. Pistarini, quien participaba de las mismas ideas que el comandante saliente. El 29 de mayo pronunció un discurso público, y, en presencia del presidente Illia habló de “la ausencia de la autoridad (que) había abierto el camino a la inseguridad, el sobresalto y la desintegración”, es decir, “la ineficacia”. Los argumentos coincidían con la propaganda opositora al gobierno.
El presidente respondió tibiamente y sólo lo reprendió cuando correspondía destituirlo. Esto aceleró los pasos hacia el golpe, que se produjo en junio de 1966.

Algunos acontecimientos internacionales

En el plano internacional dos acontecimientos importantes afectaron la vida política de los países latinoamericanos en este período: La Revolución Cubana en 1959, y el Concilio Vaticano II (1962-65). El Concilio significó el aggiornamiento de la Iglesia Católica, al incluir una revalorización de la ciencia y la democracia. Después de este, ya nada fue igual. Además del acercamiento a otras confesiones, especialmente la ortodoxa y la anglicana, sus resultados trascendieron los límites religiosos para alcanzar derivaciones sociales y políticas.
La historia de la Iglesia argentina en los años 60 y 70 estuvo poblada de acontecimientos significativos y, por lo general, traumáticos. Es una época de cambios, de enfrentamientos ideológicos, generacionales y religiosos, que afectaron no solo al funcionamiento de la Iglesia en Argentina, sino que se difundieron a todas las agrupaciones católicas.
En ese contexto, el Concilio de Roma no puede considerarse el iniciador de las profundas disputas que ocurrieron, fue, mas bien, el escenario donde "tradicionalistas" y "progresistas" expresaron sus diferencias.
Pero, debe señalarse que produjo cambios profundos tanto en la liturgia (las misas, por ejemplo, comenzaron a celebrarse en el idioma nativo y no en latín), como en el plano teológico, abriendo la posibilidad de crítica en este "terreno vedado" por la Iglesia tradicional; y también revisando la inserción de la Iglesia en la sociedad y en la relación con sus fieles, promoviendo el diálogo con otros cultos cristianos en busca de la unidad, y permitiendo nutrir a la Iglesia de los productos de otras fuentes de pensamiento, ajenas a la religión.
Pese al inequívoco espíritu renovador del Concilio, la lectura que se hizo del mismo fue muy diversa. Para los grupos que, en aras de la simplificación hemos llamado "tradicionalistas", se trató de una reafirmación doctrinaria, con pequeños ajustes. Para el clero "progresista" se redefinió la presencia de la Iglesia en el mundo.
Para Latinoamérica fue tan importante el Concilio de Roma, como la asamblea del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), que se realizó en Medellín (Colombia) en 1968. El CELAM, en efecto, adaptó las resoluciones del Concilio, de por sí trascendentes, a la realidad de un continente conmocionado por desigualdades e injusticias.
Según Rafael Núñez Florencio, el Vaticano II de América Latina, proponía llevar a la práctica con todas sus consecuencias la Opción por los Pobres. El compromiso social que asumió una parte del clero latinoamericano, se sintetizaba entonces en la Teología de la Liberación , que en Argentina se tradujo en la conformación de los Sacerdotes para el Tercer Mundo.
La lucha en el seno de la Iglesia se tornó virulenta; resulta difícil resumir en pocas líneas lo que el clero reformista criticaba a la jerarquía eclesiástica. Uno de los puntos principales fue el aislamiento social de la Iglesia. Se objetaba, entonces, la idea de una Iglesia perfecta y triunfal, inmutable al paso del tiempo, y consagrada a redimir al mundo del mal a través del apostolado jerárquico, pero manteniéndose fuera y por encima de los problemas terrenales. Esta estrategia le había permitido ejercer presiones a su favor sobre el Estado, pero, en contrapartida, había perdido capacidad para interpretar las necesidades de cada pueblo. Coherentes con este diagnóstico, los progresistas pretendieron recuperar la pureza espiritual y la sensibilidad social de la Iglesia primitiva, la de los apóstoles pobres y tan cercanos a la gente hasta confundirse con ella. Una expresión acabada de esta convicción fue la aparición de los curas obreros.
La cúpula eclesiástica, en cambio, impermeable a los cambios históricos, veía a la Iglesia como viga maestra para el sostenimiento de la cristiandad. Su supuesta neutralidad en los temas terrenales le había permitido conservarse impoluta.
Los progresistas ganaron el debate en el Concilio, entre otras cosas, porque contaban con el apoyo del Papa Juan XXIII, pero fueron derrotados en la implementación de las reformas.
Esto sucedió por varios motivos. Los reformistas no eran un grupo homogéneo. Había moderados y radicalizados. Estos últimos pretendían una acción directa en lo político y en lo social. En su lucha contra la injusticia incluían los métodos pacíficos o violentos.
Por otra parte, debieron enfrentarse con la Jerarquía de la Iglesia en Argentina, mayoritariamente inclinada a una posición conservadora, decidida a dar la lucha en todos los frentes. Los métodos para frenar a los progresistas fueron diversos. Iban desde las demoras en la implementación de las resoluciones conciliares, pasando por adoptarlas solo formalmente, hasta el ataque directo a los que llamaban “los idiotas útiles“ o “enemigos de la Iglesia infiltrados en ella”.
Para la jerarquía eclesiástica, la “liberación del pueblo“ de las injusticias sociales no podía ser una de las dimensiones de la salvación del hombre, y mucho menos la principal, dado que el camino verdadero hacia la salvación era la trascendencia, que excede la vida terrenal.
En 1966, cuando tras otro golpe militar el general Onganía asumió el poder, se reafirmó la posición tradicional de la Iglesia, basada en la alianza con las Fuerzas Armadas.
El otro acontecimiento se inició el 1º de enero de 1959, cuando un movimiento liderado por Fidel Castro, derrotó al presidente cubano Fulgencio Batista, y los revolucionarios entraron en la Habana. Al poco tiempo, y privado de la ayuda de los EEUU, Fidel Castro declaró el carácter marxista- leninista de la Revolución, aliándose al bloque soviético.
El impacto de este acontecimiento en América latina fue muy profundo. Cuestionaba la hegemonía norteamericana y por primera vez en la región se establecía un modelo de desarrollo alternativo. Estos hechos generaron una profunda simpatía hacia el régimen castrista, que incluía a sectores más amplios que los tradicionales de la izquierda.
Con la Revolución Cubana se impuso, en 1959, el primer gobierno socialista en América latina. Esto sorprendió y alarmó al gobierno de los Estados Unidos que se vio doblemente afectado: era una mancha en su liderazgo americano, que amenazaba con extenderse rápidamente a buena parte del continente, y ponía en peligro su propio territorio, dada la cercanía geográfica (unos ciento cincuenta kilómetros. del territorio de los EEUU). En el contexto de la Guerra Fría esta situación adquirió dimensiones aún más alarmantes. De hecho en 1962 durante la presidencia J. F. Kennedy, se produjo “la crisis de los misiles”. Cuando los soviéticos instalaron una base de lanzamiento misilística en Cuba, el gobierno norteamericano amenazó con iniciar hostilidades. Finalmente, un arreglo directo entre los EEUU y la URSS -ignorando la posición cubana- evitó una tercera guerra mundial.